Un policía, un estudiante de bachillerato y dos trabajadores de un car wash fueron asesinados, en los últimos seis días, en Mejicanos, que está entre los 10 municipios donde el Gobierno ejecuta el Plan El Salvador Seguro, desde mediados de 2015.
Ese municipio es donde la criminalidad no da tregua, donde la inseguridad no da cabida a las estadísticas policiales que indican que ha habido una reducción general en la cifra de muertes violentas; pasando de 20 homicidios diarios en el primer cuatrimestre de 2016 a 10 asesinatos en los primeros meses del presente año.
El Plan El Salvador Seguro, según las autoridades, contempla la realización de acciones específicas, como garantizar la seguridad en el territorio y brindar oportunidades educativas y laborales a sus habitantes.
Paradójicamente, el domingo, el agente fue ultimado a balazos al enfrentarse con pandilleros mientras hacía un patrullaje preventivo en la colonia Zacamil.
Dos días antes, al estudiante le quitaron la vida unos pandilleros cerca de la colonia Asunción, cuando iba a reunirse con sus padres para ir al Instituto Nacional de Ayutuxtepeque a pedir sus calificaciones.
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Además, el jueves, en la colonia Las Colinas, unos sujetos mataron a los trabajadores de un “carwash” porque no habrían pagado la extorsión.
El doble homicidio fue cometido a pocos metros de donde, en enero pasado, fueron asesinados cinco miembros de una empresa de taxis.
Hechos de violencia similares, registrados por las autoridades en meses recientes, han obligado a residentes de la localidad a dejar sus casas en busca de zonas seguras. Mientras que dueños de algunos negocios han debido optar por otras fuentes de ingresos porque ya no alcanzan a pagar las extorsiones.
Pese a este lúgubre panorama, el alcalde de Mejicanos, Simón Paz, aseguró este jueves que “después de mucho tiempo de vivir en una tremenda desesperanza, en nuestro municipio estamos viendo ya el final del túnel”, al haber dejado de ocupar el tercer puesto en el listado de municipios más violentos y posicionarse en el séptimo peldaño. Paz asistió a un evento en el cual el Gabinete de Seguridad informó del trabajo realizado en los últimos tres años.
En la actividad, el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde -quien fue acompañado por el director de la Policía, Howard Cotto; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y el titular de Centros Penales, Rodil Hernández- destacó la reducción de muertes violentas en un 53% con respecto al año anterior.
Mientras que las extorsiones han bajado en un 27%, el robo de vehículos en un 53% y el hurto en un 34%.
En este lapso también fueron desarticuladas 163 estructuras pandilleriles y 63 bandas dedicadas al crimen organizado. Además reportó las detenciones de 58 delincuentes que estaban en el listado de “Los 100 más buscados”; otros 13 murieron en diferentes enfrentamientos con policías y militares.
Las autoridades señalaron que la aplicación de medidas extraordinarias en las cárceles ha contribuido a bajar los homicidios porque, entre otros aspectos, se tiene mayor control de visitas y se ha cortado el tráfico de las telecomunicaciones.
Sensación de inseguridad pese a disminución de homicidios
La reducción de homicidios este año ha sido significativa si se toma en cuenta que en los primeros cuatro meses de 2015 fueron cometidos 1,545 asesinatos. Ese año, El Salvador se posicionó como el país más violento del mundo. Y el año pasado la cifra de enero a abril fue: 2,368.
Expertos en temas de criminalidad manifestaron, que en 2015, el incremento de estos hechos podría deberse al traslado de cabecillas de pandillas hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz.
Ese año, que cerró con 6,656 muertes violentas, un buen porcentaje de víctimas eran menores de edad, lo que llevó a organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a mostrar su indignación y preocupación por la escalada de violencia contra niños y adolescentes. Un informe de UNICEF señaló que El Salvador estaba a la cabeza de los países con mayores tasas de homicidios contra niños y adolescentes entre 0-19 años, con 27 muertes por 100,000 habitantes.
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En 2016, se agudizó la violencia, por segunda vez, terminó como uno de los años más sangrientos después del conflicto armado de la década de los 80. Entre enero y abril, las autoridades registraron 2,362.
Uno de los hechos de violencia que más repudio causaron fue la masacre de 10 empleados de una empresa de electricidad y un jornalero, quienes fueron asesinados con saña por pandilleros en una zona rural de San Juan Opico, en La Libertad.
El múltiple homicidio fue cometido el 11 de marzo, a finales de ese mes las autoridades decidieron aplicar las medidas extraordinarias, con la que se impediría que los cabecillas de pandillas recluidos en las cárceles continuaran ordenando a sus cómplices en libertad que cometieran asesinatos y otros delitos.
En los primeros cuatro meses de este año, las autoridades fiscales han registrado 1,033 muertes violentas, aunque difieren del dato de la PNC: 1,110. En enero y febrero hubo un promedio de ocho muertes por día, pero en marzo y abril subió a 10.
La disminución de hechos de sangre anunciado por las autoridades no ha logrado impedir que entre los ciudadanos haya una sensación de inseguridad. Aunque en más de una ocasión las autoridades han señalado que la mayoría de muertos eran pandilleros, en los últimos días han sido asesinados profesores, estudiantes o comerciantes. En algunos casos, el ataque no era para las víctimas, sino que quedaron en fuego cruzado.
Otro hecho que es cada vez más frecuente: los delincuentes asesinan a sus víctimas con saña, también que ya se han documentado varios casos en los que algunos agentes de seguridad pública están vinculados con pandilleros y los ayudan a cometer delitos.