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| Magistrado. La FGR pide procesar a Disraely Omar
Pastor por el delito de prevaricato. Foto EDH
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Geraldine Varela
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El magistrado propietario de la Cámara Primera de lo Penal Disraely
Omar Pastor, desestimó que la petición de antejuicio presentada
en su contra en la Asamblea Legislativa tenga alguna vinculación
al caso del diputado Roberto Carlos Silva Pereira.
El pasado jueves, la Fiscalía General presentó al Legislativo
una petición para abrir un proceso de desafuero en contra de tres
magistrados de dicha Cámara, a quienes señala como presuntos
culpables del delito de prevaricato.
“Si me acusan de prevaricato es porque valoré pruebas que
no estaban de acuerdo a los intereses de ellos (Fiscalía). Sigo
manteniendo mis argumentos”, aseveró el magistrado.
Sin embargo, ante la posibilidad planteada por periodistas, el funcionario
respondió: “ ¿Cuál es el temor que tienen que
yo conozca? Si hay pruebas contra Silva no queda otra resolución,
pero si no hay pruebas contra él entonces tampoco queda otra resolución”.
El funcionario prosiguió: “El problema es de la Fiscalía,
si no han hecho bien las cosas tienen razón de temer, o quieren
presionarnos o quieren presionar al doctor Arévalo si es que yo
me excusara por comodidad, pero hasta el momento no he pensado en excusarme”.
Por su parte, Rolando Monroy, fiscal que llevará el caso del diputado
Silva, señaló que lo mejor sería que el magistrado
se excusara de conocer el caso.
El magistrado presidente de la Cámara, Guillermo Arévalo
Domínguez, dijo que hasta el momento no existe ningún impedimento
para que Pastor conozca el caso y que la decisión dependerá
del propio magistrado, o bien de la decisión de la Asamblea Legislativa
o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Monroy advirtió que la petición de antejuicio no tiene porque
retrasar el proceso en contra de Silva, ya que “los magistrados
pueden designar a otra persona, un suplente, para que resuelva el procedimiento”.
La acusación
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| Rapidez. Los legisladores expresaron voluntad
política, Foto EDH |
Al magistrado propietario Omar Pastor se le imputa el haber resuelto
ajeno a la lógica que establecen las leyes en el proceso judicial
por lavado de dinero y activos que se le seguía en 2005 a la empresa
Agave Azul, S.A. de C.V.
En este proceso también resolvió el magistrado suplente
Manuel Bonilla, para quien la Fiscalía también ha pedido
antejuicio.
El otro caso que involucra a Pastor y a la magistrada suplente Victoria
Parada es en el proceso judicial desarrollado en contra del imputado Reynerio
de Jesús Flores.
“Sé que hemos hecho las cosas correctamente”, dijo
confiado Pastor.
Tres acusados
La acusación fue presentada a la Asamblea el jueves
- Los acusados son el magistrado propietario Omar Pastor y los suplentes
Manuel Bonilla y Victoria Domínguez Parada.
- Son inculpados de presuntamente haber cometido prevaricato.
- Este delito es cometido por “El juez que a sabiendas dictare resolución
contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal
o por soborno”.
u La sanción para los funcionarios podría ser con prisión
de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo.
Diputados quieren dar celeridad
El proceso de antejuicio que se les podría seguir a los magistrados
de la Cámara sería similar al que enfrentó el diputado
Roberto Silva.
Los diputados coinciden en que debe dársele agilidad a este procedimiento,
que a juicio del farabundista Gerson Martínez debe ser independiente
para cada uno de los magistrados señalados por la Fiscalía.
“Sí, estoy de acuerdo en un proceso rápido, pero sin
arrebatos”, dijo el diputado.
Su colega de ARENA, Guillermo Gallegos, opinó en la misma línea.
“Debe dársele celeridad. Este es un mensaje claro de que
ningún sector debe quedar impune o puede cometer actos al margen
de la ley”, dijo el arenero, quien además consideró
que el ministerio Público cuenta con las suficientes pruebas para
demostrar lo que señala.
Los pescados optan por la prudencia. El jefe de bancada del PDC, Rolando
Herrarte, se pronunció a favor de seguir los pasos debidos.
La petición de la Fiscalía contra los magistrados deberá
ser analizada primero por la Junta Directiva del Congreso.
Si cumple con todos los requisitos administrativos pasará al pleno
de la siguiente plenaria.
Si los diputados deciden que hay lugar a formación de causa, la
petición fiscal pasará a la comisión de legislación
y puntos constitucionales. Los diputados deben analizar si procede el
antejuicio y dictaminar. El pleno debe decidir entonces si se forma la
comisión para estudiar el desafuero.
Se podría formar una comisión para cada petición
de antejuicio y nombrarse un fiscal para cada uno de los señalados.
De igual forma, los magistrados podrán nombrar a su defensor particular
si así lo consideran conveniente.

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