Desarme Propuesta enfrenta a sectores

Análisis. Aunque la PNC rechaza el desarme, el presidente Saca se inclina por hacerlo de forma paulatina. La ANEP cree que lo único que se debe hacer es cumplir la ley: evitar la portación en sitios públicos. Además, la PNC pide fondos para el control del armamento en manos civiles

Publicada 24 de noviembre de 2006 , El Diario de Hoy

El desarme de la población como una medida para frenar la escalada de violencia es una posibilidad que ha entrado a discusión y que por ahora enfrenta a postulantes y detractores de la propuesta.

La Comisión Nacional de Seguridad fue quien sugirió el desarme en los 20 municipios donde las autoridades han determinado que se concentra la violencia, pero ya el director de la policía rechazó esa posibilidad. “El tema no es desarmar a los honrados, porque con una ley de desarme sólo afectaríamos a los honrados, a los que tienen las armas legales, no las ilegales”, dijo Rodrigo Ávila la semana pasada.

El presidente Antonio Saca, no obstante, tuvo ayer una postura en pro de la medida, aunque se inclinó a practicarla de forma paulatina.

“Estamos hablando de no portarlas en estos municipios, pero sí no podemos quitarle las armas a la gente para que las tenga en sus casas, de alguna manera como protección”, dijo el mandatario.

La portación de armas en lugares públicos ya está restringida por la ley que regula los artefactos bélicos, pero el problema es que en muchos casos las disposiciones no se cumplen.

Es por ello que Saca habla de complementar estas medidas con el fortalecimiento de la vigilancia policial en las zonas más delicadas.

“Eso es lo que vamos a hacer en la medida que tengamos disponibilidad del plan piloto en los 20 municipios. Con la veda de armas, aumento de policías y más inteligencia policial... eso no debería permitir los homicidios en estos lugares”, argumentó.

El problema

Apoyo. La Policía solicita más recursos para combatir el trasiego de armamento.Foto EDH

El debate se centra en el peligro de dejar a los ciudadanos indefensos ante el hampa, que usa armas no registradas compradas en países vecinos o de las mismas que roba a quien sí las tiene en regla.

Es ahí donde el director de la policía hace el énfasis y se inclina por el arrinconamiento de los delincuentes. Para ello solicitó mayor apoyo financiero para que la corporación pueda frenar el trasiego de las armas. También se pronunció por la severidad en las penas a quienes reincidan en la tenencia y portación de armas ilegales y de uso privativo de la Fuerza Armada.

A decir del presidente Saca, de forma paulatina se podría llegar a un desarme en los sitios públicos, no así en los hogares.

“No vamos a quitarle las armas a la gente honesta del país y vamos a dejar a los delincuentes que tienen gran cantidad de armas. Esto es un proceso, poco a poco, de tal manera que la gente circule en sus poblaciones sin armas y las dejen en sus casas”, externó el presidente.

Lo seguro es que cada sector de la sociedad tiene sus reservas en torno a la medida. El análisis privará. Los empresarios, un sector que más hace uso de los vigilantes privados, tiene mucho que decir al respecto.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada habla con mucha cautela. A juicio del presidente de la gremial, Federico Colorado, la sugerencia que hizo la Comisión Nacional ha sido malentendida por algunos sectores. Explicó que el acuerdo consiste en hacer cumplir la ley que ya existe, es decir, prohibir la portación de la armas en sitios públicos.

“Parece que ha habido una mala percepción de la medida que se acordó en la mesa. No es cuestión de un desarme completo, sino de hacer cumplir la ley de armas con énfasis en estos 20 municipios que son los más violentos”, dijo Colorado.

El debate sobre la tenencia de las armas se extiende a su portación en los vehículos, pero un magistrado de la Corte Suprema de Justicia explicó a este periódico que en ese caso la ley sí lo permite (ver nota en siguiente página).

El magistrado Ulices del Dios Guzmán opina que un “desarme total” dejaría en indefensión a los civiles que usan sus armas solamente para defensa personal.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Elena María de Alfaro, también apoya hacer cumplir lo ya establecido en la ley de armas. “Estaríamos de acuerdo siempre y cuando no pusiéramos en peligro a los desprotegidos. Estamos de acuerdo con cualquier medida que baje los niveles de violencia”, dijo.

