QUITO. La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador consideró ayer que la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional “protege la corrupción” y avanzó que agotará “todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país”, dijo su presidente, Vicente Ordóñez.
La prensa privada y múltiples organizaciones internacionales critican la ley de comunicaciones por recortar la libertad de expresión.
Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Reporteros sin Fronteras, son algunos de los que han dado la batalla contra la deriva de Correa hacia los medios privados. Sus críticas lograron que no se aplicara la sentencia de $40 millones al diario El Universo, cuando Correa decidió indultarlo, pero no han logrado frenar una ley que lleva gestándose desde que el actual presidente alcanzó el poder y que, según sus propias palabras, ha sido “bloqueada” una y otra vez por la “prensa corrupta”.
“Creemos que con esto se pretende consagrar el control absoluto de la prensa independiente en el país y se esta garantizando, antes que libertad de información, la protección a la corrupción (…) al incluir el linchamiento mediático”, dijo Ordóñez en referencia a la figura que persigue la publicación reiterada de informaciones que dañen la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
El “linchamiento mediático” va a “escudar la corrupción”, ya que no se permitirá la difusión de ciertas informaciones en más de un medio o durante varios días, algo que choca con “lo que siempre nos han enseñado en la universidad”, dijo, al referirse al seguimiento de casos de investigación periodística.
Ordóñez consideró al “linchamiento mediático” como “preocupante” y confió en la “vergüenza internacional” del Ejecutivo a la hora de “poner en ejecución” una ley que, en su opinión, ” atenta a la libertad de información”.
Indicó que la unión que preside acudirá a los tribunales nacionales y a los organismos internacionales para defender “el derecho a poder informar sin censura”, así como “el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa a través de los medios de comunicación”.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su “consternación” por la nueva ley y dijo que representa un “duro golpe” a la libertad de expresión en ese país.
“La aprobación de la ley de comunicación es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa”, afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó ayer de “retroceso histórico” para la región la Ley de Comunicación aprobada en Ecuador, porque a su juicio “consagra” la violación de los derechos humanos y la censura previa, y coloca a al presidente Correa en la posición de “Gran editor”.
Con la aprobación de esta ley “liberticida” se produce uno de los “retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo. —AGENCIAS