La Nota del
Día
Amenaza la censura a
Panamá
Las leyes, incluyendo penas y
sanciones, no se pueden escribir sobre la
marcha. Todo orden legal fija de antemano las
llamadas "reglas del juego", yendo a extremos
para suprimir la discrecionalidad en la
tipificación de un delito
Mientras en El Salvador se
celebraba una vez más el "Día del
Periodista", el Gobierno de Panamá
presentaba un proyecto de ley al Congreso, que
pondría en manos de oficiales de
policía castigar administrativamente a
periodistas por lo que escriban o difundan y que
a juicio del funcionario, constituya falta o
delito. El presidente saliente Balladares busca,
con ello, despojar a los periodistas y a los
medios de las mínimas protecciones que la
ley otorga al ciudadano, cual es ser juzgado por
tribunales en apego a leyes escritas, contar con
un defensor y disponer de los recursos y
salvaguardas a favor de cualquier
acusado.
Balladares, por lo que se
rumorea, tiene motivos de sobra para querer
coartar y amenazar a periodistas y
periódicos. En Panamá, la voz
pública le atribuye un enriquecimiento
extraordinario durante estos años en el
poder, sin que se descubra una causa
lícita para ello. Los cuestionamientos
derivados de esa realidad, así como las
críticas hacia sus actos y procederes,
han llevado al presidente a querer taparlo todo.
Y la mejor forma de lograrlo, piensa, es poner a
los periodistas a merced de lo que un jefe
policial interprete y decida.
El precedente que se
sentaría, de ser aprobado el proyecto de
Balladares, sería enorme. Disposiciones
similares se pueden decretar en los más
diversos campos, desde políticos y
financieros hasta lo que tenga que ver con lo
que una persona hace. Si la expresión,
que pertenece a la esfera del intelecto, queda a
merced de lo que un policía disponga, no
cuesta imaginar los extremos en que se
caería en lo comercial, empresarial,
profesional y ciudadano. Panamá
pasaría de estar bajo un régimen
de leyes, a uno de arbitrariedad cruda, como el
que existió durante la dictadura de
Noriega, y antes, con Torrijos.
La pretensión de
Balladares fue condenada de inmediato por la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo que
llevó al presidente panameño a
acusarla de velar por el interés de los
"dueños", no de los periodistas. Sin
embargo, las organizaciones de periodistas raras
veces se pronuncian al ser violado el derecho a
la libre expresión. Balladares pretende
invalidar los argumentos que la entidad haga,
como si su razón o sinrazón
estuviera condicionada a la clase social de
quien lo diga.
No se hace la ley al capricho
de policías
Balladares quiere colocar el
ejercicio del periodismo bajo la autoridad
policial. Las consecuencias serían las
siguientes:
Primero, que los periodistas
estarían forzados a consultar notas,
comentarios, artículos, gráficas,
crónicas y todo el contenido de un diario
o programa, para no exponerse a sufrir una multa
o pena administrativa. O, a la inversa, publican
y difunden para encontrar luego que eso les
acarrea sanciones no previstas. Lo uno equivale
a la censura previa &emdash;el "nihil obstat" de
los viejos reinos e inquisiciones
europeas&emdash;, mientras lo otro, a la
persecución partiendo del capricho. En
ambos casos, una medida así
chocaría de frente con los derechos del
individuo y la legalidad de las grandes
democracias.
Segundo, que a través
de los cuerpos policiales, dependientes del
Ejecutivo, el gobierno y la presidencia
impondrían una mordaza sobre los medios y
la opinión pública de
Panamá. Toda crítica,
investigación desfavorable, planteamiento
opositor, caricatura y hasta notas sin mayor
importancia, quedaría sujeta a
supresión con base en apreciaciones,
sentimientos, recelos y antipatías. Tal
cosa hundiría a Panamá en una
asfixia moral, cívica e
institucional.
Las leyes, incluyendo penas y
sanciones, no se pueden escribir sobre la
marcha. Todo orden legal fija de antemano las
llamadas "reglas del juego", yendo a extremos
para suprimir la discrecionalidad en la
tipificación de un delito. Asimismo,
reconoce la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, por lo que no se puede dejar a los
periodistas a merced de decisiones
administrativas, mientras al resto de la gente
le procura la protección de los
tribunales y de leyes escritas.
Fue la censura lo que
abrió el camino a las dictaduras de
Torrijos y de Noriega, cómplices del
narcotráfico y del lavado de
dinero.
