La Asamblea Nacional aprobó hoy, el paquete de textos legales denominado ‘leyes canaleras’, con las que el gobierno de Daniel Ortega otorgó una concesión por 50 años prorrogables, para que una desconocida empresa constituida en Hong Kong, (China), construya un canal interoceánico por Nicaragua, valorado en US$40,000 millones.
La presentación de las leyes ante el parlamento nica, su consulta, dictamen y aprobación se hizo en un tiempo récord de ocho días (cinco, si se excluyen los tres días que no trabajó el órgano legislativo), lo que ha despertado sospechas y reclamos entre opositores e independientes.
“Es absurdo querer aprobar un proyecto de este tamaño en apenas tres días. El país necesita conocer los detalles. Si se quisiera aprobar un proyecto como éste en una sociedad verdaderamente democrática, lo menos que tendría que hacerse es convocar a un plebiscito”, opina el diputado liberal Eliseo Núñez Morales.
Para el economista Edmundo Jarquín, “no es seria la tramitación legislativa de un tema tan importante, que se hizo en menos de una semana, y menos cuando el proyecto de ley y los documentos de apoyo tienen garrafales errores gramaticales. Incluso, uno de los documentos está en inglés, siendo el español el idioma oficial de Nicaragua, y siendo que la mayoría de los diputados no hablan inglés”, sentenció.
En una conferencia de prensa brindada junto a varios de sus colegas de la Bancada Democrática Nicaragüense, Núñez Morales cuestiona la “seriedad” del inversionista que está dispuesto a arriesgar su dinero en un proyecto tan grande, que no cuenta con el visto bueno de la mayoría de la población.
“Puede ser que Daniel Ortega viva por 30 años más (tiene 67 años), pero no será presidente por todo ese tiempo. Si Ortega no estará ahí para garantizar el acuerdo con el chinito, ¿en qué basa su confianza este señor a la hora de meterse en este negocio?”, cuestiona el legislador.
Dividirlo para venderlo
El proyecto de construcción del canal interoceánico es tan vasto, que tuvo que subdividirse en varias obras: un canal húmedo y otro seco, dos zonas de libre comercio, dos puertos (uno en el Caribe, y otro en el Pacífico), un oleoducto, un aeropuerto internacional, además de zonas francas y carreteras.
Según los impulsores del proyecto, la división se hizo para manejarlos y distinguirlos más fácilmente. Según sus críticos, se hizo de esa forma para “venderlos” mejor.
Según las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, el concesionario podrá “subrogar” (vender) los subproyectos de forma separada, a distintos inversionistas, y negociar con ellos. En el proceso, Nicaragua queda como mero espectador, siendo que las leyes canaleras ceden soberanía a la empresa china para que decida por sí misma.
Se trata de Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), empresa constituida en ese territorio chino, la que en abril de este año compró a la hasta ahora desconocida entidad nicaragüense Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI). En ambos casos, el dueño y representante de la empresa es el ciudadano chino Wang Jing.
Hasta hace unos días, tanto HKND, como EDGI y el señor Jing eran completamente desconocidos para la mayoría de los nicaragüenses. Sin embargo, la Asamblea Nacional les otorgó la exoneración total del proyecto, y hasta garantizó con los fondos del Banco Central de Nicaragua cualquier pérdida que pudieran tener. ¿Por qué?
El economista Jarquín opina que “no es serio que a este señor se le otorguen privilegios y se le hagan concesiones de soberanía que cualquier gobierno medianamente serio y digno revertirá en el futuro”.
Incluso José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), cuestionó la forma en que se están haciendo las cosas. “Hay que definir las áreas específicas que se están entregando en concesión, porque de lo contario, Nicaragua entera habría sido dada en concesión”, advirtió el líder gremial.
La propuesta levanta tantas suspicacias, que el diputado renovador sandinista, Enrique Sáenz, preguntó en el hemiciclo parlamentario “¿Que diría Sandino si supiera que a estos concesionarios no se les va a aplicar ninguna ley nicaragüense? ¡No se les podrá demandar cvil, penal, ni laboralmente! ¿Qué diría Sandino, que llamó traidores a los que actuaron así en el pasado?”, preguntó.
A pesar de su reclamo, un par de horas después, la aplanadora oficialista en el parlamento aprobó sin objeción las leyes canaleras, tal como se las envió Daniel Ortega. Casi todos los diputados opositores prometieron al chino Jing que “un gobierno futuro (cuando Ortega deje el poder), revocará estas leyes y esta concesión que ahora se le está regalando”.