Ven mensaje negativo a la inversión por prórroga DUI

Debate. El cambio en las reglas del juego a la empresa Docusal mediante el decreto que alarga la vida de los documentos hace que PDC y PCN se retracten

Publicada 2 de diciembre de 2006 , El Diario de Hoy

Posibilidad. Docusal termina su contrato en diciembre de 2007. El RNPN podría asumir la extensión de los documentos luego. Foto EDH

La extensión de la vigencia del DUI tiene cola. Primero fue el PDC quien se retractó del decreto al pedir su derogatoria, y ahora se le suma el PCN, quien ve como un mal mensaje para la inversión la prórroga avalada por unanimidad en la Asamblea.

Las opiniones jurídicas divergen en cuanto a las consecuencias legales que el decreto podría acarrear al Estado, pero coinciden en el hecho de que la acción legislativa afectó un contrato de terceros.

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien pidió reserva de su nombre por no entrar en un posible conflicto en el futuro, consideró que “es válida” la preocupación del PDC y el PCN sobre la seguridad jurídica de los contratos privados ahora que la Asamblea ha afectado uno.

La cuestión es compleja. Cuando la Asamblea aprobó una prórroga de la vida de los documentos también modificó de manera tácita el contrato entre el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la empresa emisora, Docusal.

La misma directora del RNPN, Miriam Mixco, admitió el lunes que la empresa resultará afectada porque dejará de emitir casi un millón y medio de documentos durante el año que le queda de contrato, pero que por eso se sentarán a negociar una posible compensación.

Arbitraje o demanda

Mixco explicó que hay tres vías para superar el impasse: arreglo directo, arbitraje o que Docusal interponga una demanda.

A decir del abogado Manuel Chacón, la empresa puede interponer un juicio contencioso administrativo ante la CSJ. Eso sí, explicó que el RNPN no puede salir afectado porque únicamente está aplicando una ley de la República.

Lo que el máximo tribunal debería determinar es si la Asamblea Legislativa afectó a un tercero (Docusal) al hacer uso de sus facultades, lo cual sí devendría en una victoria para la empresa demandante, explicó el abogado.

Los partidos, mientras tanto, siguen en sus posturas. Solamente los democristianos y pecenistas parecen arrepentirse del acuerdo alcanzado hace dos semanas en la mesa interpartidaria de reformas.

ARENA y el FMLN dan el asunto por cerrado pues argumentan que el interés colectivo priva sobre los intereses privados.

Aún no se sabe si el presidente Antonio Saca avaló el decreto, pero en anteriores declaraciones dejó entrever que no lo vetará por el acuerdo de unanimidad.

Partidos ven interés colectivo

Los legisladores estimaron que el interés de los salvadoreños privaba sobre cualquier contrato particular. Temían que los ciudadanos no renovaran su DUI y no votaran en las elecciones de 2009

Guillermo Gallegos
Diputado ARENA
Hubo un acuerdo
“Se habló con los empresarios y los socios de Docusal y no es que se les haya cambiado las reglas del juego. Hubo pláticas con ellos y entendieron de la decisión política y habrá algún mecanismo del Estado para resarcirles algún perjuicio, que es lo que contempla el contrato. Pero ha habido un acuerdo para tomar una decisión”

Walter Durán
Legislador FMLN
La gente es prioridad
“La Carta Magna establece que el interés público prevalece sobre el interés privado, y aquí ha prevalecido el interés de más de tres millones por un poquito de ricos que quieren ganar más de 30 millones al año. Los accionistas están defendiendo intereses egoístas”

Rolando Herrarte
Diputado PDC
Mejor darlo gratuito
“Votamos pensando en lo económico para la gente, y en una auditoría, pero estamos viendo que han presentado una demanda los de Docusal; ante esta situación qué mejor auditoría que cada quien vuelva a sacar el DUI, pero que sea gratis, en vez de pagar la demanda y que se mejore el documento”

Dagoberto Marroquín
Diputado PCN
Acuerdo es negativo
“Es el mensaje más desastroso que se ha podido dar a los inversionistas. Es un mensaje amenazador para los que tienen contratos en El Salvador, porque es de inseguridad jurídica. Se debió haber puesto claramente que se indemnizara a la empresa porque si no a cualquiera se le puede hacer”