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Karen Molina
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Presidente Antonio Saca anunció ayer que fundará en
2007 un Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y dotará
de un refuerzo presupuestario de 80 millones de dólares a la Policía
Nacional Civil.
Los fondos son parte de un crédito de 100 millones de dólares
que se gestionó con elBanco Mundial y que actualmente está
siendo estudiado en la Asamblea Legislativa.
El Presidente Saca explicó a ElDiario deHoy que esta iniciativa
gubernamental busca, entre otros objetivos, darle fuerza al trabajo de
seguridad con rango ministerial, vincular de mejor manera el Ejecutivo
con el Órgano Judicial y hacer más eficiente el trabajo
de seguridad tanto represivo como preventivo.
“No estamos buscándole un jefe al Director de la PNC --esta
depende de la Presidencia--, sino generar las condiciones para crear una
política integral y mucho más permanente y con rango ministerial
de la seguridad pública”, dijo Saca.
Saca no dio más detalles de la iniciativa. El ministro de Gobernación,
René Figueroa, quien actualmente dirige ese ramo también,
explicó que el plan muestra el interés del gobierno de especializar
el combate de la criminalidad.
Actualmente, esa cartera “está saturada” con dependencias
que van desde la Dirección de Migración hasta el Cuerpo
de Bomberos y la Dirección de Espectáculos Públicos.
Mejor coordinación
Salvador Samayoa, miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo
y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad, consideró que
el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia puede ser el organismo
idóneo para articular un programa conjunto de prevención
del delito y seguridad ciudadana del Ejecutivo con las municipalidades,
además de las funciones que le corresponden.
Precisamente Saca formuló el anuncio en un foro sobre los aportes
de las comunas a la seguridad, patrocinado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Nacional para la
Seguridad y la Paz Social.
“Es importante la decisión... Para mí fue un error
suprimirlo en el anterior gobierno y ahora se va a enmendar”, declaró
Samayoa.
Samayoa explico que esa Cartera deberá tener bajo su cargo las
instituciones del sector, como la Policía Nacional Civil, la Academia
de Seguridad Pública, la Dirección de Centros Penales y
ser el enlace con los otros órganos del Estado.
“Debe ser el responsable político de la conducción
de estas instituciones” y, aunque según la Constitución,
la PNC se reporte al Presidente de la República, nada impide que
éste delegue en la supervisión en el Ministro de ese ramo.
Según Samayoa, la nueva Cartera podría articular planes
y mecanismos legales con las municipalidades para definir jurisdicciones.
Por ejemplo, actualmente el número de delegaciones de policía
no coincide con el de demarcaciones territoriales de las comunas. Lo anterior
propiciaría que el jefe de policía coordinara estrategias,
información y planes con el gobierno municipal.
Entre los dos sectores se podría solucionar problemas desde la
anarquía en el tránsito y el escaso patrullaje hasta las
faltas que sancionan las comunas por medio de las disposiciones contravencionales.
Para Samayoa, los gobiernos municipales nunca sustituirán la jurisdicción
de la Policía, pero pueden complementar la misión de esta
institución en lo que es el patrimonio del municipio.
El inconveniente que el declarante ve es el grado de ideologización
que priva en algunos concejos. “Ese es un problema que se resuelve
sólo construyendo confianza a partir de un compromiso político
muy explícito de los partidos, sin exclusiones que no le dan solvencia
al asunto”, explicó. “El nuevo Ministerio debería
liderar ese proceso de construcción de la confianza mutua”,
afirmó.
El ex-ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, consideró
que la nueva Cartera permitirá una mejor coordinación también
con el sector justicia, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia y
el Ministerio Público.
Oficinas
Además de la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional
de SeguridadPública (ANSP), Centros Penales, Seguridad Ciudadana
y la Comisión Nacional Antidrogas, el nuevo Ministerio estará
a cargo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía
(ICESPO), la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA),
la Policía Internacional (INTERPOL), la Unidad Técnica Ejecutiva
(UTE) y la Dirección de Protección de Víctimas yTestigos.
En cuanto a la distribución de los fondos, fuentes del Ministerio
de Gobernación aseveraron que $80 millones serán destinados
sólo a la PNC para aumentar de 17 mil a 22 mil la planilla de agentes,
aumento de 600 motocicletas y mejorar la infraestructura de la ANSP.
