La Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría su primer tratado que impondrá controles al multimillonario comercio internacional de armas, un objetivo buscado durante más de una década para tratar de impedir el flujo de armamento a las manos de terroristas, grupos rebeldes y el crimen organizado.
La resolución para este pacto histórico recibió 154 votos a favor, tres en contra y 23 abstenciones. Cuando las cifras de la votación aparecieron en el tablero electrónico una ola de aplausos llenó el recinto de la asamblea.
Las Naciones Unidas, de 193 miembros, sometieron a aprobación el texto después de que Irán, Corea del Norte y Siria bloquearon su aprobación por consenso al concluir el jueves un último congreso de negociaciones que se extendió dos semanas. Los tres países votaron en contra de la resolución, mientras que China y Rusia, grandes exportadores de armas, se abstuvieron.
Muchos países, incluyendo Estados Unidos, controlan sus exportaciones de armas. Pero nunca ha existido un tratado internacional que regule el comercio global de armamento, que se calcula suma 60,000 millones de dólares.
El embajador australiano Peter Woolcott, que presidió las negociaciones, dijo que el tratado “va a tener una influencia importante, al reducir el sufrimiento humano y salvar vidas”.
“Se lo debemos a esos millones de personas “a menudo las más vulnerables de la sociedad” cuyas vidas han sido ensombrecidas por el comercio irresponsable e ilícito de armas”, le dijo Woolcott a la asamblea antes de la votación.
El pacto no regirá el uso interno de las armas en ningún país, pero sí obligará a las naciones que lo ratifiquen a establecer normativas nacionales que controlen las transferencias de armas convencionales, sus partes y componentes, así como a los intermediarios.
Abarca tanques de guerra, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de alto calibre, aviones y helicópteros de combate, buques de guerra, misiles y lanzacohetes, así como armas cortas y ligeras. La lista contenía la frase “a un mínimo” pero fue eliminada a insistencia de Estados Unidos. Los partidarios del tratado se quejaron de que eso limita el alcance de éste.
El tratado prohíbe que los estados que lo ratifican transfieran armas convencionales si las mismas violan embargos o promueven actos de genocidio. Prohíbe además la exportación de armas convencionales si pudieran ser usadas para atacar civiles o edificios civiles, como escuelas y hospitales.
Al sopesar si se puede autorizar la exportación de armas, dice el tratado, un país debe evaluar si van a ser usadas para violar los derechos humanos o las leyes de defensa humanitaria, o si caerán en manos de terroristas o el crimen organizado. Debe determinar además si la transferencia de esas armas contribuiría a minar la paz y la seguridad.
El tratado requiere que las partes firmantes adopten medidas para prevenir el desvío de armas convencionales al mercado ilegal.
Las municiones fueron un tema clave en las negociaciones. Algunos países presionaron para que en este aspecto se establezcan controles similares a los de la venta de armas, pero Estados Unidos y otros países se opusieron.
El texto final exhorta a los países que ratifiquen el tratado a que establezcan regulaciones para la exportación de municiones “disparadas, lanzadas o entregadas” por las armas incluidas en el tratado.
La votación en la Asamblea General culmina una campaña en la que activistas y algunos gobiernos insistían en que se lograra un acuerdo para controlar el comercio mundial de armas.