Escándalo golpea la reputacíon de Uribe

Colombia. Desde congresistas hasta alcaldes de municipios habrían colaborado con los paramilitares, a cambio del apoyo de éstos.

Publicada 24 de noviembre de 2006, El Diario de Hoy

“Paras”. Sicarios uniformados que masacraron civiles, traficaron droga y robaron fondos gubernamentales.

Temiendo represalias, habitantes del estado sureño de Sucre apenas susurraban acerca de oscuras alianzas entre políticos colombianos y grupos paramilitares ilegales.

A cambio del apoyo por parte de las milicias ilegales, dijeron, todo mundo, desde integrantes del Congreso hasta alcaldes de municipios, colaboraron con los paramilitares: sicarios uniformados que masacraron civiles, traficaron cocaína y robaron fondos gubernamentales.

Ahora que más de 30,000 de los milicianos fueron desarmados bajo una iniciativa de paz, están saliendo a la luz relatos de algunos ex combatientes y sus víctimas, así como documentos que los incriminan.

Debido a eso, la Suprema Corte de Colombia ha dado el paso sin precedente de emitir órdenes de aprehensión para tres integrantes del Congreso nacional de Sucre, alegando que ellos ayudaron a financiar, organizar y armar a las milicias.

El escándalo, que avanza a grandes pasos y también alcanzó a un ex gobernador, a una ex congresal y al ex jefe del equivalente del FBI de este país, ha sacudido a Colombia y golpeado la reputación del Presidente Álvaro Uribe.

Los legisladores acusados no solamente pertenecen a partidos políticos a favor de Uribe, sino que contribuyeron a reunir los votos para la contundente victoria del mandatario, en mayo. El escándalo en Sucre pudiera ser apenas la punta de la pirámide, debido a que se cree que políticos a lo largo de todo el país han trabajado con los paramilitares.

“Vamos a revelar quién participó, recaudó dinero y estuvo involucrado”, aseguró Rodrigo Tovar, comandante paramilitar que está encarcelado, a mediados de esta semana. Aproximadamente 58 comandantes han sido encerrados.

Acusaciones

Los legisladores a los que la Suprema Corte apuntó con cargos incluyen al senador Alvaro García, veterano jefe político en Sucre que fue acusado de ayudar en la planeación de la matanza de 15 personas a manos de paramilitares en el remoto caserío de Macayepo, en 2000.

El diputado Erik Morris enfrenta acusaciones relacionadas con haber organizado y financiado a las milicias, al tiempo que el senador Jairo Merlano presuntamente formó parte de la unidad principal de paramilitares en Sucre, la cual era encabezada por un sanguinario comandante, conocido como Chaín.

En tanto Muriel Benito Rebollo, ex integrante del Congreso de Sucre, se entregó a la policía para afrontar cargos por cooperar con los paramilitares.

Las autoridades han detenido a cuatro legisladores, al tiempo que el gobierno ordenó el regreso de su embajador en Chile, Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, quien está bajo investigación por alegatos en el sentido de que trabajó con los “paras”.

“Por largo tiempo, todos sabían que ellos (los políticos) estaban involucrados”, aseguró Juan David Díaz, médico en Sincelejo, la capital de Sucre. “Pero a la gente le daba miedo hablar”.

Una de las pocas personas en Sucre que habló en público fue el padre de Díaz, Tito. Alcalde de un pequeño poblado, Tito Díaz se puso de pie en dos reuniones con Uribe en 2003, para luego alegar que paramilitares lo estaban presionando para que entregara una parte del presupuesto municipal. Aseguró que docenas de políticos de Sucre, incluidos los integrantes del Congreso que actualmente enfrentan acusaciones, estaban colaborando con las milicias.

Cuatro meses después, Tito Díaz fue secuestrado y asesinado por las milicias. “Mi padre reveló todo esto hace tres años”, comentó Díaz, “pero el gobierno siguió mostrando indiferencia”.