San
Vicente
Estudian libertad para
ex guardia
Al cumplir dos tercios de la condena, un
ex miembro de la Guardia Nacional preso por la
muerte de tres monjas y una laica norteamericana
pide su libertad
El Diario de
Hoy
La regional paracentral de la Fiscalía
General en San Vicente estudia la
petición de libertad condicional en favor
de uno de los ex guardias que fueron condenados
a 30 años de prisión por el
homicidio de tres monjas y una laica
norteamericanas.
La petición está en manos del
fiscal adscrito al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de San Vicente, quien
deberá pronunciarse sobre si el ex
miembro de la disuelta Guardia Nacional,
Francisco Orlando Contreras Recinos, cumple con
los requisitos para gozar de la libertad
después de haber purgado, hasta este
momento, casi 20 años de
cárcel.
Contreras Recinos fue condenado, junto a
cuatro más de sus compañeros, a 30
años de prisión por los delitos de
homicidio, hurto calificado y daños, en
perjuicio de tres monjas y una laica
norteamericanas.
Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la
laica Jean Donovan fueron asesinadas, por "orden
superior", según han revelado los ex
guardias.
El hecho ocurrió el 11 de diciembre de
1980, en el cantón y Hacienda San
Francisco, jurisdicción de Santiago
Nonualco, Zacatecoluca, La Paz, a las 11:00 de
la noche, en el marco del conflicto
bélico que vivió el país
por más de una década.
De los cinco ex guardias condenados,
sólo Francisco Orlando Contreras Recinos
y Carlos Joaquín Contreras purgan su
pena, ya que en junio de 1898, los otros tres,
Luis Antonio Colindres Alemán, Daniel
Canales Ramírez y José Roberto
Moreno Canjura fueron puestos en libertad al
concedérseles la libertad condicional en
el Juzgado Primero de Instrucción de
Zacatecoluca, a pesar de la oposición de
la Fiscalía.
El representante del Ministerio
Público explicó que la
petición del ex guardia fue interpuesta
el pasado 31 de julio.
Falta
Para responder a la solicitud, es necesario
establecer en forma precisa, el tiempo que el
reo ha pasado en prisión, verificar si ha
reflejado buena conducta y comprobar si ya
cumplió con la responsabilidad civil a la
que fue condenado.
Estas diligencias sólo podrán
desarrollarse después de que el
expediente original esté disponible en el
Juzgado Primero de Instrucción, pues por
el momento está en la Corte Suprema de
Justicia, pendiente de resolver una
petición de indulto.
En 1998, el Ministerio Público se
opuso a la libertad de los cinco reos
condenados, porque no habían cumplido con
la responsabilidad civil en favor de los
familiares de las víctimas y porque dos
de los que aún están en
prisión no cumplían con el
requisito de la buena conducta.
