Jueves 27 de mayo


Analizando

Ley contra el lavado de dinero

Miriam Mixco

Por si usted no lo sabía, el próximo 2 de junio entrará en vigencia la "Ley contra el lavado de dinero y de activos", legislación que es necesario que la conozcan todos los sectores, porque contiene grandes complicaciones para cualquier persona natural o jurídica, aún cuando esta última no se encuentre constituida legalmente.

Según el artículo 2 de la nueva normativa, las instituciones y actividades sometidas al control de esta ley, entre otras, son las siguientes: bancos nacionales y extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de estos, financieras, casas de cambio de moneda extranjera y corredoras de bolsa, bolsas de productos y servicios agropecuarios, importaciones o exportaciones e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos, sociedades e intermediarios de seguros, sociedades emisores de tarjetas de crédito y grupos relacionados.

También se incluyen las institucionales y personas naturales que realizan transferencias sistemáticas o sustancial de fondos, casinos y casas de juego, agencias de viaje, transporte aéreo, terrestre y marítimo, agencias de envío y encomiendas, empresas constructores, agencias privadas de seguridad, industria hotelera y cualquier otra institución, asociación, sociedad mercantil, grupo o conglomerado financiero.

A través de la ley se crear la Unidad de Investigación Financiera (UFI) para el delito de lavado, como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en el caso de que esta unidad aún no se encuentre funcionando cuando entre en vigencia la legislación, las atribuciones de esta dependencia serán ejercidas por la Unidad de Antinarcotráfico de la mencionada institución.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la ley, el que depositare, retirare o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen, ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.

Se entenderá también por lavado de dinero y de activos cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.

Las instituciones antes mencionadas (Art. 9), están obligadas a informar por escrito o cualquier medio electrónico en el plazo de tres días hábiles a la UFI de cualquier operación o transacción múltiples realizadas por cada usuario, que en un mismo día o en el plazo de un mes, exceda los quinientos mil colones o su equivalente en moneda extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones de la moneda nacional, siempre y cuando hubiere los suficientes elementos de juicio, para considerarlas irregulares o cuando lo requiera la UFI.

Los delitos mencionados en esta ley están excluidos del conocimiento del jurado. Y los detenidos provisionalmente por el delito de lavado de dinero y de activos no gozarán del beneficio de sustitución por otra medida cautelar.

Los condenados por estos delitos tampoco gozarán del beneficio de libertad condicional ni de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Las implicaciones de esta ley son enormes y, por eso, toda persona natural o jurídica debería conocerla para evitar caer en cualquier violación a la misma, ya que también se sancionará la omisión.


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