HONDURAS. Los hondureños llevan más de 50 años soportando una policía corrupta que, con honrosas excepciones, ha tenido agentes y oficiales involucrados en robo de autos, secuestros, narcotráfico, asesinatos y hasta intentonas de golpe de Estado, entre otros delitos que en su mayoría han quedado impunes.
“Haciendo las salvedades del caso, desde 1959 hemos tenido una policía militarizada que, como derivación de eso, no ha respetado los derechos humanos, ha sido una policía corrupta”, dijo Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad (CRS), creada en marzo de 2012 por el Gobierno.
La CRS fue creada para diseñar, planificar y vigilar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, incluida una propuesta de reforma de la Policía Nacional, que abarca su depuración, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras actividades.
Uno de los proyectos propuestos en 2012 por la CRS, que integran tres hondureños y dos extranjeros, es la creación de una policía comunitaria, lo que también contribuiría al proceso de saneamiento de la institución policial.
Pese al proceso de depuración de la Policía iniciado a finales de 2011, con frecuencia se denuncia a agentes y oficiales por su participación en diversos tipos de delitos y crímenes, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 54 años.
“El problema es que en la policía hay sectores coludidos con la delincuencia o ellos mismos son delincuentes; tenemos una policía que no es muy confiable ante los ojos de la población, lo que obliga a una depuración que hasta ahora ha ido muy lenta” , dijo Funes.
Anoche se realizaba una audiencia de rendición de cuentas en el Congreso de Honduras que pondría al banquillo a autoridades de policía y de justicia por el fallido proceso de depuración policial, que para algunos analistas consultados ofrecerí pocos resultados y repetiría muchas verdades de a puño que el hondureño promedio sabe y padece.
Verdades como que la remoción de policías corruptos no ha sido posible por una serie de razones que van desde la falta de voluntad política, fallas legales al momento de tomar decisiones, trampas burocráticas, y la negativa de la misma fuerza para ser suspendidos de sus labores mientras se realizan las pruebas.
En marzo, y ante la falta de resultados, EE.UU. suspendió la ayuda para las pruebas con el detector de mentiras, los exámenes toxicológicos, sicológicos, y auditar al patrimonio de los agentes.
Según datos de una audiencia en el congreso celebrada en abril, sólo siete agentes de una fuerza con 13,800 miembros habían sido separados de sus puestos oficialmente y algunos de esos siete habían sido posteriormente readmitidos en la fuerza.
El más reciente intento de depuración fue la semana pasada. Cuando se aunució la suspensión temporal de 1,400 investigadores encargados de luchar contra las pandillas e investigar y prevenir asesinatos y robos para someterlos a exámenes toxicológicos, sicológicos, a un detector de mentiras y a una auditoría del patrimonio de cada uno de ellos. Al día siguiente, un centenar de ellos ocuparon la sede de investigaciones, se insubordinaron y negaron a aceptar la decisión.
“Cada día que pasa sin depuración policial se paga un precio muy alto en vidas humanas, hermanas, madres e hijos que pierden a sus seres queridos por la incapacidad del estado de garantizar la seguridad en el país, que tiene como primer requisito depurar y reformar la policía”, dijo José Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y Justicia, un consorcio de personalidades y organizaciones de la sociedad civil.
Según un documento enviado por la Embajada de EE.UU. al Director General de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, en las primeras 373 pruebas de polígrafo realizadas, 142 policías no las aprobaron. Es decir, el 38 % de ese total. Las pruebas fueron entre mayo y septiembre de 2012 a agentes de todo el país.
Muchos agentes, durante la prueba, reconocieron que torturaban tanto a delincuentes como a personas del común, que maltrataban a pandilleros y civiles, que recibían sobornos de pandilleros, delincuentes o grupos criminales y que rutinariamente consumían droga, según la Embajada.
En abril, la Alianza por la Paz consiguió que los principales operadores de la seguridad en Honduras comparecieran en el parlamento y se hicieran públicos los motivos por los que el sector seguridad no parece ser objeto de reforma.
El director de la agencia de evaluación policial, Eduardo Villanueva, explicó entonces que, según la ley, los resultados de las pruebas eran trasladadas al ministerio de seguridad para que separara a los policías reprobados.
El entonces Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se excusó diciendo las resoluciones fueron recibidas una semana antes de que expirase el plazo legal para su vencimiento y que se remitieron al director general de la policía Bonilla pero “no se formuló la cancelación por falta de tiempo”.
“El proceso está atascado, no hay voluntad política para que avance y el gobierno es el principal cómplice de que la depuración policial no haya sucedido”, dijo Julieta Castellanos, rectora de la universidad nacional en una protesta reciente en la que ella, como madre de un joven asesinado por la policía, exigía junto a una docena de madres con hijos asesinados, que haya avances.
En abril, el presidente Porfirio Lobo aceptó la dimisión del director de la agencia de evaluación policial Villanueva y reconoció el fracaso del proceso pero aún no ha nombrado a su sucesor. Esa entidad es hoy un organismo acéfalo y sin autoridad y Pompeyo Bonilla ha sido removido del Ministerio de Seguridad para convertirse en secretario privado de Lobo.
La tercera persona involucrada en el proceso de separación de los agentes, el director de la policía general Juan Carlos Bonilla, no ha dado explicaciones públicas sobre sus decisiones.