“A la Academia se le destinarán $1.4 millones. También
se pretende terminar el proyecto de política criminal y la conclusión
de los códigos Penal y Procesal Penal”, se dijo.
Además que se planteará un fondo de captación para
que esta inversión en un futuro pueda ser autosostenible, obteniendo
propiedades confiscadas de un ilícito.
El refuerzo presupuestario para la Policía fue solicitado inicialmente
por instituciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP) y retomado por la Comisión Nacional para la Seguridad.
Por su parte, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, dijo que el
presupuesto ayudará a recortar el plazo de formación de
un agente, que actualmente dura 13 meses.
“Queremos bajarlo a ocho meses, enfatizándolos puramente
en materias policiales”, acotó.
“Un modelo de seguridad integral”
Para el ex ministro de Seguridad Pública y Justicia y también
del Ministerio de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, los
cambios anunciados por el Presidente Saca merecen ese énfasis debido
a las circunstancias actuales de inseguridad que atraviesa el país.
“Entiendo que el Presidente quiere darle el replanteamiento al modelo
de seguridad, más integral tanto de seguridad pública como
de seguridad ciudadana”, afirmó.
Asimismo señalo que es bueno con estas propuestas darle importancia
a tres aspectos básicos como la prevención, disuasión
y rehabilitación, como alternativas a las cuales se deben aplicar
para reducir índices de violencia.
“Es importante que se involucre al Consejo de Seguridad Pública,
actualmente parte de Gobernación, para la parte preventiva. La
implementación de programas deportivos y de integración
entre las comunidades es muy importante”, subrayó.
Al cuestionársele por qué se abolió en su momento
al ministerio que presidía dijo que “en aquel momento eran
situaciones diferentes, se buscaba eficiencia en el uso de recursos, reducir
instancias en condiciones actuales”.
Además señaló que deben fortalecerse los enlaces
con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General porque para
eso servía el enlace con el Ministerio de Justicia.
“Hay que pensar en el sector justicia con la Fiscalía y la
Corte no sólo en la parte penal si no con la seguridad jurídica.
Habría que considerar también la relación con la
Comisión Nacional para la Seguridad Pública y la Paz Social
con las recomendaciones que dé”.
| Comentario Prueba de fuego |
Errar es de humanos, rectificar
es de caballeros.
Acertada ha sido la decisión ayer anunciada por el Presidente
de la República de volver a instituir el Ministerio de Seguridad
Pública y Justicia, subsanando el craso error cometido durante
la anterior administración.
Pero no basta con volver a crearlo, ya que en un tema con escaso margen
de maniobra, grande es el riesgo de que caiga en la intrascendencia
si no se le dota del recurso humano requerido,
presupuesto e infraestructura. Dependiendo entonces del soporte que
se le dé a la decisión política ayer anunciada,
la cual, insistimos, va en la dirección correcta, podrá
o no llenarse en el tema seguridad el vacío existente en el
tema seguridad.
A nuestro entender, el titular de Seguridad Pública y Justicia
deberá llevar la dirección política en el tema
seguridad, pero no las decisiones operativas, ya que éstas
corresponden al Director de la Policía Nacional Civil, quien
constitucionalmente responde al Presidente de la República.
Entre algunas de las funciones del nuevo Ministerio estarían
el ejercer la coordinación en el día a día por
parte del Ejecutivo con los Órganos Legislativo y Judicial,
léase Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia.
Deberá a su vez relacionarse con la Fiscalía General
de la República y el Instituto de Medicina Legal, para unificar
estadísticas y elaborar investigaciones y estudios que luego
se den a conocimiento público.
Entre otras de sus funciones estará la coordinación
y promoción de planes conjuntos con las alcaldías, así
como con el sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Los centros penales, verdaderas bombas de tiempo de no tomarse pronto
las mejores decisiones, deberán también pasar bajo su
jurisdicción.
Acertada la decisión de instituir nuevamente el Ministerio
de Seguridad Pública y Justicia; será una verdadera
prueba de fuego que estará con los reflectores puestos, si
de lo que se trata es de institucionalizar la seguridad pública.
Se podrá, con la creación de la nueva Secretaría
de Estado, concentrar esfuerzos el Ministerio de Gobernación
en las áreas que son más de su competencia, en estrecha
relación con el nuevo ente. |

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