- El
Salvador en perspectiva
- Después del
diluvio: Austeridad
- Mario
Rosenthal*
Ante
el desastre que ha sufrido El Salvador, 221,642
casas dañadas o derrumbadas, dejando a la
gente a la intemperie, los centenares de
muertos, huérfanos incontables recogidos
por familiares, carreteras arruinadas o
interrumpidas, ciudades enteras reducidas a
escombros, 300,000 niños sin aulas, con
un estimado de daños que sobrepasa
más de un billón de colones y la
amenaza de nuevas ruinas, es poco lo que puede
decir un observador imparcial. No se puede
culpar a nadie ni a ningún organismo,
tampoco se puede alegar que se podría
haber evitado si se hubiera tomado las medidas
preventivas que fueron recomendadas a
través de los años. Lo notable es
la reacción del país que ha
estallado con una energía comparable con
la del mismo terremoto en actividades de
salvamento y reconstrucción patrocinadas
tanto por el gobierno, países amigos,
así como por organizaciones privadas
nacionales e internacionales.
Ahora el gobierno ha creado un plan
antidesastres que debe ser objeto de
legislación y que comprende identificar
las áreas más afectadas por el
terremoto del 13 de enero, incluyendo
carreteras, puentes y rellenos, establecer el
constante monitoreo sismológico,
vulcanológico y de los niveles de agua
que pueden ser causa de inundaciones,
identificar los desprendimientos, agrietamientos
y hundimientos de suelos, revisar las normas
para la construcción y por último
la creación de una entidad técnica
autónoma que estudiaría los
riesgos naturales que corre el país.
Todo eso es muy bonito, pero ¿de
qué sirve si de todos modos se construye
en áreas de alto riesgo, si las casas no
llenan las condiciones de seguridad que los
ingenieros establecen, si las carreteras se
diseñan para servir a dueños de
propiedades y no para llenar las necesidades de
los pobladores?. Ya existen leyes y reglamentos
que amparan casi todos los puntos del plan
antidesastres del gobierno, pero éstos no
se observan y aunque se hubiesen observado es
muy difícil que hubieran menguado la
fuerza devastadora igual a diez mil bombas
nucleares que liberó el terremoto del 13
de enero en cuestión de segundos.
No es remoto que los iluminados
señores diputados aprueben una ley, con
dispensa de trámites, que prohíba
las construcciones de bahareque y adobe, y
exijan que sean de cemento armado, agregada a
las otras condiciones del proyecto
antidesastres. Si los señores
legisladores sólo han dado tres
días de gracia para que entre en vigor el
seguro obligatorio vehicular contra daños
a terceros, después de tenerlo engavetado
durante seis años y aprueba alegremente
un préstamo del BID de $3.5 millones para
mejorar el trabajo legislativo con un sistema
electrónico de conteo de votos, cuando la
mayor parte del país está en
ruinas, no nos debe sorprender que de un
presupuesto de 19,000 millones de colones
solamente se asignen 83.6 millones de colones
para hacerle frente al desastre que ha sufrido
el país.
Parece que se espera poder atender a las
necesidades de más de un millón de
damnificados, 97 municipios en ruinas, 221,642
viviendas dañadas o destruidas, cientos
de kilómetros de carreteras
dañadas y muchas intransitables,
edificios gubernamentales inhabitables,
incluyendo el de la Procuraduría y el de
Correos, con donaciones y préstamos,
cuando el propio gobierno tiene que buscar 2,696
millones de colones por medio de bonos para
cubrir el déficit presupuestario.
Aunque países amigos han ofrecido
ayuda que suma $17 millones para hacer frente a
los gastos de emergencia de abrigar y alimentar
a los damnificados, hasta el 31 de enero,
según el Ministerio de RR.EE. solamente
se había recibido un millón de
dólares. La reconstrucción de la
infraestructura no se puede lograr a base de
donaciones, esto sólo se logrará a
base de préstamos internacionales, que
enfrentan el engorroso y politizado proceso de
aprobación de dos tercios de los
diputados. Esto no augura bien para la
reconstrucción del país que
requiere patriotismo y esfuerzo unificado y no
partidismo divisivo y egoísta.
