El ex dictador José Efraín Ríos Montt abandonó la noche del lunes el hospital militar donde se había recluido supuestamente por quebrantos de salud luego de que fuera condenado a 80 años de cárcel y enviado a prisión por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad por la muerte de 1.771 indígenas.
El Tribunal de Mayor Riesgo B, que ahora tiene a su cargo el proceso contra Ríos Montt tras la anulación de su condena, decidió revocar la prisión al ex dictador y dejarlo en su situación anterior que era el arresto domiciliario.
Al revocar la prisión Ríos decidió abandonar el hospital, con el aval médico, donde estaba recluido para regresar a su casa donde debe permanecer bajo custodia policial.
“El general salió anoche del hospital por decisión del Tribunal, que se dio cuenta que era injusto que estuviera así. La decisión debió haberse tomado desde el día que fue anulada la sentencia, no se va libre, sino vuelve a la situación que tenía antes de la sentencia que es el arresto domiciliario”, dijo Francisco Palomo, abogado de Ríos Montt.
La Corte de Constitucionalidad, el tribunal de mayor jerarquía del país, anuló la sentencia emitida el 10 de mayo por el Tribunal de Mayor Riesgo A contra Ríos Montt y ordenó la reanudación de una parte del juicio en su contra basándose en el argumento de que el tribunal que lo condenó no había tramitado una apelación presentada por los abogados defensores de Ríos Montt.
La fiscalía le acusó de que durante su gobierno de facto (1982-1983) miles de indígenas ixiles fueron asesinados a manos del Ejército de Guatemala al ejecutar planes militares, de los cuales Ríos Montt y su cúpula militar tenían conocimiento.
Tras la sentencia del 10 de mayo, el Tribunal A ordenó su reclusión en el Cuartel Matamoros, un destacamento militar donde funciona una prisión especial para reos que por su calidad de figura pública podrían correr riesgos, sin embargo el general solamente pasó tres noches en dicha prisión y luego fue recluido en el hospital aduciendo quebrantos de salud por hipertensión y molestia en espalda y próstata.
“Aunque ya salió del hospital porque se siente mejor tiene que regresar a hacerse algunos procedimientos médicos, dentales y de otro tipo” dijo Palomo.
Héctor Reyes abogado querellante en el proceso dijo que no habían sido notificados del procedimiento. “Pero no queda libre, tiene que volver a su situación anterior a la condena que era arresto domiciliario”.
Las comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul del departamento de Quiché, en las montañas del noroccidente del país fueron el blanco del Ejército de Guatemala durante los 36 años de conflicto. Pero en el período de gobierno de Ríos Montt las violaciones se agravaron, según un informe de la memoria histórica realizado por la Iglesia Católica. Por esa razón las víctimas presentaron en 1999 una denuncia contra los que resultaran responsables por la muerte de 1.771 indígenas ixiles en esa época.
Guatemala vivió una cruenta guerra durante 36 años, entre 1960 y 1996 que según un informe de Naciones Unidas dejó por lo menos 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos.
Para la activista de derechos humanos Iduvina Hérnandez, “el proceso sigue el limbo jurídico derivado de la tolerancia al litigio malicioso de la defensa, esto puede derivar en un sisma en todo el sistema de persecución penal. Mi corazón dice que un genocida solo tiene un lugar que es la cárcel” dijo Hernández.
Durante el proceso lo menos 150 víctimas, testigos, peritos y expertos, incluso los mismos acusados, dieron su versión de los hechos antes el Tribunal. Entre los testimonios presentados en el tribunal se pudieron escuchar las historias de víctimas de violaciones masivas, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones y muchos testigos de asesinatos, a niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos por parte del Ejército.