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EDICIÓN ESPECIAL ENADE 2017

Aún con ley de responsabilidad fiscal, las finanzas del país no mejoran

La Ley de Responsabilidad Fiscal lleva ya un año de vigencia, pero hasta la fecha es letra muerta.

Por Guadalupe Hernández

Nov 13, 2017- 04:50

El deterioro que las finanzas públicas del país han registrado en los últimos años es una de las principales preocupaciones del sector privado.

Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a pesar de que los ingresos del fisco han aumentado en 11.8 %, el nivel de la deuda ya ronda el 65 % del PIB debido al exceso de gastos del gobierno actual.

Para frenar este deterioro, hace ya un año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho mayor cosa en cuanto a su aplicación, sostiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

El asesor económico de Funde, Carlos Pérez, explica que la ley establece límites de deuda, de emisión de Letes, del gasto corriente y un programa de ajuste de 10 años.

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Este último componente se divide en dos períodos. El primero consiste en un período de tres años de consolidación fiscal, en el cual se esperaría un ajuste del 3 % del PIB. Ese período comenzó a contar en 2017.

El segundo período, de siete años, es para la sostenibilidad fiscal, el cual establece límites para la deuda con pensiones y sin pensiones, del 65 % y 42 % del PIB, respectivamente.

“Es letra muerta”, dijo el analista económico Rigoberto Monge, al referirse a la Ley de Responsabilidad Fiscal un año después de su aprobación.

“La responsabilidad de que esto lamentablemente sea así no es de la Ley misma, sino de quienes tienen la responsabilidad de aplicarla, y allí están los responsables de que esto sea letra muerta”, acusó Monge. “Debe entonces existir un sistema sancionatorio acorde a la falta de cumplimiento de la Ley”.

En el documento que este día entregará la ANEP durante el Enade, la gremial retoma este punto.
ANEP sostiene que una muestra del escaso compromiso político para tener finanzas públicas sostenibles es haber aprobado la Ley de Responsabilidad Fiscal con débiles mecanismos para garantizar que el Ejecutivo cumpla con lo legislado.

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Propuestas
El pliego de propuestas que la gremial entregará este día para frenar el deterioro fiscal y revertir los problemas de liquidez en un corto, mediano y largo plazo, incluye presupuestos plurianuales, y ponerle límites a la deuda de corto y largo plazo.

“Los agentes económicos, las familias, las empresas tienen incertidumbre hoy mismo de cómo será el futuro fiscal del país porque el gobierno está gastando más de lo que tiene, y ha dicho en reiteradas ocasiones que no le alcanza para pagar. Por eso se propone fijar el monto de la deuda, de acuerdo al crecimiento de la economía, y que esté prohibido pasar Letes a deuda de largo plazo”, afirmó Pérez.

En general, ANEP plantea que para detener el deterioro y revertir los problemas de liquidez y solvencia, se necesitan mecanismos de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el gobierno sigue aplicando medidas de corto plazo para superar los problemas de caja, como solicitar más deuda.

De hecho, el pasado 6 de noviembre, el Gobierno presentó una propuesta de acuerdo sobre el Presupuesto General de la Nación 2018, con la que pide unos $4,000 millones para llenar huecos fiscales de 2017 y 2018, y también para reestructurar préstamos de corto y largo plazo hasta 2024.

Entre los acuerdos, propone negociar $950 millones de financiamiento para apoyo presupuestario, de los cuales la mitad sería usada por el presente gobierno, y la siguiente mitad por el próximo.

Al respecto, Pérez afirma que esos $4,000 millones son parte de la reciente propuesta de Acuerdo Fiscal presentada por el gobierno. “Es mucha deuda para garantizar la gobernanza en los próximos años. Es una situación muy complicada porque todos los partidos en la Asamblea Legislativa deberán tomarán una decisión muy compleja, si es que lo llegan a consensuar, tal como el gobierno lo ha planteado”, expresó.

El asesor de Funde añadió que el gobierno lo que pretende es generar un acuerdo ya, y luego hacer las ratificaciones por la totalidad de la deuda que abarcaría los vencimientos de los bonos de los próximos seis años.
En alguna medida, eso generaría alguna predictibilidad para el próximo gobierno en la contratación de deuda para hacer “rollover” de los bonos que se vencen en 2019, 2023 y 2024. Pero no solucionaría el problema principal de las finanzas públicas que es el déficit corriente.

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Límite constitucional a la deuda pública

La gremial propone fijar en la Constitución de la República una regla para que la deuda pública deberá tener un máximo del 45 % del PIB, del cual hasta un máximo del 10 % de este podría ser utilizado para financiar el costo del sistema de pensiones. Lo anterior se desarrollaría en tres etapas:
La primera:duraría diez años, entre 2018-2027, la deuda pública se mantendría fija en el valor obtenido a finales de 2017, que equivale a 65 % del PIB.
Segunda: duraría diez años, a partir de 2028 y hasta 2037, la deuda pública a PIB deberá disminuir en 2 % cada año, hasta regresar a un valor del 45 % del PIB.
La tercera: a partir de 2038, la relación deuda a PIB se mantendría como máximo en el 45 %.

Límite a la emisión de letes

Propone fijar en la Constitución de la República un porcentaje máximo del 20 % de los ingresos tributarios como autorización de deuda flotante en que el Gobierno pueda incurrir, durante cada año, para remediar deficiencias temporales de ingresos.
Asimismo, se propone establecer en la Constitución que la deuda flotante en que el gobierno ha incurrido para remediar deficiencias temporales de ingresos sea saldada con los ingresos tributarios durante el mismo año fiscal en que fue emitida.
Dados los recurrentes desajustes presupuestarios, se propone un período de ajuste de 18 meses para alcanzar esta meta, iniciando en enero de 2018.

Presupuestos flexibles y plurianuales

Para la gremial es fundamental que al inicio de cada legislatura, en coordinación con el Ejecutivo, se realice un proceso de discusión, elaboración y planificación de un marco presupuestario flexible para un horizonte de al menos tres años, lo cual incluiría como mínimo elaborar escenarios macro-fiscales, establecer prioridades presupuestarias, identificar necesidades de financiamiento y proyectar las principales cuentas fiscales. A partir de este marco presupuestario, cada año se aprobaría el Presupuesto General del Estado.
Bajo este esquema, se definirían un conjunto de partidas presupuestarias que se ajustarían automáticamente en función de la evolución de la economía, con el objetivo de cumplir las reglas fiscales constitucionales.

Consejo de Responsabilidad Fiscal

Para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas se propone establecer en la Constitución de la República la creación de un Consejo de Responsabilidad Fiscal como un órgano independiente, que supervisará el cumplimiento de las reglas fiscales y demás aspectos relativos a las finanzas públicas, para lo cual elaborará informes periódicos. Las autoridades de todos los órganos del gobierno tendrán la obligación constitucional y legal de colaborar con los requerimientos del Consejo.
Estará integrado por universidades, centros de pensamiento, gremiales de profesionales y empresariales y sindicatos.

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