CARACAS. La batalla política que se libra en Venezuela, marcada por la ausencia de Hugo Chávez el 10 de enero, día en que debió jurar su nuevo mandato (2013-2019), dejó como primera víctima al canal Globovisión, que puede ser sancionado por difundir los artículos de la Constitución sobre el trámite de investidura.
Se trata de la octava investigación con fines sancionatorios abierta contra Globovisión desde que hace ocho años se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y puede traducirse en una multa por el 10 % de sus ingresos brutos el año pasado, en un cierre temporal o en retiro definitivo de su licencia, que vence en 2015.
“Este es un nuevo atentado contra la libertad de expresión horas después de que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, nos recordase que esa libertad está plenamente vigente en el país. Pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo: informar”, afirmó la vicepresidenta de la televisora, María Fernanda Flores.
Hace meses Globovisión pagó una multa de $2.1 millones, el 7.5 % de sus ingresos anuales brutos, mediante un endeudamiento de sus propietarios, después de que la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la acusó de incitar al odio público por sus transmisiones sobre motines en una cárcel cerca de Caracas.
El actual procedimiento abierto por Conatel investiga “con fines sancionatorios” la transmisión de unos micros por la televisora con el texto del Artículo 231 de la Constitución Nacional (de 1999, impulsada por Chávez), que textualmente dice:
“Art. 231.- El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.
En medio de un debate entre políticos, juristas y medios de comunicación acerca de cómo dar el paso de un período a otro en vista de la falta por enfermedad del gobernante, Globovisión presentó ese artículo junto con declaraciones del propio Chávez antes de partir a La Habana para una nueva operación –hace un mes-, y del vicepresidente (designado, no electo) Nicolás Maduro y la Procuradora General Cilia Flores –pareja de Maduro en la vida privada- con sus interpretaciones del artículo.
Maduro y Flores decían, y así lo mostraban los micros, que Chávez podría juramentarse ante el TSJ en fecha distinta al 10 de enero. Fue la tesis que acogió el TSJ en su sentencia de el 9 de enero, en la que deja sin definición la fecha, modo y lugar en que podrá juramentarse Chávez, niega la figura de ausencia temporal o absoluta del presidente electo, y dispone que Maduro y sus ministros continúen en sus cargos.
Pero el mismo día 9, en sendos mítines, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el ministro de Energía y presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Rafael Ramírez, exhortaron a Conatel a investigar a Globovisión.
Pocas horas después, mientras el país digería la sentencia comunicada por Morales como presidenta del Supremo, funcionarios de Conatel se presentaron en Globovisón para informar del procedimiento sancionatorio.
Conatel argumentó que los micros de Globovisión “incitan al odio, la zozobra y la alteración del orden público”, por lo que, además de ser objeto de una posible sanción en los días venideros, dispuso cautelarmente la prohibición de transmitir esos mensajes, así como los que sean “parecidos o similares”. Globovisión ya los había retirado tras conocerse la sentencia del TSJ.
“¡Se sanciona a Globovisión por difundir la Constitución!” escribió en su cuenta de twitter el exdirector del canal, Alberto Ravell.
“Tratan de distraer la atención del momento político delicado que vive el país echando la culpa sobre Globovisión”, estimó el consultor jurídico Ricardo Antela, en tanto para el jurista y alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blyde, “la medida comporta censura previa, una intimación a los demás medios para que le bajen el volumen a la conflictiva interpretación que el oficialismo ha hecho de la Constitución”. —AGENCIAS