Martes 7 de septiembre

Cartas a la Dirección
Urge control de vehículos contaminantes
Ingeniero
Enrique Altamirano,
Director de El Diario de Hoy,

Presente.

Estimado Sr. Director:

Me refiero a su editorial del 1 de septiembre en el que habla de la contaminación causada por los vehículos automotores. A este respecto, me imagino que todos los ciudadanos coincidimos con el legislador que usted menciona, en el sentido que los vehículos contaminantes y la pornografía se reconocen al sólo verlos.

Hace dos años fui invitado a Japón y tuve la oportunidad de conocer las regulaciones que se aplican en ese país contra la contaminación ambiental generada por los diferentes tipos de automotores. Debido al alto desarrollo industrial y la concentración de la población en centros urbanos, las leyes japonesas son muy severas en cuanto a regular la contaminación ambiental por parte de las fábricas y en cuanto a normar la circulación de vehículos y los estándares de fabricación. Estas regulaciones descansan en los pilares siguientes:

1. Se han establecido estrictas regulaciones para todos los tipos de gasolina que se ofrecen en el mercado japonés, eliminando las ventas de combustible con un alto grado de contaminantes. Estas regulaciones se han hecho extensivas para todo tipo de aceites y lubricantes.

Los costos de matrícula suben de acuerdo con la antigüedad del vehículo. Los automotores más viejos queman más aceite y emiten una mayor cantidad de gases contaminantes, los cuales se transforman en las nubes de humo negro a los que usted se refiere en su editorial. La legislación en Japón incrementa año con año el valor de la matrícula de acuerdo con la antigüedad. Al llegar a los seis años es incosteable la circulación de los vehículos, a menos que se presenten las pruebas de contaminación que certifiquen que el vehículo está mantenido en óptimas condiciones. Muchos de los vehículos que no pasan las pruebas son vendidos como chatarra y otros, lamentablemente, son exportados a países como el nuestro, en donde circulan motocicletas usadas importadas de Japón, las cuales, por regulaciones ambientales, ya no pueden circular en ese país.

3. Los controles se ejercen directamente con los fabricantes. Existen comisiones técnicas integradas por ingenieros de producción de las diferentes empresas fabricantes de automóviles, camiones, autobuses y motocicletas. En ellas se discuten los mecanismos, piezas e inventos que pueden reducir las emisiones nocivas de gases contaminantes. Los resultados se comparten entre todos los fabricantes. No existe una empresa u organismo estatal encargado de las revisiones de vehículos. Al igual que nuestro actual sistema de autoliquidación de impuestos para importaciones, la esencia de la reducción de la contaminación ambiental causada por los diferentes vehículos automotores, descansa en la autorregulación de los fabricantes. Una de estas comisiones técnicas, la integrada por el organismo regulador y los fabricantes de motocicletas, me recibió en una de sus reuniones para conocer sobre la legislación salvadoreña que regula las emisiones de gases de las motocicletas. Además de entregarme copia de las leyes de tránsito de Japón, me ofrecieron asesoría técnica gratuita, tanto para nuestro gobierno como para cualquier otro organismo regulador.

4. Las leyes se concentran en regular los vehículos que emiten la mayor cantidad de contaminantes. La ley de tránsito japonesa establece regulaciones estrictas para los automóviles, pero más estrictas aún para los autobuses y camiones. Sin embargo, en el caso de los motocicletas, a pesar de que ese país tiene uno de los mayores inventarios de motocicletas en el mundo, aproximadamente dieciocho millones de unidades, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Japón considera que la emisión de gases de las motocicletas es inferior al 1.0% de todos los gases emitidos por el resto de vehículos automotores. En El Salvador, el inventario total de motocicletas es de aproximadamente treinta y cinco mil unidades y se importan menos de mil motocicletas al año. A pesar de esto, la emisión de gases de las motocicletas son controladas en nuestro Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial.

Aunque en nuestra opinión los controles sobre las motocicletas son innecesarios, hay que reconocer que a partir de la emisión de la nueva Ley de Transporte Terrestre se ha iniciado una labor reguladora muy conveniente para eliminar el caos y la anarquía que prevalecía en las calles de San Salvador y en otras ciudades importantes del país. La energía con la que han actuado y actúan los actuales funcionarios de transporte y Tránsito merece el estímulo y aplauso de todos los salvadoreños, porque es esencial, en una sociedad civilizada, no sólo garantizar los derechos individuales, sino también respetar el derecho de los demás. En este caso, el derecho que tenemos los salvadoreños de respirar aire puro y de reducir las enfermedades pulmonares.

Pero esto no sustituye la obligación de establecer los mecanismos y leyes más efectivas para garantizar este derecho. A este respecto, el ser estricto con la revisión de vehículos nuevos y no revisar anualmente los vehículos usados, que son los que más se deterioran con el uso y, en consecuencia, contaminan más el medio ambiente, no tiene sentido. Tampoco el crear un monopolio estatal al nombrar a una sola empresa o institución encargada de las revisiones de todos los vehículos. ¿No será mejor que se reúnan las partes interesadas, incluyendo la compañía suiza que otorgó la asistencia técnica para emitir estas regulaciones, y podamos revisar las leyes y reglamentos para volverlos verdaderamente efectivos, aplicables y que den resultados?

Mientras sigan circulando buses, camiones, vehículos y hasta motocicletas que envenenen el ambiente, las actuales regulaciones y la asistencia técnica que los ayudó, no parecen ir en la vía correcta de resolver este problema.

Atentamente,

Carlos Hipólito Murillo.


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