Urge ley de
intervenciones
Enmiendas. Muchos piden una ley de
intervenciones telefónicas para combatir
el crimen organizado. En la Asamblea Legislativa
existe un anteproyecto que deberá
esperar
El Diario de
Hoy
A
pesar del agravio, los afectados por el
espionaje telefónico están de
acuerdo con la aprobación de una ley de
intervenciones telefónicas, para combatir
el crimen organizado.
Unos de los más interesados es el
mismo Fiscal General de la República,
Belisario Artiga, a quien le habían
intervenido el teléfono de su oficina,
según la reciente resolución.
En varias ocasiones, Artiga ha manifestado su
apoyo a las reformas a los códigos
penales, para interceptar llamadas
telefónicas siempre y cuando "sirvan para
combatir el crimen y sean autorizadas por un
juez".
En tanto, Jorge Zedán, presidente de
la compañía telefónica
Saltel, que interpuso la demanda contra Telecom,
también apoya esa iniciativa. "Debe ser
una ley que tenga sentido, que sea honesta, que
busque la verdad y los asesinos de cualquier
tipo", declaró.
Visión legislativa
Conocidas las sanciones contra Telecom,
varios diputados corrieron ayer a revisar sus
apuntes y el estado en que se encuentra un
anteproyecto para aprobar una ley de
intervenciones.
José Antonio Almendáriz, del
PCN, reconoce la urgencia de legislar en ese
sentido.
Sin embargo, existe un problema de tiempo y
voluntades. Para aprobar esa normativa, debe
reformarse el Artículo 24 de la Carta
Magna, que prohíbe las intervenciones
telefónicas. Cuarenta y tres votos son
suficientes.
Esa enmienda debe ser ratificada -con 56
votos- por la próxima legislatura, es
decir, en el 2003.
Entonces, ¿qué hacer por el
momento? "Esperar", expresa René
Figueroa, de ARENA, quien tiene una
explicación a los retrasos. "En la
legislación anterior, se presentó
un anteproyecto para hacer esas reformas, pero
no las aprobamos porque no contamos con los
votos del FMLN".
A pesar del señalamiento y de la
sorpresa por la sanción contra la
operadora de teléfonos, los dirigentes
del partido de izquierda no cambiarán su
posición de no apoyar esas reformas, que
consideran dañinas para la sociedad.
