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Desde
Washington
Polémica por fábrica de papel
La papelera atrajo la inversión extranjera más grande en la historia de Uruguay y se espera que aumente el producto interno bruto del país.
Publicada 25 de noviembre de 2006, El Diario de Hoy
Marcela
Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Cuando una mujer de 88 años ofrece convertirse en bomba suicida
para acabar con una fábrica, parece evidente que se ha permitido
que una situación polémica se salga de control.
La mujer y otros residentes de Gualaguaychú, Argentina, están
enfurecidos por una papelera finlandesa que se está construyendo
al otro lado del río Uruguay, en la población de Fray Bentos.
Los argentinos ven la nueva planta como factor de deterioro del paisaje
y como un proyecto que causará daños ambientales irreparables
al río que sirve de frontera entre los dos países.
Por más de un año y medio han protestado en las calles,
bloqueando carreteras y puentes y deteniendo el tráfico hacia destinos
uruguayos. Algunos dueños de negocios locales en Gualeguaychú
han llegado incluso a poner anuncios en los que se amenaza con no atender
a uruguayos.
La ineptitud e irresponsabilidad política han alimentado esta “psicosis
social” de Gualeguaychú descrita por Daniel Taillant, director
ejecutivo del Centro argentino de Derechos Humanos y Ambiente. Funcionarios
argentinos no han hecho nada para desalentar las perjudiciales protestas,
usándolas en cambio para obtener ganancia política y elevando
el conflicto al nivel de una crisis internacional.
Con la decisión del Banco Mun-dial de este martes de ayudar a financiar
el proyecto con un préstamo por 170 millones de dólares
y hasta $350 millones más de dólares en garantías
crediticias, las barricadas empezaron de nuevo.
El presidente argentino Néstor Kirchner le había pedido
al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, que suspendiera las deliberaciones
sobre el préstamo con el propósito de mantener la “neutralidad”
del banco ante la polémica.
La ministra del Medio Am-biente de Argentina Romina Picolotti, seriamente
advirtió a funcionarios del Banco Mundial la semana pasada que
el préstamo equivaldría a dar asistencia a Uruguay en “la
comisión de un ilícito internacional” en caso de que
la Corte Internacional de Justicia en La Haya determine que Uruguay violó
un tratado bilateral sobre el uso del río. Durante el fin de semana,
un diplomático argentino de alto nivel advirtió siniestramente
que la decisión del banco crearía “un punto de fricción
(entre Argentina y Uruguay) que podría durar 50 u 80 años”.
Taillant y otros observadores argentinos coinciden en que el actual conflicto
pudo haberse evitado si los políticos argentinos hubieran hecho
algo más que hacerse los desentendidos mientras Uruguay llevó
a cabo un agresivo programa de siembra de árboles de su lado del
río por dos décadas. Era obvio que Uruguay iba a establecer
una papelera en algún momento, dijo Gustavo Lazzari, director de
la conservadora Fundación Atlas 1853 con sede en Buenos Aires.
Pero los políticos argentinos “no prevén hasta que
no les explote en la cara”.
La polémica sobre la papelera se origina en una de las más
viejas fuentes de conflicto, el agua. De acuerdo con el Informe de Desarrollo
Humano de Naciones Unidas emitido este mes, dos de cada cinco personas
en el mundo viven a lo largo de ríos o lagos que cruzan fronteras
y por lo menos la mitad de los recursos hídricos de Argentina y
Uruguay --y unos 37 países más-- provienen de más
allá de sus territorios.
La papelera atrajo la inversión extranjera más grande en
la historia de Uruguay y se espera que aumente el producto interno bruto
del país en dos puntos porcentuales, además de incrementar
las exportaciones en un 8 por ciento y generar entre 3000 y 8000 nuevos
empleos, según el gobierno uruguayo. Miles de personas también
han participado en manifestaciones en Fray Bentos en apoyo a la papelera.
Las preocupaciones ambientales de los residentes de Guale-guaychú
son justificadas, las papeleras se consideran una industria altamente
contaminante. Sin embargo, el hecho es que la nueva planta producirá
celulosa libre de cloro elemental y, como lo informó el Banco Mundial
al anunciar su decisión esta semana, producirá “suficiente
clorato de sodio como para permitir que las plantas locales de Argentina
y Uruguay pasen a la producción de celulosa” con el mismo
método.
Carlos Gianelli Derois, el embajador uruguayo en Washington, dijo en una
entrevista que espera que un precedente positivo se pueda sentar con este
conflicto si se logra generar un equilibrio entre “la defensa del
medio ambiente y el derecho al desarrollo de los países”.
Para resolver la confrontación, Uruguay está proponiendo
que ambos países hagan el monitoreo del impacto ambiental de la
papelera.
Lo mejor que puede esperarse ahora es que las protestas argentinas sobre
el impacto ambiental de la papelera lleven de hecho a un monitoreo ambiental
más amplio de las aguas transnacionales en esa región. Eso
es probablemente mucho más de lo que Uruguay y Argentina hacen
actualmente para monitorear la calidad del agua dentro de sus propios
territorios.
*(c) 2006, Washington Post Writers Group
