CARACAS. Un líder opositor afirmó que la detención del general retirado Antonio Rivero, fuerte crítico del gobierno, formaría parte de acciones de hostigamiento y persecución desplegadas por el presidente Nicolás Maduro para desalentar denuncias de fraude electoral planteadas por Henrique Capriles, su adversario en los comicios.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que “presentará en las próximas horas al general retirado ante un tribunal de control, por su presunta vinculación con hechos de violencia ocurridos recientemente en el país”.
“De acuerdo con la información preliminar, el militar retirado fue aprehendido el sábado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” o policía política, “en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público”, agregó el escrito de la Fiscalía, sin dar otros detalles.
“Denunciamos ante el país la detención ilegal, injustificada e ilegítima de Antonio Rivero”, dijo Leopoldo López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular en el que milita el general retirado. “Con sus mentiras, queremos decirlo, el gobierno no sólo busca intimidar, no sólo busca detener, sino que también tienen planteado el asesinato moral de la dirigencia” opositora dijo López en una conferencia de prensa.
Venezuela entró en un ambiente de crispación luego de que la autoridad electoral, por estrecho margen, proclamó oficialmente como triunfador de los comicios a Maduro, heredero designado del ex mandatario Hugo Chávez. Capriles está convencido de haber ganado la elección y ha dicho que Maduro es un mandatario “ilegítimo” y “espurio”. La posibilidad de que la crisis política que enfrenta esta nación sudamericana encuentre en breve un camino de distensión se alejó el jueves, cuando el ex candidato opositor anunció que impugnará legalmente los comicios en los próximos días ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación, donde los electores firman y colocan sus huellas, y a la vez cotejar el acta que emite al final cada máquina de votación.
Auditoría a medias
Por la noche del sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, oficializó que “es imposible acatar la solicitud de auditoría en los términos planteados” por la oposición el pasado 17 de abril. “El documento que recibimos firmado por Henrique Capriles constituye un intento de impugnación… no le corresponde al CNE recibir solicitud de impugnación, sino al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Lucena en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
La presidenta del CNE indicó que el documento presentado por los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (la coalición de oposición) fue “acompañado por unos anexos que no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas”. Lucena precisó que la auditoría se realizará bajo los siguientes términos: “Se tomará una muestra aleatoria del 46% de las mesas que no fueron auditadas (el propio día de la elección como contempla la ley electoral, se hará una auditoría durante 10 días continuos y se repitiera la operación hasta llegar a los 30 días. En la auditoría podrán participar los técnicos designados por las organizaciones políticas.— AGENCIAS.