Nota del día
El PDC y el PCN contra la ley-ocurrencia

Bien nos advierte un proverbio sajón que cuando la máquina funciona bien no hay que meterle mano. El DUI no ha dado problemas, pero “el Estado” viene dándole problemas al DUI desde hace un largo rato

Publicada 4 de diciembre de 2006, El Diario de Hoy

El Diario de Hoy
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Sorprendentemente son el PDC y el PCN quienes piden rectificar la ley-ocurrencia (o la ocurrencia convertida en ley) que extiende la validez del actual DUI, mientras ARENA quiere sostenerse en lo que es una monstruosidad: anular contratos por medio de decretos legislativos.

En adelante lo que es uno de los pilares fundamentales del Orden de Derecho, el respeto a pactos y contrataciones, quedaría sobre arenas movedizas, sujeto a decisiones o necesidades políticas. Al ser así, la seguridad jurídica (por la cual ARENA luchó en los años de la locura) se pierde y el país cae en un esquema de inseguridad, de capricho, de decisiones sacadas de la manga en el momento menos esperado.

Son muchas las razones por las cuales es vital seguir con lo que definió la emisión del DUI, ya que el documento tiene que renovarse cada cinco años por tres causas fundamentales: la primera, que el documento físico comienza a desvanecerse, con lo cual se vuelve poco confiable; la segunda, que el aspecto físico de las personas puede cambiar en ese lapso, haciendo que en muchos casos sea difícil identificar al que presenta el DUI con la foto impresa, flacos que engordaron y personas que envejecieron; la tercera, que la población ya conoce el DUI, tiene confianza en él y puede sufrir confusiones al extenderse un documento distinto. Cuando el gobierno francés emitió a principio de los Años Sesenta los nuevos francos en sustitución de los viejos, los habitantes del interior pasaron décadas desconfiando de la novel moneda.

Bien nos advierte un proverbio sajón que cuando la máquina funciona bien no hay que meterle mano. El DUI no ha dado problemas, pero “el Estado” viene dándole problemas al DUI desde hace un largo rato. La actitud es que una vez que alguien firma un contrato, hay que buscar formas para exprimirle nuevas concesiones, partiendo de la noción de que la pobre empresa no tiene más alternativa que ceder a las presiones.

Si ves afeitar a tu vecino...

Caerle a golpes al que no tiene salida envía los peores mensajes a potenciales nuevos inversores, que contemplan cómo los contratos se convierten en papel sin valor al capricho de las autoridades salvadoreñas y de la muy honorable Asamblea Legislativa.

Las empresas que han venido a invertir en El Salvador lo han hecho dando por sentado que somos una nación de personas e instituciones que cumplen con los compromisos que pactan, pero en los últimos meses ese está dejando de ser el caso.

En el sector eléctrico parecidas quejas se escuchan: por decisiones de funcionarios, los términos de los acuerdos, entre ellos ajustar precios a los índices de inflación, se están violando. El mensaje es: si no les gusta pueden presentar un amparo. Eso no resuelve nada considerando el tiempo que toma a la Corte dar una resolución. Por su lado, la camarada comisionada mete garrote donde le da la gana, también pasando por encima de precisas disposiciones legales.

Con los que ya están dentro y tienen aquí sus inversiones, sus equipos, su estructura de servicios, su cuerpo de empleados y técnicos, no hay forma de revertir medidas arbitrarias: tienen que aguantarlo.

Pero los potenciales inversores, al ver estas truculencias, con probabilidad van a buscar lugares donde se respeten pactos y haya seguridad jurídica.