Un día de
propuestas
A los 172 artículos
del proyecto se sumarán las 143
páginas de un documento que resume las
propuestas de otros sectores y una nueva
iniciativa del FMLN
Ana
Giralt
El Diario de
Hoy
Los
diputados que componen la Comisión de
Hacienda tendrán, hoy, un día
difícil.
Unos llegarán con la
intención de finalizar el estudio de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública. Otros
acudirán para presentar su propio pliego
de reformas.
Tal es el caso del
efemelenista Gerson Martínez, quien
pretende introducir el "principio de publicidad"
de la ley.
"Las partes en estas
contrataciones no son el funcionario y el
ofertante, sino que hay una contraparte
fundamental, que es el contribuyente",
sentenció.
En pocas palabras, desde el
momento en que una institución de
gobierno invita a un concurso para una
licitación, hasta la firma del contrato
con la empresa, la negociación
será fiscalizada por cualquier sector de
la sociedad.
Kiro Waldo Salgado, del PLD,
quiere extender la propuesta al permitir que
cualquier comunicador social que se dedique a la
investigación tenga libre acceso a los
archivos de licitaciones pasadas y
futuras.
Existirían
regulaciones especiales para que "solo se abra a
los medios institucionalizados y no a cualquier
charlatán que compra un programa en un
medio local", recalcó Salgado.
Apegado a la
ley
El diputado de ARENA, Julio
Gamero, no está de acuerdo con la
propuesta.
A su juicio, la misma ley
garantiza la transparencia, al crear, dentro de
cada institución, la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional
(UACI).
Este departamento, se
encargará de realizar la
programación anual de los proyectos de
bienes de construcción de obras y
contrataciones de servicios, el cual será
presentado al Ministerio de Hacienda, para que
pueda calcular el presupuesto de cada
entidad.
Es más, la UACI
tendrá un banco de datos que contenga
información básica de los
oferentes y una lista de aquellos que
incumplieron con el contrato.
Además, habrá
un registro de las contrataciones de los
últimos 10 años, para evaluar y
fiscalizar a las autoridades.
