Tomando
la palabra
Cultura
democrática
Salvador
Samayoa*
El
genuino respeto al Estado de derecho y a las
instituciones democráticas se mide cuando
la aplicación de las leyes o las
resoluciones judiciales resultan desfavorables a
nuestros intereses. Cuando éstas nos
benefician, el acatamiento y el discurso de
reafirmación de confianza en las
instituciones no implica mérito
cívico, ni constituye expresión
verdadera de vocación
democrática.
Hasta hace unos días, nos
tomábamos licencias excepcionales para
bromear con nuestros amigos "gringos",
deleitándonos con un poco de morbo en la
difícil situación jurídica
y política que enfrentaban los Estados
Unidos por el empantanamiento de las elecciones
de noviembre. Incluso logramos expresar un poco
de humor político -que buena falta nos
hace en la vida cotidiana-, ofreciendo a
nuestros amigos la asesoría de un
país civilizado como el nuestro, que ya
había superado la etapa de enredarse y
confrontarse por cosas tan triviales como los
resultados electorales.
Ahora la confusa y embarazosa
situación política está
zanjada y el sistema democrático de los
Estados Unidos nos ha ofrecido una
lección interesante y de mucha
actualidad. La decisión de la Suprema
Corte fue acatada sin remilgos por todos los
actores políticos y la forma, a la vez
necesaria y perniciosa, del enfrentamiento se
desvaneció para ceder el espacio a otro
momento y a otra forma de lucha
política.
Los jueces de la Suprema Corte de los Estados
Unidos son designados por el Presidente de la
República. Difícil imaginar un
sustrato político mayor en los
nombramientos, pero cuando la Corte resuelve,
nadie argumenta el sesgo político para
cuestionar o restar validez a la decisión
judicial.
Estaba en juego ni más ni menos que la
presidencia de los Estados Unidos. El voto
popular en todo el país favorecía
a Gore; la diferencia en el estado de Florida
era de poco más de 500 entre 6 millones
de votos; las demandas por irregularidades
tenían sustento; las pasiones
habían aflorado, y, sin embargo, el
candidato demócrata aceptó de
inmediato, con gran sentido de responsabilidad y
con toda la elegancia posible, la
decisión de la Corte. Dedicó una
sola línea de su excelente discurso a
declarar su insatisfacción. Lo
demás fue conceder la victoria al
candidato opositor y convocar al país a
restañar las heridas de la contienda.
Citó las palabras del senador Douglas,
cuando éste concedió la victoria a
Abraham Lincoln: "El sentimiento partidario debe
ceder al patriotismo. Estoy con usted,
Señor Presidente; que Dios lo bendiga". Y
agregó: "Ahora ha hablado la Suprema
Corte. Que no haya duda: aunque estoy en
desacuerdo con la decisión de la Corte,
la acepto".
En las horas siguientes, visita de
cortesía de Bush a Gore. Cortesía
y conveniencia política bien entendida,
que buena falta nos hace en casa, dicho sea de
paso. Visita también al presidente
Clinton, con la debida modestia y con el debido
sentido práctico de la política.
"Si el Presidente tiene la amabilidad de darme
algún consejo, lo tomaré.
Los vecinos del norte -republicanos y
demócratas- no tienen más
alternativa que entenderse, entre otras razones,
porque los 100 escaños del Senado
quedaron repartidos en partes iguales. Ahora
sí: "fifty-fifty", literalmente. Pero no
es sólo el sentido práctico de la
política el que anima el entendimiento.
En el fondo está la acumulación
cultural de genuino respeto al régimen
democrático.
En El Salvador es difícil recordar
alguna decisión de la Corte que no sea
cuestionada con altavoces por la parte
política perdedora. Bien es cierto que
nuestra Corte Suprema no ha sido tan respetable
como la Suprema Corte de los Estados Unidos,
pero también es cierto que nuestro
interminable cuestionamiento de resoluciones
judiciales de carácter constitucional es
expresión de un grave problema de cultura
política democrática.
Imaginemos el escenario. Es ahora
política-ficción, pero tal vez no
lo sea tanto dentro de cuatro años.
¿Cuál sería la
reacción de nuestros políticos, si
tocara en turno a nuestra Corte Suprema una
decisión de semejante envergadura?
¿Podemos imaginar al candidato, a la
Dirección y a las bases del Frente
aceptando la decisión? Tal vez, porque
tiene algo de experiencia en la difícil
empresa de no llegar nunca al poder.
¿Podemos imaginar a ARENA aceptando la
decisión? Difícil
previsión. Pronóstico
reservado.
Ahora un escenario de realidad, ya no de
política-ficción. ¿Podemos
imaginar a nuestros partidos acatando el mandato
de entendimiento constructivo que emana de las
urnas? Nuestra Asamblea Legislativa no
está en situación de
"fifty-fifty", como el Congreso de los Estados
Unidos, pero ARENA y el FMLN sí
están empatados y, de todas maneras, se
rehusan casi todos los días a entender su
empate como mandato de entendimiento por parte
de los electores.
Ayer, una decisión de la Corte Suprema
de Chile revirtió la orden de arresto del
general Pinochet. Furiosas protestas. Igual que
haríamos nosotros &emdash;algunos ya lo
hacen&emdash; en casos similares. Mañana,
nuestra Corte Suprema decidirá sobre la
constitucionalidad de la Ley de
Integración Monetaria, o sobre la
constitucionalidad de la Base Militar
estadounidense en nuestro territorio. El
acatamiento de las decisiones es seguro, pero el
berrinche también.
Ese es el problema. Hemos avanzado en eso de
acatar. Hemos avanzado menos en aquello de no
manipular. Pero no hemos avanzado en nuestra
costumbre de dejar envenenado y amargado el
ambiente político después de las
confrontaciones. Y, sobre todo, no hemos
avanzado en superar la tentación de
desacreditar a las instituciones y de minar su
credibilidad después de cada
decisión que no nos satisface. Este es un
problema de cultura democrática,
asignatura todavía pendiente en nuestro
proceso de transición.
