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EDICIÓN ESPECIAL ENADE 2017

ANEP aboga por trámites ágiles e institucionalidad fuerte

Procedimientos ágiles, instituciones fuertes, y disciplina fiscal. ANEP propone avances en estas tres áreas por su impacto en el desarrollo y porque considera que el país padece un rezago importante en las mismas.

Por Omar Cabrera

Nov 14, 2017- 06:00

Si una empresa que opera en El Salvador necesita enviar a un cliente en el exterior un zíper que vale, digamos un dólar, tiene que pagar 18 dólares por una “inspección no intrusiva” antes de que el producto salga del país. Si ese zíper regresa cuando el cliente ya lo aprobó, la empresa debe volver a pagar otros 18 dólares y hacer trámites que duran días. En total, solo por ese cargo a la salida y a la entrada del zíper de un dólar, la empresa termina pagando entre 36 y 40 dólares.

Así ejemplifica el presidente de ANEP, Luis Cardenal, los costos y procedimientos de los que se quejan los empresarios en el país.

“Y esa transacción en esa empresa se hace 100 veces por semana: es el zíper, es el botón, es la tela… y lo haces 100 veces por semana, te sale costando 4,000 dólares”, añade Cardenal.

El empresario destaca que los trámites desproporcionadamente tardados y costosos golpean la capacidad de las empresas salvadoreñas para competir con otras que operan en países con mejores condiciones para hacer negocios. Como consecuencia, se reduce el crecimiento económico, se generan menos empleos y terminan perdiendo no solo las empresas, sino el país en su conjunto.

La lentitud con que operan las aduanas es uno de los problemas de los que constantemente se quejan las empresas.

Dos proyectos de ley

Para atacar este problema, ANEP plantea dos propuestas de ley. Una de ellas es la de Procedimientos Administrativos, que busca facilitar y agilizar los trámites que las personas naturales y empresas deben hacer ante las instituciones del Estado.

La otra es una iniciativa de Ley del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

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El director de Asuntos Económicos y Sociales de ANEP, Waldo Jiménez, explica que ambos proyectos son versiones mejoradas de iniciativas que la gremial presentó en el Enade de 2014.

Una de las principales disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos es la creación del “silencio administrativo positivo”. Esta figura establece que las instituciones y funcionarios del Estado tendrán plazos fatales para resolver, por ejemplo, solicitudes de permisos que presenten los ciudadanos o empresas, y si cumplido ese plazo no responden, la aprobación se produce de forma automática.

“Los órganos de la Administración Pública, al conocer de los procedimientos de su competencia, no podrán exigir documentos emitidos por la misma institución que los solicita ni requisitos sobre información que la misma posea o deba poseer”, agrega el texto de la propuesta de ley.

La iniciativa también contiene disposiciones con normas de atención al público, como por ejemplo, que no podrá negarse la atención antes del cumplimiento de la hora de cierre, y que los empleados públicos y funcionarios deberán tratar al público “con el más alto índice de decoro y transparencia”.

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Para el analista Rigoberto Monge, “esta propuesta de una Ley de Procedimientos Administrativos es básica en la búsqueda de un Estado eficiente, transparente y cumplidor de los plazos establecidos por Ley. Se trata de reducir tiempos y costos en la tramitología para estimular la actividad económica”.

Una opinión favorable de esta propuesta tiene también Carlos Pérez, asesor económico de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Pérez considera que esta iniciativa de ley, en particular, y las demás propuestas que ANEP presenta hoy en Enade son “oportunas” para atacar algunos de los principales problemas que empantanan la marcha de la economía en el país.

Panorámica de asistentes y mesa de honor del Enade 2016.

¿Cómo asegurar el cumplimiento de la ley?

Para complementar la propuesta, ANEP propone el funcionamiento de una institución que asegure que se cumplirán las disposiciones contenidas en las Ley de Procedimientos Administrativos. Para ello plantea la transformación del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), que ya existe, pero dotado de facultades que le otorguen autoridad ante ministerios y demás dependencias del Estado.

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Jiménez, el director de la ANEP, explicó que el OMR actual fue creado como parte de los compromisos de Fomilenio II entre el Gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador.

Un primer cambio que propone ANEP es que esta entidad, que fue creada por decreto ejecutivo, sea respaldada por un decreto legislativo.

Carlos Pérez, de la Funde, tiene una perspectiva diferente. Él cree que la propuesta de ANEP generaría más burocracia y no garantizaría que las instituciones del Estado efectivamente atendieran el mandato de la OMR.

“Una institución adicional, salvo que tuviera suprapoderes, no podría generar cambios en el ámbito regulatorio”, opina Pérez. Y aunque en teoría la propuesta parece muy adecuada, conociendo la cultura y la idiosincracia del país, él duda mucho que funcionaría.

“Yo soy más partidario de que haya una decisión de política del Estado en donde el Presidente de la República diga: ‘vamos a generar una política de facilitación de trámites, y desde este momento ordeno a mis ministros para que cambien las leyes y los procedimientos que haya que cambiar para que se reduzcan los tiempos, se reduzcan los costos, se reduzcan los trámites que hay que hacer’”, plantea Pérez.

Tensión con el gobierno

La propuesta de Ley de Procedimientos Administrativos de ANEP afronta un camino complicado para su aprobación, según explica Waldo Jiménez.

La razón es que el Gobierno ha presentado su propia iniciativa de ley, pero con un agregado que los empresarios consideran improcedente.

Se trata de un capítulo en el que el Gobierno ha incluido disposiciones encaminadas a acelerar el cobro de impuestos, y que permitirían, por ejemplo, mandar a la cárcel al representante legal de una empresa basado en “indicios” del Ministerio de Hacienda de que esa empresa adeuda tributos, señala el director de ANEP.

Jiménez sostiene que el cobro de impuestos “no tiene nada que ver” con una Ley de Procedimientos Administrativos, que lo que busca es agilizar trámites y procesos que los ciudadanos y empresas deben hacer en dependencias estatales.

Expansión pidió a dos altos funcionarios del Gobierno sus valoraciones generales sobre las propuestas que ANEP presentará hoy en Enade, pero ambos se excusaron aduciendo que no disponían de tiempo suficiente.

Este semanario invitó, a inicios de noviembre, al Subsecretario de Gobernabilidad, José Antonio Morales, y al Subsecretario Técnico y de Planificación, Manuel Alberto Enríquez, para que escribieran columnas de opinión sobre las propuestas de la gremial empresarial, pero ninguno ninguno de ellos lo hizo.

Tags ANEP Carlos Pérez Ley De Procedimientos Administrativos Luis Cardenal OMR Waldo Jiménez

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