El
Salvador en perspectiva
Medidas contra el
robo
Mario
Rosenthal
E-mail mrelsalv@cyt.net
Las mal fundadas reformas que
se han hecho al Código Penal en un
intento de evitar las violaciones a los derechos
de los imputados, han dejado grandes
vacíos que impiden a las autoridades de
seguridad cumplir a cabalidad su cometido. El
crimen organizado trafica con impunidad con
café, azúcar, granos,
electrodomésticos y toda clase de
mercadería robada en asaltos a fincas,
furgones, negocios y casas particulares, por no
constituir un delito la posesión, compra
y venta de artículos robados.
Los rateros se pueden meter
en las casas ajenas porque ya no constituye un
delito la violación de morada. Las
confesiones de culpabilidad no se pueden usar en
contra de un acusado, esto para evitar la
tortura y hacerlo confesar. Los menores reciben
un trato especial para que no se corrompan
rozándose con criminales
consuetudinarios, aunque ya estén
corrompidos hasta más allá de la
salvación. La estafa se sobresee si el
culpable repone lo robado, sea a particular o al
gobierno.
Las leyes penales se han
pasado de bondadosas y protegen más a los
criminales que a las víctimas, al basarse
en la teoría de que al criminal no se le
debe castigar, sino reformar para que se
reincorpore en la sociedad. Este principio se ha
llevado al extremo en reformas al Código
Penal, lo que coincide con la formación
de un nuevo cuerpo de agentes de seguridad que
admitió en sus filas a algunos sujetos no
aptos para el servicio, con el agravante de que
el crecido desempleo y desastres naturales, han
provocado la crisis de criminalidad que padece
el país. Los agentes de la PNC resienten
que muchos jueces, en su interpretación
de la ley, anulan sus operaciones y liberan
criminales por tecnicismos, cuando ellos han
expuesto sus vidas para capturar a los
malhechores.
Ejemplo de la viciada
interpretación de la ley es el
extraordinario caso en el cual el Juez 3o. de
Paz de Santa Ana liberó, el 18 de
febrero, a dieciocho sujetos acusados de recoger
café (pepenado) en una finca ajena y al
motorista que lo transportaba, porque declararon
que no sabían que era delito recoger
café botado. Igual de preocupante es que
la Asamblea Legislativa se muestre reacia a
combatir el tráfico de mercadería,
café e insumos robados que se venden en
forma abierta en los alrededores del Mercado
Central y en los mercados de "pulgas", al no
aprobar una reforma propuesta al Código
Penal, que especifica que es delito la
posesión, compra y venta de objetos
robados.
Es alentador que la PNC haya
iniciado patrullajes en bicicleta las 24 horas
en una zona de alto riesgo, pero es incorrecto
discriminar contra los agentes, como se
pretende, obligándoles a trabajar 12
horas diarias sin la debida
compensación.
Para emprender una lucha
efectiva contra la criminalidad, la Asamblea
Legislativa debe, ante todo, corregir las fallas
y llenar los vacíos del Código
Penal que impiden a los agentes cumplir a
cabalidad su cometido. También hay que
inculcar a los agentes que su misión
primordial es proteger y servir al
público.
De alguna manera hay que
lograr una comunicación entre el
público y los agentes, porque la
cooperación de las personas honradas
contribuirá a que las autoridades tengan
éxito en controlar la criminalidad. El
público tiene que ser enseñado a
denunciar todas las faltas y a declarar contra
los delincuentes. Sobre todo, hay que dictar
leyes severas contra la criminalidad; El
Salvador todavía no está listo
para basar su Código Penal en el
Sermón en la Montaña.
