“No hay seguridad sin visión de futuro”

¿Por qué se decidió el sector empresarial de Bogotá a involucrarse en el tema de la seguridad? Nada afecta tanto la capacidad de un país para atraer inversión como este tema. ¿Qué papel puede jugar el sector privado? Una ciudadanía bien informada puede ejercer un control social e incidir en las políticas públicas, generando propuestas y acciones concretas.

Publicada 28 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Liderazgo. La empresa privada debe ser un actor social.

PERFIL MARÍA FERNANDA CAMPO Asumió la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en enero del 2000 y previamente había ejercido el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la entidad, durante cinco años. Entre 1998 y 1999 se desempeñó como Viceministra de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual dirigió la reestructuración y fortalecimiento de la Cancillería e impulsó la política de diplomacia por la paz, diseñada por el Gobierno Nacional. Ha participado activamente en el desarrollo de múltiples proyectos de naturaleza empresarial, cívica y social, destacándose la creación del Consejo Regional de Competitivad para Bogotá y Cundinamarca, un escenario de concertación entre los sectores público y privado para definir acciones que mejoren el nivel de competitividad de Bogotá y la región en América Latina.

Hace diez años Colombia enfrentaba una situación de inseguridad muy similar a la que se vive en El Salvador actual.

“Éramos el país más violento de América Latina: estábamos siendo azotados por los secuestros y las extorsiones y teníamos una tasa de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes”, recuerda María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pero a partir de una serie de acciones que ubicaron al sector empresarial en un papel protagónico, los altos índices de violencia de Colombia dieron un giro, revirtieron su tendencia negativa, y todavía continúan bajando año con año.

No hay mejor ejemplo de ese cambio, argumenta Campo, que la dramática reducción en un 63% de la tasa de homicidios: el número es hoy de 18 por cada 100 mil habitantes, menor que el promedio latinoamericano de 23.

Colombia es una nación de 42 millones de habitantes y compararla con El Salvador podría parecer desproporcionado, pero Campo ha desarrollado su trabajo con el sector empresarial en la ciudad de Bogotá.

“Es una región de 7.5 millones de habitantes, con un centro histórico desahuciado y con altos índices de criminalidad, un contexto muy parecido al de El Salvador”, aclara.

Por lo tanto, el mensaje que Campo trae al VII Encuentro Nacional de la Empresa Privada parte de la comprensión de que ambas regiones tienen una realidad compartida.
“Lo que nosotros hemos logrado significa que un cambio sí es posible”, afirma.

“Si ustedes quieren mejorar sus niveles de competitividad en un mercado globalizado”, recalca, “tienen que aceptar que el tema de la seguridad tiene peso: nada afecta tanto la capacidad de un país para atraer inversión como este tema”.

El factor continuidad

La contribución de la empresa privada al combate contra la criminalidad es importante en Bogotá porque se ha convertido en un “agente catalizador”.

Las estrategias propuestas por el sector empresarial, muchas de ellas implementadas a través de la Cámara de Comercio que Campo preside, se han convertido en detonadores para generar cambios en las políticas criminales del Estado y han contribuido a cohesionar e impulsar la participación ciudadana.

“El sector privado ha contribuido a fortalecer la institucionalidad de la Policía y de la administración de la justicia, acercándola al ciudadano, que poco a poco ha recobrado la confianza”, explica.

Estas contribuciones, sin embargo, no serían posibles si las políticas públicas que se implementaron para combatir los niveles de delincuencia no fuesen también políticas de Estado, advierte Campo.

“Lo que esto significa es que las políticas públicas se han mantenido a lo largo de cuatro administraciones distritales. Hace dos años y medio, la población de Bogotá eligió al primer alcalde de izquierda y él le ha dado continuidad a las políticas”, dice.

Algunas de las medidas iniciales fueron “drásticas” y generaron una fuerte oposición de parte de algunos comercios y empresas que se vieron afectadas.

