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| En urbanización Santa Elena. Nora Emely Parada de Silva y su madre, Carmen Ortiz, a su llegada a la colonia.
Foto EDH |
El Diario de Hoy
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La esposa y la suegra del diputado Roberto Silva, acusado de negociaciones ilícitas y lavado de dinero con varias municipalidades, quedaron ayer en arresto domiciliar, lo cual generó el descontento de la Policía porque tendrá que destinar 15 agentes para cuidarlas a ellas y a otro imputado en el caso.
El Ministerio de Gobernación mostró su descontento ante la resolución de la Cámara Tercero de lo Penal, que cambió la detención provisional por la domiciliar para los familiares y socio del diputado.
Astor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, expresó su inconformidad, ya que sostuvo que las tres personas procesadas por lavado de dinero no tienen ninguna diferencia a otros detenidos dentro del sistema judicial.
“Esta resolución es una bofetada a la moralidad del país. Lo mínimo era de detención provisional para estas tres personas”, dijo el funcionario.
Además manifestó que las consideraciones que tomaron en cuenta los jueces Elsy Dueñas Lovo de Avilés y Rafael Eduardo Viaud González, quienes argumentaron que las imputadas son madres de familia y empresarias, no son válidas y persiste el peligro de fuga.
“Cuántas mujeres madres de familia están en Cárcel de Mujeres. ¡Hay muchas!, no existe ninguna diferencia con ellas”, dijo Escalante.
Además señalaron que este tipo de medidas ocasiona un despilfarro para el Estado, ya que la custodia dependerá de la Policía Nacional Civil.
Gasto millonario
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| Apoyo. El diputado Elizardo Lovo acompaña a Silva. Foto EDH |
Rodrigo Ávila, director de la PNC, manifestó que la medida significa “un desgaste para la institución”, al tener que designar a 15 hombres.
“Nosotros estamos autorizando agentes que pudiesen estar en las calles, dando seguridad, patrullajes, lo que más necesitamos es brindar seguridad a la ciudadanía”, acotó Ávila.
Según el jefe policial, la corporación gastará alrededor de 20 mil dólares mensuales por los agentes que serán destinados a la custodia de la esposa, suegra y socio del diputado.
“Estamos hablando de unos 15 agentes, serán unos 8 en Usulután, igual número para San Salvador, se tiene que hacer turnos”, declaró el funcionario.
Ávila no descartó que un arresto domiciliar facilita que los imputados puedan escapar del país.
“No sólo es cuidar la casa es cuidar todo el vecindario, es hacer una custodia de todo el sector, lo que implica una fuerza policial grande”, aseguró el jefe policial.
Este temor fue respaldado por Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía.
“Cuando la cámara dice que tienen arraigo domiciliar no considero que sea argumento valedero. Si aplicamos el principio de igualdad, le da el derecho a cualquier persona para que pueda merecer tal beneficio, declaró Monroy.
Para el fiscal jefe los jueces no fundamentaron de manera adecuada la resolución, basada en el principio de que la cárcel debe ser la excepción y no la regla. Así mismo dijo que les pidió, en vano, que revocaran el fallo.
Las imputadas fueron trasladadas a sus casas ayer por la tarde.

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