Incremento
14 teléfonos robados cada hora

El problema. Para el director de la Policía el problema de los teléfonos móviles robados radica en la facilidad para conseguir un chip. Regulación. La Siget asegura que existe regulación, pero que el control en la venta informal ya no es competencia de ese ente.

Publicada 25 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

Demanda. Los teléfonos móviles y los chips se venden por centenares en el centro capitalino Foto EDH

Celulares robados se venden en istmo.-2006/07/05 Víctimas no quieren denunciar.-2006/07/04 Liberan a presuntos ladrones .-2006/07/04 Presentan acusación por robo de celulares.-2006/07/01

De diciembre de 2005 al 21 de noviembre de este año, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Siget, contabiliza 121,372 denuncias por robo y extravío de celulares, esto equivale a un promedio de 14 aparatos robados cada hora.

A partir de junio a la fecha, las denuncias se han incrementado en relación a los meses anteriores. Aunque Rodrigo Ávila, director de Policía Nacional Civil (PNC), sostiene que este problema ha disminuido.

“Ya había bajado un poco este problema, pero hoy se pueden ocupar 20 chips con un mismo teléfono y ahora los delincuentes andan varios chips”, indicó el titular de la PNC.

Esto, según Ávila, dificulta a la Policía rastrear las llamadas y a los delincuentes en delitos como extorsiones, ya que los hampones pueden cambiar el chip luego de hacer las llamadas.

Para el jefe policial, el problema radica en que no existe suficiente regulación en cuanto a la venta de chips.

“Hay que regular. Que comprar un chip sea equivalente a comprar un teléfono. Creo que las tarjetas prepago están bien, pero creo que los chips no”, dijo el director.

Sin embargo, el superintendente de la Siget, Jorge Nieto, asegura que hay situaciones que ya no le competen al ente regulador, como el control que se debe ejercer en los comercios del centro de San Salvador y otros negocios informales sobre estas ventas.

“La venta del chip es legal, lo que no es legal es desbloquear un aparato para activarlo con otra empresa, pero eso ya escapa del ámbito regulatorio”, aseguró Nieto.

El superintendente agregó que “la ley también los obliga (a los comerciantes informales) a informar a los operadores quien está comprando el chip”.

Además, el funcionario advirtió que el incremento en las ventas de chips responde también al desarrollo de la tecnología.

Bloqueo de teléfonos

El superintendente consideró que el sistema que han incorporado las cinco compañías nacionales de telefonía ha permitido que casi 52 mil personas que adquirieron un teléfono robado no lo pudieran activar nuevamente.

Dicho sistema funciona a través de las denuncias de los usuarios.

Cuando estos informan el robo o extravío del teléfono, los operadores transmiten la información a la Policía, quien acumula todas las denuncias del día y retorna la información global a las compañías.

De esta manera, los operadores de todas las compañías poseen una base de datos común que les permite conocer cuáles son los teléfonos robados y cuándo una persona intenta introducirlos a la red de telefonía de otra compañía.

“Creo, por los resultados que estamos viendo, que se ha logrado contener en alguna medida el abuso que se estaba dando. De no haber hecho esto en este año, 52 mil usuarios de un terminal robado hubieran activado el aparato”, advirtió Nieto.

El funcionario aseguró que existe una excelente coordinación con las autoridades de la Policía, y que es ese esfuerzo coordinado el que ha permitido que teléfonos robados no puedan ser activados nuevamente.

Esfuerzo centroamericano

Las medidas para disminuir el robo de celulares, y a mediano plazo erradicarlo, no son sólo a nivel nacional.

Las autoridades de telefonía de la región han llegado a un acuerdo a nivel de la Comisión Regional de Telecomunicaciones, Contelca, para implementar acciones para la rotación de una base centroamericana de teléfonos registrados como robados.

Hasta el momento, en lo que se ha avanzado es en implementar el sistema en cada país.
Para el próximo mes las autoridades de telecomunicaciones prevén otro encuentro regional en el que podría surgir el acuerdo de rotar estas listas de denuncias con los demás países de Centroamérica.

El reto es incorporar este sistema a nivel regional a partir de enero del próximo año y de esta manera evitar que los celulares robados en el país sean activados en otras regiones.

Las autoridades salvadoreñas dijeron que evalúan la posibilidad que una misma persona mantenga su número de teléfono aunque se cambie de compañía.

Defensa: Hubo mayor demanda este año

El número de armas legales que ingresaron para ser comercializadas aumentó este año, según el jefe del departamento de logística del Ministerio de Defensa, Coronel Danilo Martínez Duarte.

Sólo este año entraron 4,865 armas legales y 550 mil municiones, lo que significa un incremento de más de 1,600 artefactos si se compara con las tres mil que fueron importadas en 2005.

Las armas son distribuidas a través de 25 empresas comercializadoras autorizadas en el país bajo el control de la institución castrense, quien mantiene en almacenes los artefactos de fuego.

