La
Nota del Día
19 de Julio de 2000
"Moralidades" de
conveniencia
"...el alcalde capitalino... consideró
que los diputados deben legislar para que los
casinos no queden en un limbo
jurídico..."
"...la concejal (Morena Herrera)
preguntó por las consecuencias de no
ordenar el cierre hasta tener una mejor
legislación de las casas de juego..."
EL DIARIO DE HOY, 10 de junio de 2000
Con tristeza tenemos que retirar el
calificativo de "entereza cívica" que
dimos al Concejo Municipal por ordenar los
cierres de casinos y "chiviaderas". O tal vez
sea del caso hablar de "entereza cívica a
medias", o pasajera. Por las señales que
se tienen, el Concejo, como un número de
personas y organizaciones, no acaba de entender
cuál es el problema medular del juego
organizado.
Lo que se necesita es el cierre definitivo de
los casinos, y volver a la prohibición de
siempre contra el juego en todas sus formas.
Aunque en El Salvador han existido "chiviaderas"
ilegales, y los juegos de dados son parte del
folklore dominguero en las zonas rurales (como
los homicidios que de allí se derivan),
nunca las leyes del país los toleraron.
La extinta Guardia Nacional persiguió
esos antros y dispersaba a los jugadores, aunque
los guardias en lo individual jugaran a
escondidas cartas dentro de sus cuarteles.
Sorprende lo que dice la concejal Herrera
sobre "una mejor legislación de las casas
de juego". En esta nueva ley que ella demanda,
tendrían que existir disposiciones para
que haya un más decoroso lavado de
dinero, una superior regulación de las
pobres mujeres que se ven forzadas a
prostituirse, un control debido del comercio de
estupefacientes que se realiza a la sombra de
los casinos, y similares salvaguardas. En esto
habría que incluir también medidas
para mitigar la ruina de las familias a causa
del juego, el enviciamiento de personas, la
perdición de tantos jóvenes, y el
ambiente que se genera de disipación
moral y relajamiento de las costumbres.
Ni que iglesias los manejen
dejan de pervertir
Es una desgracia para los
salvadoreños, que la mayoría de
sus dirigentes carezca de conciencia moral para
discernir entre el bien y el mal, creyendo que
la cuestión se resuelve adecuando las
leyes a la exigencia de los casinos, o cuidando
que los operadores sean "inversionistas serios".
La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán se
precia de que las "chiviaderas" a las que
otorgó permiso "indefinido" son propiedad
de inversionistas tejanos "muy correctos". Y
como son "correctos", que se queden
allí.
Por nuestra parte y yendo a un extremo
hipotético, si el Arzobispado de Managua,
con el cardenal Obando a la cabeza, decide
instalar casinos en San Salvador destinando la
totalidad de las ganancias a orfelinatos e
indigentes, el problema sigue siendo igual. Lo
primero es que los casinos no tienen manera,
aunque lo quisieran, de evitar que a su sombra
proliferen los mercaderes del vicio; lo segundo,
que aunque los tahures apostaran dentro de
iglesias, el juego les sigue pervirtiendo,
daña profundamente a sus familias y pone
en movimiento fuerzas envilecedoras del clima
social. No es casual que en Estados Unidos,
lleno de "inversionistas tejanos" y de toda
clase, se cuenten con los dedos de una mano los
estados donde se autoriza el funcionamiento de
casinos.
El asunto, repetimos, no es de inadecuadas
leyes, sino de amoralidad e inmoralidad, de
funcionarios incapaces de comprender la
cuestión moral.
