Iglesia urge celeridad a Comisión de Seguridad

Lo dicho. El Arzobispo de San Salvador instó a “que cada cual cumpla su obligación lo antes posible” . El prelado consideró que “no deben ir para largo” las recomendaciones sobre la ley de jueces “blindados”

Publicada 27 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Esfuerzos. La Comisión de Seguridad Ciudadana se reúne una vez por semana en la capital. Foto EDH

El Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, llamó ayer a la Comisión de Nacional de Seguridad Ciudadana a agilizar sus propuestas sobre Ley contra el Crimen Organizado para que prontamente sea discutida por la Asamblea Legislativa.

“Sinceramente no sé cómo están de trabajo. El coordinador de la comisión parece que estuvo ausente un par de sesiones. Quisiéramos todos que hubiera propuestas más claras, que fueran aprobadas de manera inmediata, pero no está ocurriendo eso”, declaró el prelado tras la misa dominical en la Catedral Metropolitana.

Sin embargo, esta exhortación fue extensiva para todos los sectores sociales y la población en general para que se construya una sociedad sin violencia.

“Necesitamos, a parte de rezar, una verdadera agilidad por parte de todos para confrontar la situación peligrosísima que estamos sufriendo. Que cada cual cumpla su obligación lo antes posible”, enfatizó.

“Quisiéramos todos que hubiera propuestas más claras, que fueran aprobadas de manera inmediata, pero no está ocurriendo eso” MONSEÑOR FERNANDO SÁENZ LACALLE Arzobispo de San Salvador. Foto EDH

“Todos tenemos una gran responsabilidad de crear un mundo más humano y más cristiano, es una tarea de todos, no solamente de las autoridades sino todos los ciudadanos”, dijo el Arzobispo.

Sáenz Lacalle precisó que las propuesta de dicha legislación “no deben ir para largo” porque se ha creado una Comisión precisamente para dar sugerencias.

Asimismo, afirmó que la Comisión está en la obligación de hacer propuestas concretas y que los tres órganos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben como tal asumirlas, estudiarlas, hacerlas suyas.

“Quizás tengan algunas variantes de forma porque a lo mejor no son del todo adecuadas, no hay nada perfecto en este mundo, pero de todas maneras esperamos que haya una reforma del sistema en El Salvador para afrontar la violencia”, dijo.

Sin embargo, el Arzobispo hizo hincapié en que la reunión de tres horas cada martes pueden resultar insuficientes porque tienen mucho material para estudiar “entre sesión y sesión”.

El representante de la Iglesia Católica también expresó su posición de que la población civil sea desarmada y que sólo los cuerpos de seguridad las porten.

La semana pasada, el presidente de la Sala de lo Penal, Ulices delDios Guzmán, también hizo un mismo llamado para agilizar la discusión de la Ley Contra el Crimen Organizado, para que sea aprobada antes de que termine el año. La Asamblea espera el dictamen de la Comisión.

La mayor preocupación del Órgano Judicial es que en unas semanas los diputados iniciarán sus vacaciones navideñas y no podrán analizar y mucho menos aprobar la ley, que propicia el nombramiento de jueces “blindados” para juzgar delitos graves.

Jueces deben de investigar los crímenes

Cambios. Guzmán dice que los actuales códigos serían reemplazados. Foto EDH

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulices del Dios Guzmán, declaró que el anteproyecto para de la nueva legislación penal incluye que los jueces participen de manera directa en las investigaciones de los casos.

El borrador, que es debatido por profesionales del Derecho, busca “simplificar” los procesos, afirmó.

Guzmán explicó que la Fiscalía tendrá siempre el deber de probar y dirigir la investigación, pero una vez que se haya judicializado el proceso, el juzgador debe de tomar la dirección del proceso y ser el responsable de las diligencias de investigación, y de prueba de los casos.

El funcionario también detalló uno de los puntos más importantes es que debe sustituirse el garantismo en favor del imputado por la protección ciudadana.

Guzmán se basa en la Constitución de la República, donde establece la protección a la vida y a la integridad de los ciudadanos.

“Se deberá favorecer a los ciudadanos, sin descuidar por supuesto las garantías que todo procesado debe tener. Tiene que existir un equilibrio. Un imputado es una persona que no tiene el goce de todos los derechos como los tiene la víctima”, indicó el magistrado.

Desde hace siete meses varios magistrados, jueces de sentencia, otros funcionarios y profesionales del Derecho han participado en el nuevo proyecto de normativa penal.

El magistrado también detalló que en las reformas contempla que un solo juez debe conocer toda la primera fase de un juicio.

Explicó que los jueces de Paz tienen que conocer los casos de menor gravedad, para que estos no pasen a la etapa de Instrucción, y así no se recarguen junto con los de Sentencia.

Además sostuvo que el mismo juzgador que es de Instrucción tiene que ser también de Sentencia.

“ En la actualidad parece contradictorio que un juez de Instrucción es quien califica y admite la prueba. Sin embargo es el de Sentencia quien la valora”, dijo.