Entrampada
Comisión: cuatro propuestas en 35 días

Polémica. Le reclaman que discuta temas vitales para la seguridad pública. Responde que no aceptarán presiones

Publicada 6 de diciembre de 2006 , El Diario de Hoy

Asume. La entidad fue juramentada por el Presidente Saca el 1 de noviembre pasado.Foto EDH

Financiarían seguridad con cargo a celulares

Amás de un mes de creada y en cuatro reuniones, la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social destaca que ha propuesto un refuerzo presupuestario para la Policía y la Fiscalía, más restricciones para portar armas en sitios públicos, la unificación de estadísticas sobre la criminalidad, la introducción de la materia convivencia ciudadana y que no se condonen más las multas, pero no ha tratado temas clave como la ley de jueces blindados, la reforma penal o el sistema penitenciario.

Sin embargo, para el coordinador de la entidad, Mauricio Loucel, “en menos de un mes la Comisión ha dado resultados específicos... trabajamos sobre prioridades pero también sobre factibilidades”.

El declarante, quien es rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), respondió así al ser consultado sobre el porqué del retraso en estudiar temas prioritarios o definidos como el proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado, que crea tribunales especiales para juzgar delitos sumamente graves o complejos, como homicidios, extorsiones y secuestros.

No obstante, algunos sectores quisieran que la Comisión funcionara con mayor celeridad, como lo dijo en su momento el Arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle. “Sinceramente no sé cómo están de trabajo... Quisiéramos todos que hubiera propuestas más claras, que fueran aprobadas de manera inmediata, pero no está ocurriendo eso”, manifestó el prelado.

La Comisión está formada por 14 representantes de iglesias, universidades, partidos políticos y empresa privada. Si bien fue fundada el 1 de noviembre y se ha reunido cada martes en la sede de la delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo ha tenido cuatro sesiones formales.

Pero las reuniones han transcurrido entre propuestas que van desde pedir que unifiquen estadísticas de delitos hasta el desarme en 20 municipios, la cual fue aclarada posteriormente. Según la Comisión, no pidió exactamente eso sino que se ampliaran las restricciones a la portación de armas en lugares públicos.

Fuentes que pidieron no revelar sus nombres afirmaron que, casi de manera confidencial, ayer mismo le fue entregada a los diputados miembros una propuesta que permite que los ministerios de Gobernación y Defensa declaren “vedas de tenencia y portación de armas” en algunos municipios. El diputado Óscar Kattán confirmó que recibieron el documento, pero rechazaron la veda para la tenencia.

Además, de entrada se han rehusado a tratar el proyecto de ley contra el crimen organizado porque, a juicio de algunos integrantes, si haberlo discutido dicen que “es inconstitucional”.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Ulices del Dios Guzmán, reclamó duramente hace dos semanas a la entidad por qué no ha definido sobre la también llamada ley de jueces blindados.

Guzmán explicó que el tiempo está pasando y no se trata sólo de decretar la fundación de tribunales, sino que después viene un proceso burocrático para nombrar a los titulares y al personal, conseguir las sedes, logística y otros pasos.

“Aún no se ha abordado. Es una ley muy delicada, muy compleja y de mucha trascendencia así que la hemos dejado para después, Yo creo que va a ser un punto único de discusión, pero no sé decir cuándo porque la agenda se hace cada día, cada vez que nos reunimos”, respondió en una ocasión el vocero, monseñor Jesús Delgado, Vicario de la Arquidiócesis de San Salvador.

Varios temas de seguridad vitales no caminan si no tienen el beneplácito de la comisión. De hecho, la Asamblea Legislativa no estudia la ley contra el crimen organizado si no la aprueba la comisión. Guzmán habla de que se necesita “el visto bueno” de la entidad, pero advierte que no debe haber “sustitución de funciones”, que es lo que en el fondo podría ocurrir. Un grupo formado en el Congreso para el tema de seguridad no funciona tampoco.

Veda. En el seno de la entidad se insiste en pedir el desarme en municipios. .Foto EDH

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, se limitó a decir ayer que ha solicitado que el tema se ponga en agenda, para que la Asamblea lo comience a discutir, pero no lo hacen. “La próxima semana vamos a preguntar, lo importante es que digan si va o no va”, afirmó.

