ANEP pide
protección para imputados en
secuestros
Un abogado de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP) pidió ayer a la Fiscalía
protección para tres imputados, tras la
muerte del sargento Jorge Palacios
El Diario de
Hoy
Tras estimar que las vidas de
tres imputados en el caso de los secuestros
podrían correr peligro, la
Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), pidió a la Fiscalía
General de la República que les dé
protección inmediata.
La solicitud la
planteó ayer el abogado que representa
esa organización, Astor Escalante, como
reacción al asesinato del sargento de la
PNC, Jorge Palacios, quien negociaba con la
Fiscalía la libertad de su madre y
hermana a cambio de información que
pudiese fortalecer ese proceso.
Escalante confirmó
ayer que Palacios negociaba con la
Fiscalía una declaración sobre ese
caso, que podría involucrar al menos a un
importante líder de las desaparecidas
FAL, brazo armado del Partido Comunista
Salvadoreño.
Escalante pidió
protección no sólo para la madre y
hermana de Palacios, Angela Carrillo y Angela
Palacios, sino también para Diego Flores,
hasta ahora el principal imputado en el proceso
que se sigue por el plagio de cuatro empresarios
y el hijo de uno de estos.
La señora Carrillo
permanece en prisión acusada de atender y
alimentar a algunos de los secuestrados.
También a su hija Angela.
Ambas están
relacionadas en el proceso que se sigue por la
privación de libertad de Andrés
Suster, Karim Salume, Alberto Hill, Guillermo
Sol Bang y Nelson Machuca.
A Diego Flores se le acusa de
tener bajo su vigilancia al menos dos
residencias en las que, se comprobó,
permanecieron casi todos los secuestrados.
La muerte de Jorge Palacios
ocurrió la madrugada del
miércoles, cuando tres sujetos cubiertos
con gorros pasamontañas, le cortaron el
cuello con armas blancas.
La víctima, un
sargento de la división de
Protección de Personalidades Importantes
(PPI), era el jefe de seguridad de los diputados
de la Asamblea Legislativa.
La relación de
parentesco y los contactos que tuvo con la
Fiscalía, hace pensar a la ANEP que el
crimen habría tenido la intención
de callar a un testigo antes de que involucrara
a otras personas en los secuestros.
Amenazas de
muerte
Por su parte, el director de
la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio
Sandoval, confirmó que Palacios
había denunciado las amenazas a muerte y
que, incluso, pidió que lo sacaran del
país.
Las declaraciones de Sandoval
coinciden con las de la esposa de Palacios,
quien denunció las amenazas y
persecución que sufría su marido.
Roxana Zamora incluso acusó al mismo
personal del PPI de ser los autores del
acoso.
Eso lo dijo durante el
sepelio de su esposo realizado ayer en la ciudad
de Santa Ana.
Sin embargo, el director de
la PNC enfatizó que en ningún
momento la víctima era un testigo clave
en el caso de los secuestros. A pesar de esta
aseveración, Sandoval aceptó que
definitivamente no se trata de un crimen
atribuible a la delincuencia
común.
Lo mismo teme Escalante, por
lo cual se presentó ayer ante la
Fiscalía para pedir que se proteja a
Angela del Carmen Palacios Carrillo, Angela
Carrillo Flores y Diego Flores Ramírez,
madre, hermana y padrastro, respectivamente, del
sargento policial.
Palacios solicitó a la
Fiscalía que lo sacara del país,
pues temía por su vida. Se le
ofreció seguridad personal, la cual
él rechazó sin ninguna
explicación. Tampoco aclaró
quién lo amenazaba. Todo esto
ocurrió hace un par de meses,
según Sandoval.
Los tres detenidos son
acusados por los secuestros de Andrés
Avram Suster Castillejos, Alberto Antonio Hill
Dutriz, Guillermo Alfredo Sol Bang, Kerim
Eduardo Salume Babum y Nelson Oswaldo
Pérez Machuca, ocurridos entre 1991 a
1995.
Según las
investigaciones, los detenidos formaron parte de
las desaparecidas Fuerzas Armas de
Liberación (FAL), brazo armado del
Partido Comunista Salvadoreño (PCS). El
total de los rescates suma siete millones 800
mil colones.
Por el caso de secuestros
fueron capturadas, durante el mes de julio de
1997, dieciocho personas, las que habrían
participado en los plagios de los
empresarios.
Sin embargo, el doce de
diciembre de 1998, el Juzgado 1º de
Instrucción de Santa Tecla
sobreseyó provisionalmente a 14,
exoneró a uno y decretó la
elevación a juicio sólo para
tres.
Estos son los parientes del
sargento policial. Ante tal decisión, la
Fiscalía y la ANEP apelaron la
decisión del tribunal, ya que no estaban
conformes con el favorecimiento de varios
implicados.
El proceso se encuentra
actualmente en la Cámara 1º de lo
Penal de Nueva San Salvador (Santa Tecla), la
que decidirá si lo actuado por el
Tribunal 1º de Instrucción es
correcto.