Para el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Napoleón Guerrero, la medida debe ser analizada con detenimiento. “Hay que analizarlo un poco más, todos los ángulos, porque es peligroso desarmar a quien las tiene legales; los que las tienen ilegales no las van a entregar voluntariamente”, dijo el empresario.

En marcha
Parte de la discusión debe pasar necesariamente por el procedimiento que utilicen las autoridades para efectuar el desarme.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, ha explicado que lo que se ha hecho en municipios como San Martín y Santa Tecla es triplicar la cantidad de policías que se dedican al registro de personas.

Esta propuesta pasa únicamente por hacer cumplir las leyes existentes, pero para ello el director de la PNC ha insistido en la necesidad de apoyar con más recursos a la corporación policial.

El presidente Saca afirmó ayer que desarrollarán medidas de corto plazo que aporte la Comisión Nacional de Seguridad. Entre ellas se encontraría la fiscalización de la portación de armas en los municipios más violentos.

“Estoy en la mejor disposición de escuchar las sugerencias que sean lógicas, que vayan de acuerdo con la ley, y que las podamos implementar con la Policía”, dijo el gobernante.

Saca manifestó estar consciente de la necesidad de apoyar económicamente a la Policía y para ello explicó que se tienen algunas opciones. “Una de las ideas es hacer un préstamo, para entrarle rápido a este tema, y que tengamos desembolsos y podamos comprarle equipo, mejorar la inteligencia, mejorar a los fiscales, comprarles equipo, hacer lo que tenemos que hacer, esa es una solución”, consideró.

Políticos han sugerido otras opciones como el cobro de un impuesto a los usuarios telefónicos.

Portación de armas en vehículos es permitida

Hampa. Según la Policia, la mayoría de crímenes se comete con armas ilegales. Foto EDH

La ley sí permite la portación de armas dentro de los vehículos automotores, siempre y cuando no se utilicen para actos ilícitos.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ulices del Dios Guzmán explicó que las personas pueden llevar el arma en su vehículo, pero no pueden introducirla en los sitios públicos y otros que la ley ya prescribe.

Al plantearle que algunos piensan que la restricción a la portación de armas en lugares públicos implica que tampoco se pueden llevar en el vehículo, explica que “entonces no se podrían portar armas en ningún lugar. Esto se debe entender en un sentido racional, porque el desplazamiento del ser humano es a través de las calles.

“El precepto se refiere a sitios públicos, no a lugares de desplazamiento. Cuando se llega a lugares públicos no puede llevar el arma, sino dejarla en el vehículo o entregarla a las personas encargadas de tenerla en depósito”, abundó.

Si se aplica este concepto en la propuesta de desarme que sugiere la Comisión Nacional de Seguridad, se controlaría que los civiles no porten armas en sitios como cines, iglesias, parques, estadios y otros lugares abiertos, pero sí sería posible que los ciudadanos que tengan sus armas registradas las dejen en consignación a la entrada de los lugares, guardadas en sus vehículos o al interior de sus viviendas.

Un desarme general implicaría que todos los ciudadanos que tienen sus armas registradas las entreguen, pero quienes las poseen de manera ilegal quedarían con ventaja, de acuerdo a las palabras del magistrado Guzmán.

“Hay que recordar que los hechos delictivos se cometen en su mayoría con armas ilegales que con las que tienen permiso”, dijo.

Todo ello tiene que ver con el mecanismo que las autoridades crean conveniente para hacer cumplir la Ley de Armas.

En lo que sí coincide la mayoría de sectores es en la necesidad de que la Policía pueda llevar un registro más efectivo de los pertrechos bélicos que puedan tener los hampones.

A esto se suma la petición de la policía de elevar las penas para quienes posean armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

Esto porque en muchos operativos la Policía ha encontrado armas largas en manos de los delincuentes, con lo que dejan en desventaja tanto a los ciudadanos como a las mismas fuerzas del orden.

Otro apartado especial merece el uso de las armas “hechizas” que pueden causar igual daño que un arma de fabricación tradicional.

Hay quienes opinan, como el presidente de la ASI, Napoleón Guerrero, que además se debe entrar al análisis de la venta de armas, pues considera un contrasentido que por un lado se prohíba la portación de armas pero que por el otro se deje la puerta abierta para la adquisición de los artefactos. Otros piden el control de las armas en manos de los menores de edad.