No obstante, aclaró que si bien la comisión tiene la facultad de hacer propuestas, éstas no son vinculantes ni puede sustituir funciones de los Órganos del Estado ni las instituciones deben esperarlas para poner en marcha los planes de seguridad.

El embajador de Estados Unidos, Douglas Barclay, declaró ayer que es importante tener una estructura que pueda enfrentarse al crimen violento: “Tienen ahora una Comisión de seguridad que puede enfrentar y lidiar con las cuestiones políticas... estoy interesado en ver cómo la Policía puede tener nuevas herramientas para poder lidiar con este problema”.

El coordinador, Mauricio Loucel, dijo ayer que “hay cosas que por las dudas que generan no vamos a ponernos tiempos precisos ni vamos a ceder a ninguna presión... queremos sacar un buen producto”, advirtió.

Asimismo negó que miembros de la comisión estén pensando en abandonarla porque no se sienten escuchados por el Gobierno.

“Estamos trabajando y seguiremos trabajando. Desde luego que las respuestas que encontremos pueden animarnos, pero no podrán detener nuestro trabajo”, afirmó.

Comentario
El primer mes

Hace poco más de un mes el presidente de la República juramentó a la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. El hecho puso de manifiesto la preocupación del gobierno por el desborde de la delincuencia y su voluntad de entrarle al problema.

Sin embargo, el tamaño, filiaciones tan disímiles y el hecho de ser una comisión, cuando se requiere la ágil toma de decisiones, despertó dudas sobre su efectividad. Estas comisiones, además, tienen una función deliberativa y de propuesta, ya que sus recomendaciones no son de obligatoria ejecución. El tiempo, que no podía ser mucho, diría si las dudas iniciales y las críticas posteriores de algunos sectores y analistas eran fundamentadas.

Nadie espera que pasadas cuatro semanas la comisión haya hecho milagros, pero si que haya avanzado sustancialmente en sus propósitos. Pero, ¿qué ha hecho la comisión hasta la fecha? En realidad no mucho: una propuesta de desarme generalizado en 20 municipios, otra de apoyar con mayor presupuesto a la Policía y a la Fiscalía, y una jornada de oración por la paz social.

Lo del desarme fue más bien desafortunado, ya que nunca ha sido una buena idea desarmar gente honesta y dejar armados maleantes de todo tipo. Sobre este tema hay que reconocer que hubo intentos de rectificación por parte de la comisión, pero hasta allí. Sus sugerencias en torno a mayor presupuesto para la PNC y FGR, por obvias que sean, no han sido discutidas por los partidos políticos. Veremos si se aprueba el reconvertido préstamo para la seguridad.

Impulsar una jornada de oración estuvo bien, ya que es bueno implorarle a Dios para que nos ayude a poder superar la violencia que vivimos. Hay que rezar y al mismo tiempo buscar medidas efectivas para la seguridad ciudadana y la paz social; porque “no basta rezar”, como cantan Los Guaraguao. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el viejo refrán.

Y mientras la comisión hace sus bien intencionadas propuestas, en la Asamblea permanecen a la espera de que la Comisión “avale” la discusión del anteproyecto de Ley contra el crimen organizado, que contiene herramientas legales como la figura de los jueces especializados o blindados, que serían sin lugar a dudas más útiles en el combate contra el crimen.

Este solo anteproyecto proporcionaría nuevas armas para combatir el delito: tribunales especiales contra la extorsión y el secuestro; mayor uso de tecnología avanzada para presentación de pruebas en los procesos; congelamiento temporal de cuentas sospechosas con el aval del juez, y la no necesidad de comparecencia de testigos en casos en los cuales el ministerio público podría ser portavoz de la declaración.

Más que seguir esperando recomendaciones para “los sobrevivientes”, hay temáticas urgentes que la comisión puede dinamizar, influir y observar, como la que los jueces a cargo de los tribunales especializados sean escogidos con lupa por el Consejo Nacional de la Judicatura, para que sean en realidad jueces blindados que no les tiemble el pulso a la hora de impartir justicia a favor de la ciudadanía honrada.