Habrá
inspección permanente al comercio
DPC vigilará
conversión de precios
El usuario será el consentido en el
proceso de dolarización. El Gobierno se
compromete a garantizar la estabilidad de
precios de los productos y servicios
El Diario de
Hoy
Las tarifas de los servicios públicos
se podrán pagar en dólares o en
colones. Cada secretaría de Estado
incluirá en las facturas de pago mensual,
los montos correspondientes en ambas
monedas.
Los almacenes, tiendas, restaurantes,
industria, transporte, farmacias y los
supermercados, entre otros, están
obligados a exhibir los precios de sus productos
y servicios en las dos monedas de curso legal
que rigen a El Salvador desde ayer.
Pero no sólo eso. Las conversiones de
lo precios de colones a dólares, tienen
que ser de acuerdo con las normas de
aproximación de la matemática, ya
que de lo contrario, se originaría
especulación en el mercado y con ello,
inestabilidad económica y social.
Quienes no acaten las anteriores
disposiciones, serán juzgados
según el Artículo 13 de la Ley de
Protección al Consumidor, el cual
clasifica los delitos de violación y las
respectivas sanciones.
Todo, ¿para qué? Pues nada
más que para garantizar la estabilidad de
los precios en el mercado y evitar que los
habitantes del país atraviesen
dificultades en el nuevo entorno del Programa de
Integración Monetaria.
Por ello, el Ejecutivo, con la ayuda de
varias gremiales empresariales,
implementarán cinco mecanismos de
supervisión y vigilancia, los cuales
garantizarán el respeto de los derechos
del consumidor.
Un plan
Las estrategias diseñadas por el
Gobierno para garantizar el respeto a la Ley de
Protección al Consumidor son: un plan de
inspecciones para verificar el cumplimiento de
la Ley de Integración Monetaria, un
programa de asesoría y recepción
de denuncias y la creación de unidades
móviles.
Además, la creación de un
Comité Operativo, el cual se
encargará de la implementación de
las medidas, y continuar con la campaña
de publicidad en todos los medios informativos.
Éste estará integrado por la DPC,
el BCR, MInisterio de Hacienda y las
superintendencias de Valores y Sociedades
Mercantiles, la ANEP y la Cámara de
Comercio.
Las inspecciones serán ejecutadas por
la DPC y el gabinete económico y
pretenden proteger a los consumidores del abuso
o fraude de los oferentes de productos y
servicios.
Éstas y las auditorías se
realizarán en todos los rubros del
mercado y en los catorce departamentos del
país. Si es necesario, se
solicitará el apoyo de las oficinas
regionales de la DPC, las cuales están
ubicadas en Santa Ana y San Miguel.
Además, con el objetivo de acercar la
consultoría a la población, el
Gobierno decidió implementar siete
unidades móviles permanentes.
Tales unidades estarán en los centros
comerciales de mayor afluencia en cada
departamento
Con la ejecución de las anteriores
medidas, el Gobierno planea prevenir o eliminar
cualquier distorsión del mercado
salvadoreño.
Las estrategias de protección al
consumidor que adoptará el Gobierno
durante el primer trimestre del 2001, le
costarán al gobierno aproximadamente
¢2 millones.
La suma se podría incrementar si
después de tal período, el
Comité Operativo evalúa el impacto
de las cinco estrategias y concluye que
éstas o algunas de éstas deben
continuar de forma permanente, indicó el
director de Protección al Consumidor
(DPC), Antonio Méndez Llort.