A criterio del coronel Martínez, las personas han demandado más armas para protegerse de la actual delincuencia en el país.

La demanda también se refleja en el alto número de nuevas matrículas de armas que se han otorgado sólo este año: desde enero a la fecha se han matriculado 7,300 armas de distinto calibre.

“Las que más adquieren las personas son las armas cortas como las pistolas”, dijo el militar.

Según el registro total que está vigente desde 1994, en el país hay un total de 207 mil 819 armas registradas y 128 mil 353 licencias de uso y portación otorgadas a civiles.

Pero contrario a las ideas de desarme que varios sectores han propuesto, el coronel Martínez asegura que no es posible quitar las armas a la población pues ellos las han obtenido con legalidad y con el objetivo de protegerse del hampa.

Martínez asegura que aproximadamente el 60 por ciento de las 7 mil 200 armas que les han remitido los juzgados del país son ilegales mientras que sólo un 40 por ciento estuvieron registradas.

Dichas armas han caído en poder del ministerio por haber estado involucradas en algún hecho delictivo o haber infringido la ley de regulación de armas y explosivos.

Sin embargo, el comisionado Omar García Funes, jefe del comando de Fuerzas Especiales de la PNC, cree que el que un arma esté legalizada no es garantía de nada.

Según sus estadísticas, a diario son robadas entre tres y cuatro armas que fueron matriculadas con todos los requisitos de la ley.

Por tal razón, García Funes sostiene que es necesario aplicar la ley de regulación de las armas y decomisarlas a sus portadores, cuando éstos las lleven a lugares públicos o falten a los controles.

El coronel Martínez cree que existen controles que pueden reforzarse antes que desarmar.

Comentario
El desarme

No cabe duda que los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad que proponen un desarme generalizado en los 20 municipios más violentos del país, tienen buenas intenciones. Pero de buenas intenciones, como dice el viejo dicho, está pavimentado el camino al infierno.

Como una primera impresión, suena lógico el planteamiento de que quitándoles las armas a todos los habitantes de un país, disminuirá la violencia de manera sensible. Sin embargo, si se profundiza en el análisis será inevitable caer en la conclusión de que al ejecutar una medida como la que se propone, el resultado distará mucho de lo que se propone.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que, por lógica, los desarmados serían los ciudadanos honrados. Los que han comprado una pistola para defenderse de los desalmados que le pegan sin remordimiento tres balazos a cualquiera para robarle un celular o un anillo. Es muy fácil decomisarle el arma a un ciudadano no violento que transita, a pie o en vehículo, por las calles y carreteras del país.

Otra cosa es desarmar a los violentos. Ellos se mueven en las sombras, esconden las armas y las sacan para atacar en planificados operativos. Sus armas no están registradas o, si lo están, es porque han sido robadas. Y si se las descubren se van a liar a tiros con la policía o con quien sea.

Hay algo más. Se está hablando de armas de fuego, pero para los delincuentes cualquier cosa es un arma: un pedazo de hierro, un garrote, un ladrillo, una piedra y hasta cubiertos de cocina. También fabrican granadas caseras, un alambre, trabucos, pistolas y escopetas hechizas pero igual de mortales. Además de las tristemente celebres “puyas”.

Es posible controlar en gran medida las aduanas para impedir el ingreso de armas al país, pero ¿cómo impedir el ingreso de miles de armas de todo tipo, incluyendo fusiles de guerra y hasta lanza granadas, por vías clandestinas? Imaginemos que fuera posible desarmar a toda la ciudadanía honrada, aunque por más cateos que hubo durante la guerra muy poco de ello existió; ¿sería posible, entonces, desarmar a los delincuentes? Se quitará, como apuntábamos, la pistola 22 al señor o señora que la lleva en la guantera del carro, pero quedará impune el siniestro sujeto que tiene un AK 47 escondido.

De llevarse a cabo la propuesta de la comisión en los 20 municipios más violentos, los mareros, asaltacasas, robacarros y demás malhechores que allí se esconden serán los únicos armados. Imaginémonos qué pasaría si la ocurrencia para los 20 municipios, la lanzan a nivel nacional.

Las prohibiciones generalizadas nunca han detenido a los delincuentes. En los años 30, por ejemplo, se decretó la ley seca en Chicago con el bien intencionado propósito de combatir la violencia y hasta el alcoholismo. El resultado fue el surgimiento del crimen organizado y las mafias que traficaron clandestinamente el licor. Por esos años la violencia se incrementó como nunca antes y como nunca después.

La reducción de la ola de delincuencia pasa por sacar a los criminales de las calles. Para ello, se necesitan legislaciones que respondan a la realidad, jueces dispuestos a aplicar las leyes con rectitud, un cuerpo policial y fiscal depurado, más el apoyo de la ciudadanía honrada. Dicho en otras palabras, lo que se requiere es que se cumplan las leyes.