La importancia de la
participación ciudadana
Diego
Salcedo
Las reformas necesarias para
tener un El Salvador digno de llamarse por su
nombre, sólo se pueden lograr a
través de procesos participativos de
aprendizaje que incorporen nuevos elementos en
la forma de hacer Gobierno. La definición
de roles entre los órganos del Estado, y
la institucionalización de estos roles,
son parte de los requisitos para tener una
verdadera democracia participativa y
próspera. La participación
ciudadana requiere de conocimientos, actitudes y
prácticas que permitan alcanzar el
objetivo de una mejor calidad de
vida.
Desde donde se vea, la
participación ciudadana es la
única forma de hacer caminar a El
Salvador. La apatía, el hastío y
el desencanto son síntomas de no
pertenecer a algo, pero en El Salvador todos
deberíamos poder pertenecer al Estado (el
Estado somos todos), si en realidad estamos
interesados en hacerlo. El mejor día para
hacer algo es hoy mismo, y si lo hacemos,
mañana todo estará un poquito
mejor, para nosotros, para nuestros hijos, para
nuestros nietos.
Uno de los problemas actuales
frente a esta necesidad de participación
democrática es la falta de
representatividad que se da en la Asamblea
Legislativa. La Asamblea, que en principio es el
primer Órgano del Estado, es la cuna de
intereses partidarios que no reflejan realidades
territoriales y comunales. Es en este primer
Órgano del Estado donde se coarta la
libertad de los medios de comunicación y
donde, con demasiada frecuencia, florecen la
corrupción y el interés mezquino a
través del compadrazgo político.
La reciente
ratificación al presidente de la Corte de
Cuentas, quien entró a dirigir la
institución con procesos sobre su persona
pendientes en la misma institución
fiscalizadora, demuestra el poco interés
que le dan estos políticos a la
opinión de la ciudadanía, que cada
vez más (y con más razón)
siente desencanto con la política y,
sobre todo, con los políticos,
deslegitimándose de esta manera la
democracia y el Estado de Derecho. En este
sentido, es urgente un cuestionamiento a la
representación partidaria y
departamental, y la propuesta de distritos
electorales dentro de los cuales se representen
los verdaderos intereses locales.
El Ejecutivo también
está pendiente de reformas que faciliten
la participación ciudadana. La reforma
del Estado en el aspecto de la
descentralización del agua es un paso muy
importante que se está dando en este
sentido. Según la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
la falta de disponibilidad de agua potable en el
80 por ciento de los hogares rurales constituye
un importante obstáculo para el
desarrollo sostenible, y se puede considerar
actualmente como el problema ambiental
más crítico para El Salvador. Con
esto en mente, y con el interés
demostrado por el nuevo gobierno, la AID
invertirá aproximadamente 11.5 millones
de dólares para ayudar a resolver el
problema del agua a través del proyecto
denominado "Agua: Gestión y uso racional
del agua" (AGUA).
La propuesta ganadora de la
licitación del equipo consultor de Team
CARE plantea servir a 18 municipalidades del
país con problemas críticos de
abastecimiento de agua. Los resultados que se
esperan incluyen una mejora cualitativa en la
calidad de los recursos hídricos, la
mejora de los sistemas de distribución de
agua, la incorporación de la
ciudadanía en la toma de decisiones sobre
el uso del agua y una mejora en la
gestión local de los recursos
hídricos.
La participación
ciudadana en los temas relacionados con el uso
de un recurso tan preciado como el agua, es
fundamental para mejorar la calidad de vida de
la mayoría. Los temas jurisdiccionales y
de resolución de conflictos serán
aspectos importantes a tomar en cuenta, ya que,
como se ha demostrado por hechos recientes, el
agua puede ser fruto de conflicto social. Se
deben contestar preguntas tan fundamentales
como: ¿A quién pertenece el agua?
¿Qué usos causan conflictos entre
sí y cómo se resolverán
estos posibles conflictos? Se deben definir
claramente los roles de los gobiernos locales
(municipalidades) y de la administración
central.
Asimismo, estas
consideraciones políticas y sociales se
deben armonizar con los aspectos físicos
y naturales relacionados con el agua, como son
el manejo de cuencas hidrográficas, la
protección de zonas de
infiltración y la protección de
ríos y quebradas.
