- Combatiendo
el desorden
- Ordenanza
contravencional y tranquilidad
ciudadana
- Héctor
Silva (*)
Uno
de los grandes problemas de San Salvador es, sin
duda, el desorden. Y una de las expresiones del
desorden son las acciones que algunos ciudadanos
provocan a diario en la vía
pública, en contra del decoro y las
buenas costumbres y, en consecuencia, en
detrimento de la tranquilidad y armonía
social a la que la comunidad tiene pleno
derecho.
Establecimientos con ruidos estridentes;
prostíbulos frente a templos, escuelas y
residencias; venta de bebidas alcohólicas
a menores; obstaculización de la
vía pública, realización de
necesidades fisiológicas; lanzar basura
en lugares no autorizados, y oferta sexual
escandalosa en la calle y frente a zonas
residenciales, son ejemplos de esos delitos.
Sólo el Cuerpo de Agentes
Metropolitanos (CAM) registra un promedio de 60
denuncias mensuales contra este tipo de
contravenciones, provenientes de vecinos de los
cuatro puntos cardinales de la ciudad, en
particular del centro y colonias Laico, La
Rábida, San Luis, Centroamérica y
Zona Rosa.
Cuando asumimos por primera vez, en mayo de
1997, teníamos plena conciencia de la
problemática y ,por supuesto, plena
disposición de trabajar arduamente para
combatirla.
Fue así que a través del CAM
impulsamos las primeras fases de los planes
"Tranquilidad ciudadana" y "Sirviendo a la
comunidad", en virtud de los cuales clausuramos
medio centenar de prostíbulos, 15 de
ellos en las vecindades de la Plaza Zurita.
Algunos de estos centros del vicio, como se
recordará, estaban situados justo
enfrente de la escuela primaria Unión
Centroamericana.
También cerramos establecimientos que
provocaban ruidos estridentes en los alrededores
de centros de salud como el Hospital
Benjamín Bloom; limpiamos centros donde
se vendía drogas como el pasaje Fajardo,
y efectuamos operativos permanentes en zonas de
alta peligrosidad, esto último en
conjunto con la Policía Nacional Civil,
entre muchas otras actividades en función
del orden.
Sin embargo, pese a todo lo realizado, el CAM
no contaba con un instrumento jurídico
que le permitiera combatir con mayor fuerza
todos estos delitos. Por ello, a inicios de
año el Concejo Municipal aprobó la
Ordenanza Contravencional, la cual contempla
sanciones para 23 conductas antisociales
tipificadas como contravenciones, relacionados
con el medio ambiente, el orden público,
el bien común, el respeto a la propiedad
municipal y a la moralidad pública.
La normativa, primera en su tipo en la
historia del municipalismo local, cumple con
todos los requerimientos del debido proceso:
desde la notificación, mediante una
esquela al supuesto contraventor hasta la
sanción en forma de multa o en su defecto
con trabajo social, misma que se
efectuará de acuerdo con el oficio o
profesión del sancionado.
Además, fue redactada por expertos en
derechos humanos, y en el marco de nuestra
política de participación
ciudadana, discutida ampliamente por los
principales actores involucrados entre los que
se destacan organizaciones vecinales, gremios de
abogados, propietarios de negocios, trabajadoras
del sexo, Unidad Técnica Ejecutiva del
Ministerio de Justicia (UTE) y
universidades.
Es una normativa, pues, completa, cuyo
espíritu es el factor educativo
&emdash;un auténtico esfuerzo de
pedagogía social&emdash;, que ya ha dado
buenos resultados en grandes ciudades de
Argentina y España.
Con el riesgo de equivocarnos, pero con la
disposición de corregir, si fuese
necesario &emdash;no se equivocan los que no
hacen nada&emdash;, en sólo tres
años y medio el gobierno municipal ha
estructurado o reformada una treintena de
ordenanzas en atención a demandas de la
ciudadanía de tranquilidad y
armonía social.
Y entre dichas normativas ocupa un lugar
destacado la mencionada contribución al
ordenamiento de la ciudad capital y, por
consiguiente, nuestro aporte para la
construcción de un Estado de Derecho que,
en síntesis, es el cumplimiento de la ley
en favor de los derechos ciudadanos.
(*) Alcalde de San Salvador.
