Testigos entre la
espada y la pared
La declaración de
un testigo es vital para asegurar la pronta
justicia en un proceso penal, pero esto
también lleva a que algunos de ellos sean
víctimas de represalias
Alberto
López
El Diario de
Hoy
Testigos
en peligro: es un tema que la industria
fílmica de Hollywood ha tocado en
repetidas ocasiones, pero no por la ciencia
ficción que tiende a exagerar el tema es
algo que deja ser una preocupación para
la gran mayoría de legislaciones penales
en el mundo entero.
Por ejemplo,
¿quién no vio los simpáticos
líos de Whoopi Golberg en "Cambio de
Hábito" (o su título en
inglés "Sister Act") donde la actriz
encarna a una cantante que después de ver
la ejecución de un mafioso es protegida
por las autoridades policiales, a cambio de que
declare judicialmente en contra de los hechores
del crimen?
La ficción
"hollywoodense" convierte a la frívola
cantante en una monja.
La Policía la oculta
en un convento, pues, según ellos,
será el lugar más seguro, donde no
podrán encontrarla los mafiosos que
desean callarla para siempre.
Como ya se dijo, el relato
anterior es una exageración del cine
estadounidense, pero no por ello invalida los
efectivos programas de protección a
testigos de varios países, donde no se
llega a tanto como ocultar a alguien en un
convento, pero sí se asegura, de forma
absoluta, la integridad del
protegido.
¿Qué pasa en
el país?
El Salvador no cuenta con un
programa -legalmente establecido- de
protección a testigos. La División
de Protección a Personalidades
Importantes (PPI) de la Policía (ver
siguiente página) hace lo posible en su
protección a testigos, jueces, fiscales y
víctimas, pero no cuenta con una ley
aprobada que avale legalmente dicha
labor.
El
testimonio de una persona para el
esclarecimiento de un crimen siempre ha sido de
vital importancia para las autoridades
judiciales y policiales de cualquier
país.
La seguridad del testigo es
también muy importante para muchas
legislaciones penales del mundo, pero en el
país, al parecer, se olvidó ese
pequeño detalle al mostrar los
testimonios de forma pública, pues no
existe un programa de protección a
testigos, el cual asegure la vida de éste
y sus familiares.
Tres hechos recientes hacen
pensar en la necesidad de un programa como el
planteado, ya que que en el primero hubo un
intento de homicidio; en el segundo, éste
se concretizó. En el último, el
testigo todavía no recibe seguridad
policial, a pesar de ser el único testigo
de una matanza.
Los casos
El primero de los casos
citados es el intento de homicidio en perjuicio
de la agente policial de indicativo "Eva", quien
atestiguó en contra de los cinco
policías encontrados culpables por el
asesinato del estudiante de Medicina, Adriano
Vilanova. El hecho ocurrió meses
después del juicio Vilanova, realizado a
finales de 1998.
Otro de los casos, es el
reciente asesinato del sargento Jorge Alberto
Palacios Carrillo, miembro de PPI.
Palacios habría sido
un testigo importante también para
esclarecer el caso de secuestros de varios
prominentes empresarios e hijos de estos, entre
los que se encuentra el plagio de Andrés
Suster.
Por último se
encuentra la matanza de tres jóvenes en
Izalco, Sonsonate, la semana pasada, de la cual
resultara una cuarta víctima lesionada y
quien sería el único testigo del
hecho.
