Viernes 11 de enero 2002



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Ley reduciría los riesgos

Una ley de prevención y mitigación de desastres y riesgos reduciría las posibilidades de tragedias como las ocasionadas por "Mitch" y los terremotos

Alberto López
El Diario de Hoy

La clave para reducir los efectos de los desastres, como los terremotos del año pasado, es la prevención. Pero la prevención y mitigación de riesgos y desastres debe estar respaldada por una legislación especial.

En esto coinciden el gobierno y la Unión Ecológica Salvadoreña (UNES). Estas instituciones han elaborado propuestas de ley que están en la Asamblea Legislativa a la espera de ser aprobadas.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) elaboró, en octubre del año pasado, un documento que analiza y compara ambas propuestas con la actual Ley de Defensa Civil (que data del siglo XIX).

FESPAD ha hecho observaciones en dicho documento, las cuales intentan sacar el mejor provecho de ambas propuestas.

Centralizada

Entre las principales observaciones, FESPAD opina que la propuesta del Gobierno es mucho más centralizada, lo que hace que se reaccione mucho más lento ante los efectos de los desastres.

En este marco, aparentemente, monopólico, la ley da muy poco protagonismo y capacidad de acción a los gobiernos locales, es decir, a las municipalidades en donde ocurren las tragedias.

En cambio, según FESPAD, la UNES delega muchas más responsabilidades en autoridades secundarias, de manera que la capacidad de decisión en las acciones no esté centralizada en el Presidente de la República.

La ayuda en casos de catástrofe y las diferentes alertas por la emergencia llegarían mucho más rápido a la población.

Sanciones

En cuanto a las infracciones y sanciones que reflejan ambas legislaciones, la institución especializada en estudios jurídicos manifiesta que la ley propuesta por el gobierno viola el principio de legalidad, al estipular que el reglamento regulará el proceso sancionador. La UNES respeta dicho principio.

No es la primera vez que el Ejecutivo se equivoca en este tema.

La Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema ha sancionado, en repetidas resoluciones, el Reglamento General de Tránsito en el principio de legalidad.

La propuesta de la UNES establece que toda omisión o acción del Estado relacionada con la mitigación de desastres que dañe a los ciudadanos, debe ser resarcida con indemnizaciones y, si se descubre delito, puede iniciarse proceso penal.

Habitantes de la zona de La Colina esperan que la Corte admita un amparo por violación a la vida por parte del Estado.

El Diario de Hoy gestionó conocer la posición del Comité de Emergencia Nacional, pero no ha obtenido respuesta.

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