Nepotismo
Las leyes en “Tonylandia”

A los diputados sí los contempla la ley, pero debido a que son inmunes, impunes, incólumes e indemnes no los alcanza la justicia

Publicada 30 de noviembre de 2006, El Diario de Hoy

Carlos Sandoval*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

El problema más grave del país no es tanto la delincuencia como la impunidad. Pues la falta de castigo es el incentivo y estímulo para la comisión de nuevos delitos. Según INCAE somos el tercer país más violento del mundo. Pero es seguro que si se hiciera una encuesta sobre la impunidad ocuparíamos el primero. Esta presunción se basa en el hecho tan conocido como reiterado de que más tardan las autoridades en capturar a delincuentes, que en salir éstos por la puerta ancha de la complaciente justicia.

Nadie se asustará si digo que la impunidad es otra de las instituciones --instituido, establecido, fundado, acostumbrado-- del país, exceptuando a los magistrados. La prueba está en que la mayoría de los delincuentes disponen de las vidas y bienes ajenos sin estorbo ni pena.

En el caso concreto de la corrupción política --cohecho, peculado y nepotismo--, el problema es mucho más grave, pues no hay ningún antisocial tras las rejas. Ha sido hasta ahora --debido tal vez a exigencias de “El Gran Hermano” (Orwell), que todo lo sabe, ve y puede-- que se está enjuiciando a dos diputados y un ex presidente de ANDA, por cohecho y peculado. Lastimosamente existe la fuerte sospecha de que todo va a quedar en el terreno de la simulación y el escándalo mediático, pues ya se han presentado los primeros alegatos de mal procedimiento, falta de pruebas sustentables, ausencia de normas aplicables o lagunas legales y no sé que otras leguleyadas.

No obstante la gravedad del cohecho y el peculado, el nepotismo lo rebasa en impunidad, pues no existe ni un tan solo caso en las efemérides de los tribunales de justicia, a pesar de que ha sido y es una práctica muy común y familiar. Debido a los privilegios políticos las parentelas de los gobernantes pueden ocupar los cargos públicos más jugosos, cómodos y distinguidos, quitándoles la oportunidad de servir a gente honesta y capaz.

El delito de nepotismo --concesión de empleos y contratos con base al parentesco y no al mérito-- ni siquiera lo menciona la Constitución Política ni el Código Penal. Al consultar sobre esta laguna del derecho salvadoreño con dos abogados, el Lic. Henry Campos y el Dr. Rolando Meléndez, me explicaron que dicho delito no figura en el Código Penal, sino en algún Reglamento de Hacienda o de la Corte de Cuentas.

Y, en efecto, hay un Decreto Legislativo del 20 de abril de 2006, presentado por el Presidente de la República, por medio del Ministerio de Hacienda, llamado Disposiciones Generales del Presupuesto que, aunque no está bien tipificado, sí lo contempla en términos vaporosos, ambiguos y generales.

Llama la atención que dicho Decreto contenga más de 70 artículos derogados, suprimidos y enmendados con relación al anterior de 1983 y que el considerando justifique las reformas con el pretexto de “flexibilizar” la fiscalización en los asuntos de tesorería, presupuesto, “nombramiento de personal” (¡¡¡!!!), compras de suministro, etc.

Y para colmo dicho considerando tiene un gazapo que vuelve ininteligible el texto. Dice que las nuevas normas pretenden, dentro de “su génesis” (sic) regular las operaciones de fiscalización. Quisieron decir “sui géneris”, locución latina que significa “de su género o especie”.

Lo más interesante del Decreto es el Art. 93, pues expresa que es prohibido el nombramiento en la Administración Pública de cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad. Pero inexplicablemente exime de dicha prohibición al Presidente de la República.

Es decir, que el mandatario es el único funcionario en “Tonylandia” que puede cometer el delito de nepotismo, al nombrar a sus parientes en cualquiera de los opíparos empleos de la Administración Pública. No repararon los diputados (”chivos”, como les decían antes) que otorgar empleos por parentescos, compadrazgos, favores y recomendaciones, puede ser legal, pero no justo. En cualquier caso es corrupción política.

A los diputados sí los contempla la ley, pero debido a que son inmunes, impunes, incólumes e indemnes no los alcanza la justicia. No les importa el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Esto es pura retórica vacía. Lo que cuenta es que los padres y madres de la Patria hacen las leyes a su gusto y conveniencia y no para servir a la mejor convivencia social. No hay duda de que vivimos en “Tonylandia”, el mejor de los mundos posibles.

*Lic. en Filosofía. carlos_sando@yahoo.com