Empleados de MOP y FGR caen por extorsión

Chantaje. Los detenidos alegaban que el terreno era del Estado. Exigían 70 mil dólares

Publicada 29 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Capturas. Maritza Zapata (izquierda), David Antonio Ortega y Luis Alberto Pérez. Foto EDH

Dos empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y una colaboradora de la Fiscalía General de la República fueron detenidos el lunes por la Policía Nacional Civil (PNC), bajo cargos de extorsión.

Los implicados están siendo acusados por chantaje y exigir dinero a una empresa, ya que argumentaban, que las instalaciones estaban construidas en terreno del MOP.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Pérez, de 45 años, quien se desempeñaba como técnico de catastro en el MOP; David Antonio Ortega Estrada, de 27, asesor jurídico de la misma entidad, y Maritza Yolanda Zapata Calderón, de 41 años que pertenecía a la Unidad de Control de Bienes de la Fiscalía GEneral.

José Luis Tobar Prieto, subdirector de la corporación policial, manifestó que los tres empleados gubernamentales le exigían al encargado 15 mil dólares.

Las instalaciones están situadas en San Marcos, sobre la carretera que conduce a Comalapa.

Los imputados amenazaban a la empresa, diciéndole que les entregaran $70 mil a cambio de que el Estado no iniciara una demanda contra la firma.

Sin embargo, Tobar Prieto dijo queel terreno, que es alrededor de una manzana, es propiedad de la empresa y no del Estado.

“Fueron capturados cuando recogían una fuerte cantidad de dinero, la cual era la primera entrega y ahora (ayer) les iban a dar el resto”, declaró el jefe policial.

Los tres imputados serán procesados por el delito de extorsión.

Además existen otras evidencias, como un video donde se aprecia cuando los detenidos reciben el dineros en un sobre.

“Las evidencias comprometen directamente a estros personas”, dijo Tobar Prieto.

El subdirector señaló que están investigando si existen más empresas que han sido extorsionadas, por estas tres personas o más involucrados.

Niegan
Los involucrados declararon que ejecutaron el llamamiento a la empresa, con escrituras del Estado y que en ningún momento exigieron dinero, sino el encargado de la empresa fue quien se los entregó.

“Tenemos escrituras que les presentamos, ellos (empresa) tienen la construcción de las oficinas en parte que recae en propiedad del Estado”, manifestó Luis Alberto Pérez.

Tobar Prieto explicó que la zona a la que se refieren los imputados es una parte sobrante que divide a la carretera de la propiedad, pero que corresponde a la empresa.