Lunes 10 de julio


La Paz
Tribunal exonera a ex juez acusado de corrupción

El ex juez 2o. de lo penal de Zacatecoluca, Dr. Eduardo Morales Martínez, de 65 años, fue exonerado por un tribunal colegiado, durante audiencia preliminar efectuada el 5 de julio, en el Juzgado 1o. de Instrucción. La audiencia inició a las nueve de la mañana.

Jesús Corvera
El Diario de Hoy

A Morales Martínez se le investiga por actos ilícitos que habría cometido cuando fungió como operador de justicia del tribunal 2o. de lo Penal, en los años de 1996-98, de enero a marzo del 98.

La fiscalía trató de probar que el imputado recibió dádivas durante su administración en la fecha señalada. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no encontró evidencias suficientes que apoyaran la hipótesis fiscal, por lo que determinó que no existe el delito que se le imputaba en esa ocasión.

El ex funcionario también enfrenta cargos por el delito de peculado. Al parecer, el indiciario sustrajo la cantidad de ocho mil colones de la colecturía departamental, siempre en la fecha señalada, fondos que permanecían ahí en calidad de depósito en favor de Manuel Omar Meléndez, dinero que fue depositado por Concepción Meléndez como fianza para beneficiar a un pariente de ella con problemas legales.

Con respecto a esta audiencia, la Lic. Marina Salazar de Argueta, jueza 1a. de Instrucción, indicó que el caso fue enviado a la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, para que señale nueva fecha de la celebración de la audiencia preliminar, la cual fue suspendida recientemente porque el defensor estuvo presente.

El delito de cohecho propio está contemplado en el Artículo 330 del Código Penal, donde se establece "El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto contrario a sus deberes o para no hacer o retardar un acto indebido, propio de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del empleo o cargo por igual tiempo".


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