La
inversión depende de las reglas de juego
de la política económica
Urge una ley de
competencia
La reactivación económica
necesita de una ley con políticas claras
para todos los empresarios y de una
institución que vigile el mercado.
Así lo revela un estudio realizado por
FundaUngo
- Dorys
Inglés
- El Diario
de Hoy
Una
Ley de Libre Competencia que ponga las reglas
claras a los empresarios, es lo que se necesita
para reactivar la economía.
Esa es la conclusión central de un
estudio sobre la libre competencia, elaborado
por la Fundación Dr. Guillermo Ungo
(FundaUngo), que fue presentado a empresarios,
políticos y economistas.
La investigación revela que la
legislación debe contener
políticas y procedimientos claros y
ágiles que deben ser públicos.
Además, debe permitir que una empresa
pueda recurrir a alguna instancia judicial si
desea apelar sobre algún
señalamiento.
También, la ley se debe elaborar de
forma concertada junto a todos los sectores de
la economía, enfatizó Julia Evelin
Martínez, coordinadora de la
investigación.
Según la investigadora, la
economía no se ha reactivado debido a que
la inversión privada no responde a las
señales de la política
económica actual porque existe
incertidumbre y hasta miedo por parte de los
empresarios nacionales y extranjeros para
actuar, ya que no cuentan con reglas claras.
La coordinadora agregó que la
incertidumbre en el mercado es negativa porque
desestimula la inversión y, por ende, se
reduce el empleo. "Una de las razones por las
cuales la economía no crece se debe a la
ausencia de un marco normativo", dijo.
En opinión de Martínez, el
mercado de los combustibles es un claro ejemplo
de un sector donde no opera la libre competencia
porque está distorsionado, por los
subsidios cruzados que se aplican al diesel y el
gas licuado.
Además, existe un problema en la forma
de estructurar el precio de los combustibles.
Martínez no calificó al mercado de
hidrocarburos de monopolio ni de oligopolio, ya
que, según ella, existen las condiciones
que permiten acceso a más competencia. El
problema es que el Gobierno no ha tenido muy
claro cómo atraer mayor
inversión.
"La introducción de gasolineras de
bandera blanca tuvo que haber sido una medida
que se debió impulsar desde hace tiempo",
dijo.
Otro sector que debe ser regulado,
según Martínez, es el de los
servicios que son de interés
público, como la electricidad.
La economista señaló que en
este rubro hay un monopolio en el proceso de
generación de energía. "El Estado
debe definir con claridad cuál
será la regla que pondrá",
dijo.
El análisis se basa en una
investigación comparativa de los modelos
de promoción de libre competencia que la
Fundación realizó en cinco
países: Estados Unidos, Chile,
Perú, Venezuela y Argentina. Y que fue
patrocinada por la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
Las excepciones
Martínez aseguró que la
regulación no debe ser la regla en la
economía, pero sí para algunos
sectores que lo necesitan: aquellos donde no es
posible ni conveniente que ingresen más
competidores. "Hay que tomar en cuenta que, en
el país, el mercado no es grande para
permitir que existan muchas empresas en los
segmentos del mercado", manifestó.
Agregó que no se trata de que una
legislación sancione a los monopolios
existentes, siempre y cuando no abusen de los
consumidores u otras empresas.
En opinión de la investigadora, en la
mayor parte de los sectores es posible
introducir más competencia.
Además, dejó claro que no debe
ser aplicada sólo a empresas,
también a instituciones de Gobierno que
no prestan un servicio adecuado a la
población.
Vigilancia
Martínez dijo que, en el caso de otros
países, se ha creado una entidad
autónoma e independiente del poder
político y económico para vigilar
que las normas de competencia se cumplan.
Ésta no depende de los empresarios para
evitar así algún tipo de
presión.
En la mayoría de casos, los agentes
son independientes y cuentan con herramientas
para lograr sanciones a empresas, llegando,
incluso, a pelearse con el poder ejecutivo y
legislativo, de ser necesario.
La legislación permite que las
empresas puedan apelar y recurrir al poder
judicial sobre los dictámenes que se les
aplican. "Debe haber un respeto al derecho del
libre proceso", dijo Martínez.
En otros países, la aplicación
de la ley ha generado en los empresarios rechazo
y miedo, pero a medida que observan que
funciona, poco a poco la apoyan.
Agregó que cualquier
legislación debe ir acompañada de
valores compartidos sobre competencia.
La analista dio su visto bueno al proyecto de
ley que el Ministerio de Economía
presentará en los próximos
días a la Asamblea Legislativa.
Competencia en Venezuela
El superintendente de promoción y
protección de la Competencia de
Venezuela, Ignacio De León,
aseguró que la privatización no
basta para crear un libre mercado.
Agregó que por el contrario se debe
crear una legislación que esté
acompañada de una entidad
supervisora.
En Venezuela dicha entidad se creó en
1992 y pertenece a la administración
pública.
Aseguró que hasta el momento ha tenido
buenos resultados, ya que identificó los
sectores en los que se hacen necesarias las
regulaciones.
Acotó que la entidad no es un
organismo que sanciona, sino que trata de
mantener las reglas del juego entre empresas.
"El 60% del trabajo que hacemos está
dirigido al Gobierno, para que pueda actuar",
dijo.
En Venezuela, la entidad ha resuelto
conflictos en el sector de las
telecomunicaciones. Gracias al informe que
presentó recientemente se
estructuró un proyecto de ley que fue
aprobado por el Estado para que al finalizar
noviembre se abra el mercado. Hasta el momento
hay varias empresas interesadas en invertir en
el país, como Telefónica de
España y France Telecom.
También, ha tenido incidencia en
colegios de profesionales para evitar las
conductas monopólicas para obtener
mayores ganancias.
Algunas conclusiones
-No se deben aplicar modelos de libre
competencia de otros países.
-El mercado y la libre competencia son
fundamentales para el desarrollo de la
productividad, competitividad y la
generación de empleo.
-En el mercado no debe existir ningún
privilegio para ninguna empresa o entidad
pública.
-La aplicación de normas de libre
competencia no debe representar un
obstáculo para los inversionistas
nacionales y extranjeros.
-Tiene que arraigar valores que estimulen la
competencia y el aumento de la eficiencia y que
debiliten las tendencias hacia el
proteccionismo, el abuso y el fraude.
-La autonomía de las agencias de
competencia es relativa, ya que están a
la orden de un proceso de rendición de
cuentas.
