Cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos llegaron a un acuerdo sobre los principales elementos de un proyecto para reformar las leyes que regulan la inmigración en Estados Unidos, el cual esperan dar a conocer la semana próxima, dijeron el jueves legisladores y asesores.
Tras meses de arduas negociaciones a puerta cerrada, a los senadores no les quedaban temas por resolver que requirieran su presencia, por lo que ya no había más sesiones de negociación programadas. Los detalles restantes les fueron dejados a los asesores, que seguían trabajando para completar los borradores del proyecto de ley.
“Todos los asuntos que ameritan ser examinados por los miembros (de la cámara alta) ya han sido tratados”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer en un comunicado. “Lo único que falta es la redacción del borrador”.
Su colega demócrata Dick Durbin dijo que el proyecto de ley probablemente será presentado el martes.
La histórica legislación reestructuraría los programas que regulan la inmigración legal, penalizaría a los empleadores que contraten a personas que se encuentren en Estados Unidos sin autorización, impulsaría la seguridad fronteriza y pondría a 11 millones de inmigrantes que carecen de permiso para estar en el país en camino a la naturalización.
Esta legislación, una de las prioridades del presidente Barack Obama en su segundo período, implementaría los cambios más profundos a las leyes estadounidenses sobre inmigración en más de un cuarto de siglo.
El último día se alcanzaron acuerdos en torno a un nuevo programa sobre jornaleros agrícolas y de visas para trabajadores altamente especializados, con lo que se eliminaron los últimos obstáculos que quedaban en torno a la legislación.
Ahora se avecina la fase pública, la cual se vislumbra incierta. En ella los electores y otros legisladores examinarán la medida. Algunos ya han dejado claro que se opondrán con vehemencia.
El senador Jeff Sessions se quejó de que la iniciativa asegurará que millones reciban amnistía, pero no que se refuerce la frontera.
“Por eso también resulta tan preocupante que (el presidente de la comisión de asuntos jurídicos del Senado Patrick Leahy) haya rechazado la solicitud republicana de efectuar múltiples audiencias, y que los miembros de la ‘Cuadrilla de Ocho’ hayan anunciado públicamente su intención de oponerse a cualquier enmienda”, dijo Sessions en un comunicado emitido el jueves. “Proseguir como hasta ahora equivale a admitir que la iniciativa no es factible y que no resistirá el escrutinio público”.
Activistas pro reforma migratoria también se alistan para dar batalla aun cuando han expresado optimismo de que, esta vez, el Congreso por fin aprobará una iniciativa al respecto. Muchos de los que impulsan el proyecto de ley participaron en la anterior lucha por la reforma migratoria, en 2007, cuando una iniciativa fue admitida por el pleno del Senado pero no logró aprobación.
“Creo que es un logro bastante destacado que ocho senadores ideológicamente diversos trabajen tan bien juntos en un tema tan complicado”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice (La voz de América), un grupo que aboga por una reforma en las políticas migratorias de Estados Unidos. “Y creo que el hecho de que hayan elaborado una iniciativa que todos pueden apoyar y defender indica que es el corazón de una iniciativa de ley que será promulgada”.
Una vez que se difunda la iniciativa, será considerada por la comisión de asuntos jurídicos del Senado, que tiene programada una sesión para el miércoles y que comenzaría a enmendar y votar la propuesta en la semana del 6 de mayo. Después, la iniciativa pasará al pleno del Senado.
Tanto en comisiones como en el pleno, la iniciativa podría cambiar de maneras impredecibles debido a que los senadores tratarán de enmendarla hacia la izquierda o la derecha. La “Cuadrilla de Ocho”-Schumer, Durbin, John McCain, Jeff Flake, Marco Rubio, Lindsey Graham, Robert Menendez y Michael Bennet- ha discutido el formar una alianza para repeler intentos de enmienda que puedan alterar significativamente la iniciativa.
Aún más incierta es la Cámara de Representantes, donde un grupo bipartidista elabora su propia iniciativa de reforma migratoria. Muchos conservadores de la cámara baja se oponen a permitir la naturalización de personas que han vivido sin permiso en Estados Unidos.
Algunos detalles significativos sobre la iniciativa de los senadores ya se han hecho públicos mediante comentarios de los legisladores o de sus asesores, por filtraciones o en comunicados de grupos externos.
Se contempla un mecanismo que tras 13 años otorgue la ciudadanía a personas que viven en el país sin autorización, pero sólo después de que se haya implementado un nuevo plan de seguridad en la frontera con México, los empleadores hayan adoptado un sistema electrónico de verificación de estatus migratorio de sus empleados y esté funcionando un nuevo sistema electrónico en puertos aéreos y marítimos para chequear entradas y salidas de personas con visas temporales.
El proyecto exige la vigilancia de 100% de la frontera Estados Unidos-México y la aprehensión de 90% de las personas que traten de cruzarla de manera ilegal en ciertas zonas de alto riesgo.
Seis meses después de la eventual promulgación del proyecto, la gente que vive en el país ilegalmente podría solicitar la regularización provisional de su estatus migratorio, siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional haya desarrollado nuevos planes para la seguridad en la frontera.
Para obtener el estatus legal provisional, los inmigrantes tendrían que pagar derechos, multas e impuestos, someterse a un chequeo de antecedentes penales y cubrir ciertos requisitos para demostrar que han estado en el país, a fin de que los recién llegados no puedan beneficiarse de la medida, dijo el jueves César Conda, jefe de personal de Rubio, en Twitter. No dio más detalles.
Un nuevo programa de visas para trabajadores poco especializados permitiría la entrada de hasta 200.000 personas al año para cubrir vacantes de conserjes, obreros de la construcción y asistentes en casas de retiro, entre otros empleos similares.
Los jornaleros agrícolas que ya se encuentran en el país de manera ilegal tendrían que recorrer un camino más corto que otros inmigrantes hacia su naturalización, y otros programas de visa permitirían la entrada al país de decenas de miles de nuevos trabajadores para laborar en el sector agropecuario.
El cupo máximo del programa actual de visas para trabajadores del sector tecnológico, que otorga 65.000 visados al año, casi se duplicaría, y los extranjeros que obtengan títulos avanzados en matemáticas, tecnología, ciencia e ingeniería de instituciones estadounidenses recibirían más fácilmente su residencia permanente.
No obstante, muchos detalles aún se desconocen. Los activistas desean saber en particular cuánto tendrían que pagar las personas en multas y derechos para obtener su naturalización. También quieren detalles sobre otros posibles requisitos, como el nivel de dominio del idioma inglés.
Menéndez prometió el jueves que el mecanismo para obtener la ciudadanía estaría al alcance de los millones que lo deseen. “No lo firmaría” si no fuera así, dijo.