Los establecimientos nocturnos fueron obligados a cerrar a la medianoche, por ejemplo. Pero la medida más controversial fue el desarme.

“El desarme disminuyó la comisión de delitos, pero no fue obligatorio. Fue voluntario. Se promovió a partir de una fuerte campaña para generar una nueva cultura ciudadana”, asegura Campo.

Límites. No es posible disminuir la criminalidad sin la participación de los sectores más afectados.

“En este momento”, agrega, “estamos involucrados en el mismo debate que se vive en El Salvador, porque el desarme se ha propuesto como una ley: si se limita o no la posesión o la portación de armas y bajo qué criterios. Pero es algo que no está definido ni se ha resuelto”.

La gran apuesta

La inserción del sector empresarial de Bogotá al tema de la seguridad responde a lo que Campo llama “una visión de futuro: queremos ser una de las cinco ciudades más competitivas de Latinoamérica”.

El trabajo para mejorar los índices de criminalidad requería de una estrategia que cohesionara a todos los actores.

“Por un lado”, observa Campo, “necesitábamos mejorar las condiciones operativas: fortalecer la institucionalidad y aumentar el número de policías. Por otro lado, necesitábamos un cambio de cultura: fomentar un mayor nivel de interlocución entre la ciudadanía, la policía y la justicia, y cambiar el imaginario de los colombianos, que habían perdido el respeto por la vida”.

Es así como se definieron cinco frentes de acción. El primero fue la base que permitió el debate racional y el control social: se construyó un sistema creíble y accesible de información.

Este “observatorio de seguridad” proporciona dos tipos de indicadores: las cifras objetivas del fenómeno de la criminalidad, pero también examina las percepciones de la ciudadanía. La información proporciona insumos para proponer políticas públicas para toda la ciudad y para responder a las realidades y necesidades de las diferentes localidades de la ciudad.

Como segundo paso se trabajó para fortalecer la institucionalidad. Además, se formó un consejo de seguridad en el que participaron todos los órganos del estado y se examinaron los programas exitosos.

Paralelo al desarrollo de una operatividad más eficiente y de una mayor eficiencia en los resultados se fortaleció la gestión local en asuntos de seguridad.

Es así como se implementó el tercer paso: modelos de zonas seguras en 28 sectores de la ciudad que representan a 1.5 millones de personas.

Esto significa que hay cuadrantes estratégicos, con mayor presencia policial, con comités de seguridad local y una línea de participación ciudadana que incluye células de colaboración.

Hay ahora 9,800 frentes de acción local, una potencia ciudadana grandísima. Los vecinos se han conocido y un pacto con empresarios del transporte público ha convertido a cerca de 100 mil taxistas y motoristas en informantes de los delitos que se cometen en la ciudad.

El cuarto paso fomentó la protección misma del sector empresarial, cuando se diseñaron talleres prácticos para prevenir y mitigar los secuestros y extorsiones.

Con la presión de la ciudadanía y los empresarios, enfocados en mejorar las políticas públicas, se lograron cambios que han llevado a la judicialización del 70% de los casos de secuestros y extorsiones.

El quinto paso busca instituir y renovar una cultura que reconoce el valor de la vida. “Para cambiar los índices de violencia no sólo debemos buscar la justicia, tambien estamos obligados a promover la convivencia ciudadana”, reflexiona Campo.

Un programa de conciliación y arbitraje ha tenido, hasta la fecha, un impacto pasitivo para 200 mil personas, y ha reducido costos para el sistema de justicia.

Pero no sólo los líderes comunales han sido capacitados en técnicas de conciciliación. El programa también ha beneficiado a 120 mil niños que han sido capacitados en sus centros escolares.

“Nuestra esperanza”, dice Campo, “es que la próxime vez que dos adultos recurran a la violencia, su propio hijo les diga: ¿por qué mejor no lo hablamos?”.