- ¿Por dónde
se empieza?
- Francisco
Díaz Rodríguez
- -Tercera y última-
Una
exposición del Dr. José Ernesto
Criollo durante el segundo taller de consulta a
magistrados y jueces sobre modernización
del Órgano Judicial y el Consejo Nacional
de la Judicatura (2-4 marzo), ha resultado
idónea para uno de los propósitos
de esta columna. En su exposición, luego
de describir con claridad la percepción
social sobre la administración de
justicia -cara, ineficiente, desbordada de
casos, no transparente, plagada por la
corrupción de empleados y litigantes-,
describió brevemente algunas propuestas
para cambiar esa percepción. Tales
propuestas pueden conformar buena parte de un
plan de acción inmediata y son
compartidas por muchos de quienes trabajamos
estos temas. Expuestas por un magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, tienen más
peso, y son éstas.
Una. Establecer un proceso más
ágil y transparente basado en el juicio
oral y en el principio de oficiosidad. Las
ventajas del sistema oral sobre el sistema
escrito en cuanto a rapidez en la
tramitación y reducción de
posibilidades de fraude, son -o deberían
ser- conocidas aun por quienes adversan la nueva
legislación penal. Se aplica
también en los procesos de familia y de
menores y se debería extender a las
restantes materias. El principio de oficiosidad
permite que el juez, por iniciativa propia,
movilice, haga avanzar, el proceso,
liberándolo del impulso que quieran o no
darle las partes.
Dos. Establecer la caducidad de la
acción, es decir, la muerte del proceso
como consecuencia de su abandono por quien lo
inició. Cientos de expedientes
abandonados atestan los tribunales y vuelven
(más) engorrosa la administración
del despacho judicial.
Tres. Desjudicializar asuntos que por su
naturaleza o poca monta bien pueden ser
atendidos fuera de un proceso judicial.
Cuatro. Creación de más
tribunales de menor cuantía. Desde
finales del año pasado existen dos en San
Salvador, que de inmediato quedaron saturados
por la demanda.
Cinco. Creación de circuitos
judiciales o tribunales integrados. Un juez
administrador único se encarga de toda la
parte administrativa del proceso, de manera que
los jueces del circuito o tribunal se dedican
exclusivamente a juzgar.
Seis. Crear jueces adjuntos o corporativos,
es decir, dos o más jueces en un mismo
tribunal dado que, con frecuencia, el cuello de
botella se encuentra en la imposibilidad del
juez para atender el cúmulo de trabajo
que procesan sus colaboradores.
Siete. Establecimiento de jueces ejecutores
de sentencia. Esto permitiría a los
jueces comunes dedicar todo su esfuerzo a los
procesos hasta dictar sentencia, al descargarse
de la ejecución de la misma,
cuestión de orden más bien
administrativo.
Ocho. Creación de oficinas para
notificaciones, citaciones y emplazamientos,
comunes a varios juzgados, empleando todos los
medios de comunicación: personal, correo
con certificado de recibo, teléfono, fax,
correo electrónico.
Nueve. Reducción del área de
autoridad de los tribunales (competencia
territorial) en función de la densidad
demográfica y las distancias.
Diez. Eliminar el cargo de Secretario de
Actuaciones, sustituyéndolo por el de
Administrador del Tribunal.
Once. Eliminar formalismos tradicionales
inútiles y hasta absurdos como el uso de
la firma, media firma y firma entera, que solo
sirven para nulidades que burlan la
justicia.
Doce. Prohibir el ejercicio de la
abogacía y el notariado no solo al juez
sino a todo empleado judicial.
Hasta aquí las propuestas
técnicas. La sociedad civil
también tiene mucho qué hacer para
mejorar la administración de
justicia.
Primero, apropiarse del tema, esto es,
asumirlo, perderle el miedo y la falsa
consideración de que se trata de algo
"muy técnico", exclusivo de juristas.
Esto significaría sacarlo del
ámbito comunidad judicial y llevarlo al
debate público, del mismo modo que se
debate sobre la privatización, el medio
ambiente, la descentralización, las
elecciones, etc.
Segundo, como parte de la apropiación
del tema, pedir cuentas, solicitar
información, explicación,
análisis sobre el sistema de
administración de justicia: qué
es, cómo funciona, cómo
está organizado, quiénes lo
componen, cuanto cuesta, cuáles son las
causas de sus problemas, cuáles sus
logros y sus perspectivas. Esta
información o rendimiento de cuentas
puede pedirse a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo
Nacional de la Judicatura, a magistrados de
cámaras, a jueces o al personal
técnico, invitándoles a charlas,
foros, paneles, etc. Ellos, como todo
funcionario público, tienen el deber de
informar a los ciudadanos
Tercero. Con base en la información
recibida, pasar de la crítica general y
ciega &emdash;que abunda&emdash;, a la
crítica documentada y propositiva,
identificando responsabilidades, aportando
alternativas de solución. La
administración del Órgano Judicial
requiere análisis y soluciones propias de
la gerencia empresarial, de la
administración pública, de la
estadística, la informática y
otras áreas que no suelen ser del dominio
de los abogados. Las universidades, en especial
las facultades de Derecho, tienen un papel y una
responsabilidad principal en esto.
Cuarto. Insistir en el tema, promover su
discusión, abrirle espacios de prensa,
mover voluntades, crear observatorios
judiciales, hacer sentir la urgencia
económica, política y social de
contar con una administración de justicia
moderna, imparcial, independiente y
transparente, apoyar las iniciativas e
instituciones que trabajan en esa
dirección, todas ellas y otras muchas son
también pasos por dónde
empezar.
Lic. en Derecho.
