La
deuda en Letes asciende a ¢3,600
millones
Gobierno urge
aprobación de bonos a la
Asamblea
Solo hay tres caminos: la
concertación con los partidos
políticos para la aprobación de
los bonos, la disminución del Presupuesto
para el 2001 o el endeudamiento
público
- Evelin
Galdámez
- El Diario
de Hoy
Para
que no se repita la historia de
inconstitucionalidad, el Gobierno tiene la
urgencia de concertar con los partidos
políticos representados en la Asamblea
Legislativa, para que se aprueben los
¢2,656 millones de bonos que se necesitan
para financiar el presupuesto del próximo
año.
Hoy más que nunca, debido a la crisis
del sistema de salud y a la mayor demanda de
educación pública, el Estado
espera que los partidos de oposición
tengan todos los elementos de juicio para que
apoyen el proyecto presupuestario definido para
el 2001.
También sueña con que un toque
de magia llene de racionalidad las decisiones
legislativas y por un momento, la amnesia invada
el apego a colores e intereses
políticos.
De no ser así, los que se benefician
con los servicios públicos, especialmente
de salud, educación e infraestructura,
tendrían menos atención, pues el
presupuesto planeado, que asciende a
¢19,392.3 millones, se reduciría en
la misma cantidad de bonos que no se
emitirían.
Según el ministro de Hacienda,
José Luis Trigueros, el camino de la
concertación iniciado hace tres semanas
entre el Gobierno y los jefes de fracción
del Parlamento, continuará hoy con la
presentación del programa fiscal, el
endeudamiento público y el Proyecto de
Presupuesto.
En éstos dos últimos
años -99 y 00-, el Estado no ha podido
emitir los bonos aprobados por el legislativo,
porque la misma no fue con mayoría
calificada, sino con mayoría simple,
razón por la cual la Corte Suprema los
declaró inconstitucionales.
Deuda
Debido a la creciente demanda de servicios y
a la escasez de fondos, agravada ésta por
la ilegalidad de los bonos aprobados, el
Gobierno tuvo que acrecentar su deuda, esta vez
con la emisión de Letes, tanto en el
mercado local como internacional.
Hasta le fecha, tal tipo de deuda alcanza los
¢3,600 millones, razón por la cual,
lo que menos desea el Ejecutivo es continuar
acrecentando la deuda del país, sobre
todo cuando los ingresos del Fisco no aumentan
de acuerdo con lo proyectado.
De acuerdo con Trigueros, el camino
más conveniente para todos los
salvadoreños es la concertación,
pues de lo contrario se retrasaría el
programa de inversión pública y se
generaría inestabilidad política e
incertidumbre económica.
Agregó que debido a que no se pueden
disminuir los montos asignados para el pago de
la deuda pública, el servicio de la misma
y las obligaciones generales del Estado, la
única alternativa que resta es bajar los
presupuestos de las carteras de servicios.
El BCR
Alguien podría decir que el problema
de financiamiento se resolvería con la
intervención del Banco Central de Reserva
(BCR), pero debido a que por ley eso no puede
ser posible -el banco no le puede prestar dinero
al Gobierno-, no queda más remedio que
concertar o disminuir la cobertura de servicios
estatales.
Además, actualmente el Estado le debe
¢4,800 millones al BCR, deuda que arrastra
desde la década del 80, cuando el banco
le solventaba la necesidad de liquidez al
Gobierno Central o a los ministerios.
Según Trigueros, se está
considerando la posibilidad de reestructurar la
deuda que tienen con el BCR, de tal manera que
se convierta en deuda de largo plazo en
dólares y se bajen los intereses.
De lograrse, y teniendo en cuanto que se
prevé la continuidad de un tipo de cambio
fijo, se ahorrarían ¢300 millones en
concepto de pago del servicio de la deuda
pública.
Además, Hacienda podría
autorizar que se emitan bonos y se comercialicen
en el mercado secundario local.
Con la imposibilidad de que el mencionado
banco le preste al Estado, se han disminuido las
presiones inflacionarias, se ha potenciado el
ordenamiento del sistema financiero y se ha
garantizado la estabilidad monetaria.
