Tema
del momento
Manzanas
podridas
Salvador
Samayoa*
Nuestro país está alarmado
por el involucramiento de policías en
actos delincuenciales. Todavía no se
conoce bien la magnitud del problema. Lo que
sabemos a ciencia cierta es que son muchos
casos. También sabemos que el mal debe
corregirse de manera drástica y
urgente, porque además del daño
ocasionado en cada hecho delincuencial, se
está causando un daño
gravísimo en la confianza de la
población hacia la autoridad.
Cualquier
delincuente es malo para la sociedad, pero la
gente espera siempre -a pesar de todos los
pesares- la protección de las
autoridades. Por eso, cuando es la autoridad
misma la que delinque, la gente ya no tiene
en quien confiar.
Entre las autoridades del Estado puede
haber -seguramente hay- muchas manzanas
podridas. Tantas o más que en la
Policía. Lo que hace diferente al
policía es el uniforme, las armas, las
particulares atribuciones y el contacto en
cada esquina con la población.
Cuando un político actúa
mal, el juicio recae sobre su persona, con
nombre y apellido. En el peor de los casos
mancha un poco a su partido. Pero los
políticos no van con uniforme. La
gente puede distinguir a uno de otro.
Además, la gente no tiene mucho
peligro de encontrárselos en la calle,
a menos -claro está- que haya
elecciones. Además los
políticos no están facultados
por la ley para detener a los ciudadanos en
los vehículos o en los buses, o para
entrar a sus casas de habitación.
Afortunadamente.
Los policías son diferentes. Cuando
un policía actúa mal,
actúa la Policía.. Y no hay
manera de paliar el daño a la
institución. Cuando se trata de
políticos, de empresarios, de abogados
o de cualquier otro gremio, la gente procesa
la frustración y el escándalo
de diferente manera. La gente comenta el
discurso de uno, la rabieta de otro, la
payasada de otro, o el fraude de otro, con
nombre y apellido. Cuando se trata de
policías, la gente dice: me
paró la Policía, y dice bien
porque, efectivamente, es una
institución entera del Estado la que
lo ha detenido.
El delincuente común defrauda,
estafa, roba, viola, hiere o mata a nombre
propio, con camisa de cuadros o con saco y
corbata. El policía lo hace -cuando lo
hace- con el uniforme de la autoridad a la
que el Estado ha encargado la
protección de los ciudadanos.
No hay más que argumentar. Es
evidente que el daño ocasionado por un
policía corrupto es de naturaleza
diferente al daño que ocasiona un
ciudadano común. En consecuencia,
también es evidente que este
daño se debe prevenir y sancionar de
manera diferente. La Policía no es un
gremio, o un sindicato, o un club de amigos,
o un agrupamiento cualquiera de
ciudadanos.
La depuración de la Policía
es una necesidad indiscutible. El problema es
quién la hace y cómo se hace,
pero sin poner en duda, como punto de
partida, que se trata de una situación
excepcional y de mucha gravedad, ya que si no
se acepta esta manera de ver las cosas desde
la institucionalidad democrática
normal, se abrirán espacios a otras
definiciones, actitudes y situaciones en las
que no quisiéramos ni pensar.
La depuración de la PNC se debe
hacer, de preferencia, con respaldo de todas
las fuerzas políticas, a menos que
alguna de ellas decida oponerse sin
argumentos válidos desde el punto de
vista del interés social. Esto
significa, en términos muy concretos,
resistir a cualquier tentación de
"madrugones" legislativos o de iniciativas de
ley que sorprendan a los que siempre resultan
sorprendidos con toda clase de sorpresas.
Dicho esto, sin embargo, también
debe decirse que la situación no
permite esperar que llegue el día del
juicio final discutiendo las cosas en aras
del consenso político, porque el
tiempo apremia y porque el Órgano
Ejecutivo del Estado tiene la
obligación de responder a los
ciudadanos por el funcionamiento de la
Policía.
En este sentido, lo que procede es actuar
en un clima sano y constructivo de
entendimientos políticos. Esta es,
claramente, la señal que ha querido
enviar el Presidente de la República
al conformar el equipo de trabajo que debe
orientar las medidas más urgentes y la
creación de mecanismos institucionales
que sean efectivos a mediano y largo
plazo.
Sobra decir que el saneamiento inmediato
del clima político comienza por hacer
a un lado cualquier discurso que
señale o acuse sin fundamento
válido a elementos policiales por
razón de su pasado político. La
depuración de la Policía se
debe hacer con una extraordinaria pureza de
criterios. El que quiera realizarla,
obstruirla o manejarla para perjudicar la
imagen de sus adversarios políticos,
tendrá que asumir un costo
altísimo en términos de censura
popular.
También debe estar claro que la
depuración tiene un carácter
eminentemente administrativo. Es muy
importante entender que determinado tipo de
elementos probatorios son imprescindibles
para acusar judicialmente a una persona, pero
no son imprescindibles para separar a una
persona de determinada función o
cargo. Para este último
propósito basta con apegarse a
procedimientos que se deben poder adaptar sin
arbitrariedades a necesidades cambiantes en
cualquier institución del Estado.
De eso se trata, precisamente, la
propuesta que debe presentarse para depurar a
la PNC. No es necesario violar las leyes por
razones de emergencia, pero tampoco es
razonable anclarse en leyes inamovibles que,
en este caso, podrían anular cualquier
intento serio de depuración. La
solución jurídica es la
creación de mecanismos justos pero
mucho más ágiles para separar
de la institución a personas que
acumulan indicios consistentes de conductas
indebidas.
Esto va a plantear un problema de
retroactividad, porque se tratará de
mecanismos nuevos para procesar faltas
anteriores, pero esto tiene solución
constitucional si procedemos con genuina
voluntad política y con efectivo
criterio de responsabilidad social. Lo
más decepcionante e inaceptable
sería la parálisis o la
politización ilegítima de un
problema tan sensible para toda la
población.
La depuración no es por sí
misma garantía futura de limpieza y
efectividad institucional. Para este efecto
se deben hacer muchos cambios en la
conducción de la PNC y en todas las
instituciones del ramo de seguridad
pública, pero la amplitud de esta
agenda no debiera excusarnos de hacer
inmediatamente lo que el pueblo entero
está pidiendo a gritos.
* Columnista de
El Diario de Hoy
