La idea de construir un canal interoceánico por el país responde a un viejo sueño desde la época de la Colonia. En 1534, Hernán Cortés escribe una carta al emperador Carlos V, recomendándole buscar una ruta que conecte ambos mares, porque “quien posea el paso entre los dos océanos podrá considerarse el amo del mundo”.
Años después, el rey Felipe II canceló tal iniciativa con el argumento de que: “Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre”.
Con todo, Nicaragua sí tuvo una suerte de canal, cuando en 1849, el ciudadano estadounidense Cornelio Vanderbilt creó y comenzó a operar la Compañía del Tránsito, que trasladaba pasajeros entre la costa este de EE.UU. y California, a través del nicaragüense río San Juan y el lago de Granada, más un pequeño tramo hecho por tierra.
La ruta permitía hacer el viaje entre ambos extremos de EE.UU. en mucho menos tiempo, más cómodamente, y sin correr los riesgos de atravesar un territorio hostil en extremo. La existencia de esta ruta propició la fiebre del oro en California.
Aunque en ese tiempo fue evidente que se podía ampliar la ruta para que entraran buques más grandes transportando carga, la firma del Tratado Clayton – Bulwer entre EE.UU. e Inglaterra sirvió para asegurarse que nadie lo construyera, si no fuera uno u otro país, aunque al final no lo hizo ninguno.
Medio siglo después, el presidente liberal José Santos Zelaya, encomendó al poeta Rubén Darío buscar capitales en Europa para construir el canal, logrando que Gustave Eiffel se interesara en el proyecto, aunque al final se decantaría por tratar de construirlo en Panamá.
Luego de siglos de soñar con ese canal, el Tratado Chamorro Bryan, firmado en 1914, otorgó a EE.UU., a perpetuidad, la concesión para construir la ruta y hasta el derecho de construir una base naval en el Golfo de Fonseca, pero nunca se ejecutó, porque la verdadera intención era que nadie lo construyera para que no compitiera contra el de Panamá.
El Salvador reclamó ante la Corte de Justicia de Cartago (que regía para toda Centroamérica), por sentir que al ceder derechos sobre el Golfo de Fonseca se afectaban sus intereses soberanos. La Corte le dio la razón en 1917, pero Nicaragua decidió no aceptar la sentencia, y se retiró del tribunal.
Con la aprobación de las leyes canaleras, Daniel Ortega otorgó tanto poder al empresario chino Wang Jing “que Nicaragua pasaría a ser protectorado de los dueños del canal, se haga o no se haga, porque los derechos de exclusividad que se conceden atan las manos a casi cualquier otro proyecto, en prácticamente todo el territorio nacional, porque la eventual ruta del canal no está identificada”, dice el economista Edmundo Jarquín.