A encerrona para
negociar futuro de licitaciones
A partir de hoy, y hasta
el martes la Comisión de Hacienda se
reunirán todo el día para estudiar
la nueva ley de licitaciones. Después de
analizado el borrador se hará una nueva
consulta ciudadana
Ana
Giralt
El Diario de
Hoy
Las
manecillas del reloj empezaron a caminar. A
partir de las 9:00 a.m. -y si los diputados son
puntuales- la Comisión de Hacienda, de la
Asamblea Legislativa, reiniciará el
estudio de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración
Pública.
Por unanimidad, los diputados
decidieron "encerrarse" este este lunes y martes
para terminar de analizar la ley, pero todo
indica que no será tan fácil pues
mientras que ARENA
quiere flexibilizarla ,el
FMLN pretende endurecerla al máximo.
Sumado a la insistencia de
Convergencia Democrática (CD) en crear
una ley que se refiera, únicamente al
tema de las concesiones públicas y las
insistente petición de
la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), en exponer nuevas
propuestas a los diputados. Sin embargo la
agenda está lista.
En dos días, se
pretende terminar con el análisis de los
172 artículos que regirán los
procesos de licitación pública y
privados que realicen las instituciones
autónomas y estatales. Los diputados
lograron avanzar en el estudio de 24
artículos, a pesar que la normativa
llegó al Congreso hace seis meses
(diciembre de 1998).
¿Protegiendo
intereses?
El Artículo 26
establece limitaciones a las personas naturales
que pueden participar como oferentes en una
licitación. Por un lado, se niega ese
derecho a los funcionarios dueños o
socios de una empresa licitadora, con acciones
que superen el 25 por ciento. Por el otro, se
inhibe de hacerlo a los familiares de los
titulares hasta en segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
Este segundo punto se ha
convertido en la manzana de la discordia. El
FMLN quiere que la ley se guíe por el
Código de Familia y por eso propone
restringir la participación hasta el
cuarto grado de consanguinidad y el segundo de
afinidad.
ARENA apuesta por la
redacción actual. De lo contrario, dice
el diputado Julio Gamero, la oportunidad de
concursar quedaría en las manos de unas
cuantas empresas salvadoreñas.
Al ser un país
pequeño -dice- la mayoría de
personas se conocen y de alguna forma tiene un
grado de parentesco, al cerrar las opciones "lo
que estamos diciendo es: extranjeros ustedes son
los que tienen que venir a ofertar".
El partido del gobierno
está a la caza de un objetivo: que
cualquier funcionario participe de la
licitación o concesión que realice
otras carteras y la transparencia de su trabajo
será controlada por la misma ley.
No más
urgencia
La confrontación
será el ingrediente principal a lo largo
de la encerrona. El efemelenista Gerson
Martínez afina su "arma" para impedir que
siga existiendo el calificativo de urgente (Art
73) que permite a un funcionario hacer una
contratación con base en las ofertas de
tres personas.
Como muestra un botón.
El ex ministro de obras públicas, Roberto
Bará, realizó un proceso de
licitación privada -el año pasado-
para iluminar la carretera de Comalapa, el costo
de la obra fue de ¢20.9 millones; luego, se
comprobó que no existía las
condiciones de urgencia que se aplican en
procesos de verdadera necesidad
nacional.
Aceptarlo
-según Martínez- es permitir que
siga abierta la "puerta de la
perversión".
El FMLN pretende que todas
las licitaciones sean públicas y que se
rijan por los plazos que la misma ley establece.
Para ello, el Consejo de Ministros debe cumplir
a cabalidad lo que dicta la normativa y,
realizar un plan general de licitaciones y
concesiones públicas, que incluirá
las obras que cada ministerio e
institución edificará a lo largo
de un año.
"No aceptaremos las
negociaciones en la sombra o en la
secretividad", sentenció Gerson
Martínez.
El PLD comparte el criterio.
Kirio Waldo Salgado dice que muchas de las obras
declaradas urgentes, terminan "costando 4 veces
más de la cifra inicial, pues las
clausulas contractuales siempre
varían".
Y es que las negociaciones
hechas por el Estado para construir un puente,
un paso a desnivel o una carretera se hace con
dinero de los contribuyentes -es decir
público-, por eso los procesos deben
quedar abiertos a la
fiscalización.
