Superintendencia
investiga legalidad de transacción de
acciones de Telefónica
Cuatro
AFP bajo investigación
La Superintendencia
de Pensiones investiga si cuatro administradoras
de fondos de pensiones compraron acciones que no
estaban debidamente inscritas en la Bolsa de
Valores, ni clasificadas en su
riesgo
- Cristian
Menjívar
- El Diario
de Hoy
Cuatro
administradoras de fondos de pensiones (AFPs)
compraron a finales de octubre acciones de un
aumento de capital de la empresa de
telecomunicaciones Telefónica.
Para esta
adquisición, hicieron uso de su derecho
de acciones preferenciales de la sociedad, a un
precio casi dos veces y media más bajo
que el del mercado.
Pero la jugada
podría salirles cara.
La Superintendencia de
Pensiones está investigando si las AFPs
Confía, Máxima, Previsión y
Porvenir violaron el reglamento de inversiones
del sistema de ahorro privado de pensiones al
comprar acciones que no estarían
registradas en la Bolsa de Valores, ni
tendrían clasificación de riesgo
alguna, emitida por la Comisión
Clasificadora de Riesgo.
Por el momento, la
Superintendencia ha prevenido a las AFPs por la
compra y les ha notificado del inicio de un
proceso administrativo que investigará la
transacción.
Las AFPs habrían
comprado las acciones del aumento de capital a
un precio de cien colones, mientras que la
cotización de mercado era de 275 colones.
El pecado
estaría en que las acciones no estaban
registradas ni clasificadas.
La Superintendencia de
Pensiones aseguró ayer que al momento de
la compra, no cumplían con los
requisitos.
No se reveló el
monto de lo comprado.
Buscan
información
El superintendente de
Pensiones, Carlos Mauricio Funes, indicó
que -efectivamente- la institución
está recopilando toda la
información posible acerca de la compra
de las acciones por parte de las empresas
administradoras; específicamente, si
aquellas ya están inscritas en la Bolsa
de Valores o están en ese proceso, y si
tienen algún tipo de clasificación
de riesgo.
La unidad
jurídica de la Superintendencia
está incluso haciendo el análisis
jurídico para verificar la legalidad o no
de la transacción.
Hasta que se concluya
la recopilación y análisis de la
información, Funes se reunirá con
representantes de las Administradoras
involucradas -aseguró que aún no
lo ha hecho- para escuchar las explicaciones del
por qué procedieron a la
compra.
Funes espera hacer eso
antes de emitir un veredicto, para no violar el
derecho de audiencia de las instituciones y
evitar iniciar otro proceso, pero esta vez en su
contra.
Plazo:
febrero
Ya el pasado 10 de
noviembre, la Superintendencia estableció
un plazo para que al 10 de febrero de 2000, las
acciones adquiridas estén en regla
-léase inscritas en Bolsa y debidamente
clasificadas-.
Si cumplen con los
requisitos, habrá borrón y cuenta
nueva.
Pero si no, la
institución multará a las cuatro
entidades, ordenará deshacer la
transacción, que se deshagan de las
acciones, y que repongan de su capital la
rentabilidad que el fondo de pensiones pudo
dejar de percibir desde el momento de la compra
de los títulos.
Funes aseguró
que el fondo de pensiones -las cotizaciones- no
tendrá ningún daño, en caso
de que la investigación sea desfavorable
para las AFPs: éstas tendrán que
reponer el dinero de los afiliados con recursos
de su propio patrimonio.
Argumentos
Funes aún no
cuenta con los datos precisos para explicar el
por qué las AFPs habrían hecho la
adquisición, si no se cumplían los
requisitos. Por eso espera reunirse con las
cuatro entidades.
El funcionario
indicó que no es válido un
argumento de que las sociedades pudieran
desconocer que Telefónica no había
inscrito las acciones; por el contrario, es su
obligación saberlo, para así
dirigir su política de
inversiones.
Indicó que la
Superintendencia vigila que las inversiones sean
seguras y líquidas, y cumplan con los
requisitos mínimos de doble
clasificación impuestos por la
Comisión de Riesgo.
