La
Nota del Día
05 de Noviembre de
2000
Internacionalizando
linchamientos
No se trata de una
"internacionalización de la justicia",
concepto absurdo, cuanto de una
"internacionalización" de los
linchamientos, en la que jueces politizados
escogen a sus víctimas, las persiguen,
las arruinan y luego sueltan los despojos. La
parcialidad con que actuó el juez
Garzón en el caso Pinochet, y del juez
Harly con los dos generales salvadoreños,
contrasta con la impunidad que protege a los ex
dictadores del desplomado "bloque socialista de
naciones", a Fidel Castro y a los sandinistas, a
Milosevic y a Idi Amín.
La tesis en que se apoyan estos linchamientos
es que un comandante, o la cabeza titular de un
gobierno, es responsable de los actos y delitos
cometidos por sus subalternos, indistintamente
del espacio que los separe en la cadena de
mando. Un jefe policial sería entonces
culpable de los secuestros perpetrados por
agentes de línea, y en última
instancia, también el ministro y el
propio presidente de una nación.
Existe, sin embargo, un precedente respecto a
las atrocidades cometidas por oficiales y
soldados de bajo rango, y la total
responsabilidad de sus más altos jefes:
el del holocausto judío durante la
Segunda Guerra Mundial. "Resolver la
cuestión judía" fue una
explícita y monstruosa política de
Hitler y la dirigencia suprema del nacional
socialismo alemán. La cadena de mando en
su totalidad, desde los mariscales hasta la
tropa, tenían como una de sus misiones,
exterminar judíos y miembros de "razas
inferiores" como los gitanos. Hubo comandantes,
como Rommel y von Rundstedt, que pudieron
desobedecer sin hundirse en la desgracia; otros,
como el jefe militar de Polonia, no sólo
se ocupó de cumplir con el genocidio,
sino que personalmente colocó las cargas
que dinamitaron la Sinagoga de Varsovia. El
arrasamiento del gueto judío de esa
ciudad fue un regalo de cumpleaños para
el Füehrer.
Mientras no haya pruebas inequívocas y
suficientes de que los crímenes se
cometen para cumplir con una política
general, no puede tomarse como responsable a un
comandante, por los excesos de sus subalternos.
Son muchos los generales que ajustician a
soldados bajo su mando por violaciones y
asesinatos; otros los entregan a la justicia
civil, actuación que difiere de las leyes
de las pandillas. Las bandas protegen a sus
miembros hagan lo que hagan, como con los
sandinistas, uno de cuyos lemas, aplicable a la
infame piñata, es: "lo robado, robado
queda".
La política fue
respetar los derechos humanos
A lo largo de la guerra, el Ejército
salvadoreño dio pruebas de estar sometido
a las directrices y estrategias de los civiles a
cargo del desgobierno duartista. Son
innumerables los casos en que los comandantes
tuvieron que levantar un cerco contra la
guerrilla, por órdenes precisas del
mandamás o de los asesores
norteamericanos. A causa de ello, una guerra que
pudo haberse resuelto en poco tiempo,
perduró doce años, más que
las dos guerras mundiales juntas. En ese largo
lapso muchos oficiales se corrompieron y fueron
culpables de excesos terribles, pero el
Ejército como institución
procuró cumplir con normativas
civilizadas, incluyendo el respeto a los
derechos humanos.
El fallo en Palm Beach sienta un precedente:
en una situación casi caótica, un
comandante no puede ser responsable de los
crímenes perpetrados por su tropa. La
contraparte, empero, sí adoptó una
política de asesinatos, como los
atentados dirigidos contra el gobierno de
entonces.
